Amnistía Internacional exige a España no vender armas a Perú tras masivas protestas en Lima
La organización declaró en un comunicado que la medida sería efectiva hasta que “los responsables de violaciones de derechos humanos cometidos por el Ejército y la Policía peruanos sean procesados”.
Este viernes 20, la Amnistía Internacional (AI) exigió al Gobierno de España la suspensión “de forma inmediata” de la venta de armas ligeras y material antidisturbios a Perú tras las masivas protestas en Lima, parte de la crisis política que inició el pasado 7 de diciembre, tras la destitución y detención de Pedro Castillo y la asunción al poder de Dina Boluarte, que dejó más de 40 fallecidos.
Como parte de su comunicado, advirtió que existe un alto riesgo de que tanto las fuerzas armadas como la Policía peruana usen el material antidisturbios, armas pequeñas y ligeras y munición para cometer “graves violaciones de los derechos humanos”. Por ello, es mejor la suspensión de autorizaciones y envíos de España, principal suministrador de armas a Perú en la Unión Europea.
AI cifra en 184 millones de euros las autorizaciones de licencias de armas a Perú entre 2017 y junio de 2022, de los que alrededor de 40 millones eran de material antidisturbios. Con respecto a las exportaciones, destaca las ventas de 4,7 millones de euros en armas ligeras, munición por valor de 2,4 millones y cerca de 1 millón en material antidisturbios.
A través de una carta, se ha solicitado aplicar esa medida a la secretaria de Estado de Comercio en España, Xiana Margarida Méndez, que preside además la entidad estatal que regula la venta de armas. Asimismo, se pide revocar las autorizaciones de material letal y antidisturbios no ejecutadas, de acuerdo con el tratado internacional sobre Comercio de Armas que obliga a no autorizar exportaciones cuando existe un riesgo sustancial de uso para cometer o facilitar violaciones graves de derechos humanos.
Finalmente, AI pronunció que la medida sería efectiva hasta que “los responsables de violaciones de derechos humanos cometidos por el Ejército y la Policía peruanos sean procesados y las fuerzas de seguridad reciban una formación que les permita usar este material según las normas internacionales sobre el uso de la fuerza”.