Reforma constitucional en Nicaragua: ONU advierte que es una "sentencia de muerte al Estado de Derecho"

La reciente reforma constitucional en Nicaragua generó una fuerte condena por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que la calificó como una "sentencia de muerte al Estado de Derecho". La ONU expresó su profunda preocupación por las implicaciones de esta modificación en la estructura del poder en el país. Impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la reforma introduce cambios significativos en la Carta Magna.

También genera inquietud en sectores de la oposición y en la comunidad internacional, quienes consideran que el país avanza hacia un régimen de partido único con un poder centralizado de manera absoluta. Diversos gobiernos y organismos han manifestado su rechazo, señalando que esta medida representa una amenaza directa a los derechos fundamentales de los ciudadanos y al orden democrático. A pesar de la condena internacional, el gobierno de Nicaragua defiende la reforma como un mecanismo para garantizar la estabilidad y el desarrollo del país.

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¿Por qué la ONU condena la reforma constitucional en Nicaragua?

La reciente reforma constitucional en Nicaragua fue presentada como un paso decisivo en la reorganización del sistema político del país bajo el liderazgo de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Desde el oficialismo, se argumenta que estos cambios fortalecen la estabilidad y garantizan un marco legal más acorde con las necesidades del Estado.

Sin embargo, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU señala que estas modificaciones representan un punto de inflexión en la estructura institucional, generando un nuevo equilibrio de poder. Este proceso legislativo redefine la relación entre los distintos órganos del Estado, estableciendo nuevas directrices que transforman la dinámica política y legal del país.

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¿En qué consiste la reforma constitucional impulsada por Ortega y Murillo?

Las principales modificaciones introducidas en la Carta Magna incluyen:

• Creación de la figura de copresidente y copresidenta: esto garantiza la sucesión automática de Rosario Murillo en caso de ausencia de Daniel Ortega, asegurando la continuidad del régimen familiar.
• Ampliación del período presidencial de 5 a 6 años: esto le da al oficialismo un margen mayor para consolidar su poder sin necesidad de someterse a elecciones en plazos más cortos.
• Control total sobre el Estado: el Ejecutivo ahora tiene la facultad de coordinar y dirigir los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, eliminando cualquier independencia de estos poderes.
• Nombramiento de magistrados judiciales y electorales: Ortega podrá elegir a los jueces y magistrados que garanticen el sometimiento del poder judicial a su voluntad.
• Autoridad sobre el Ejército y la Policía Nacional: se otorga el poder supremo sobre las fuerzas de seguridad del país, eliminando cualquier posibilidad de autonomía institucional.
• Poder para suspender derechos fundamentales: el Ejecutivo podrá suspender derechos constitucionales sin necesidad de justificación.

Estas reformas consolidan el autoritarismo legalizado, anulando cualquier mecanismo de fiscalización independiente.

¿Cuáles son las consecuencias de la reforma constitucional en Nicaragua?

Las reformas fueron interpretadas como una formalización del autoritarismo, con graves implicaciones para los derechos humanos. Se prevé un aumento en la persecución de opositores, incluyendo líderes políticos, periodistas y activistas críticos del régimen. Además, el cierre del espacio cívico continuará, con la clausura de ONG, medios independientes y asociaciones civiles, obligándolos al exilio o la disolución.

El control absoluto del Ejecutivo sobre la Policía y el Ejército acentúa la militarización del país, facilitando la represión de manifestaciones y protestas. Asimismo, las libertades fundamentales, como la libertad de expresión, el derecho a la movilización y la celebración de elecciones libres, se verán severamente restringidas.

¿Cómo reaccionó la comunidad internacional?

Ante estos cambios, la comunidad internacional expresó su preocupación y rechazo. La ONU y diversos organismos de derechos humanos advirtieron que estas reformas podrían profundizar el aislamiento de Nicaragua y agravar la crisis humanitaria. La Unión Europea y Estados Unidos condenaron las modificaciones constitucionales y evalúan la posibilidad de endurecer las sanciones contra el régimen.

En América Latina, las reacciones fueron divididas. Mientras que gobiernos aliados como Venezuela y Cuba respaldan la medida, otras naciones manifestaron su rechazo. Se espera que la presión internacional aumente en los próximos meses, aunque hasta el momento el régimen de Ortega rechazó cualquier advertencia externa.