OEA solicita al Estado peruano convocar pronto a elecciones

Este lunes 30 de enero, la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió al Gobierno peruano que convoque a elecciones generales prontamente y señaló su preocupación por el uso excesivo de la fuerza durante las protestas en contra de la presidenta Dina Boluarte.

Por medio de una resolución adoptada por todos los países miembros de la OEA (con excepción de El Salvador), el Consejo Permanente del organismo pidió a Perú "la pronta realización de elecciones justas, libres y transparentes".

El documento fue presentado ante el Pleno del organismo por Colombia, con apoyo de Haití, Honduras, y Antigua y Barbuda.

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Los países de la OEA también señalaron su preocupación por el uso excesivo de la fuerza en respuesta a las protestas en el país.

El documento pide que se adopten "medidas efectivas" para la rendición de cuentas sobre los "actos de violencia" ocurridos en Perú. A su vez, solicita al Gobierno peruano que se respete el debido proceso para las personas que han sido arrestadas durante las manifestaciones.

La canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, viajará este lunes a Washington para reunirse con "altas autoridades" del Gobierno de EE. UU. y con legisladores del Congreso estadounidense.

La Fiscalía de Perú anunció el sábado que estaba investigando la muerte de un manifestante en Lima como presunto homicidio en el contexto de "violación de los derechos humanos" durante las protestas.

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Este deceso eleva a 65 el número de fallecidos desde que, en diciembre pasado, comenzaron las protestas que exigen la renuncia de la presidenta, el cierre del Congreso, elecciones generales anticipadas y la convocatoria a una asamblea constituyente.

Boluarte asumió el poder en Perú el último 7 de diciembre tras el intento fallido de golpe de Estado de Pedro Castillo.

Las manifestaciones de rechazo a la mandataria empezaron en el sur del país tras asumir el cargo y se fueron extendiendo a casi todo el territorio después de que se produjeron las primeras muertes por la represión policial