Chile: Cámara de Diputados aprueba el proyecto de ley del matrimonio igualitario

La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó con modificaciones el proyecto de ley del matrimonio igualitario en el país sureño. El cual regula, en igualdad de condiciones, tal trámite entre parejas del mismo sexo. Con 101 votos a favor, 30 en contra y dos abstenciones, pasó este nuevo texto al Senado para su tercer y último trámite en medio del agitado momento electoral que se vive en tierras chilenas.

¿En qué consiste el proyecto del matrimonio igualitario en Chile?

Este proyecto busca que las parejas del mismo sexo tengan un acceso igualitario al estatuto del matrimonio civil con el objetivo de terminar con la discriminación hacia familias que están conformadas por parejas homosexuales. Asimismo, reemplaza a los términos de padre y madre por el concepto progenitores y las palabras marido y mujer por el de cónyuges.

También permite el acceso a relaciones filiales para parejas del mismo sexo con adopción y a la posibilidad de recurrir a técnicas de reproducción humana asistida. Y, por otro lado, establece los regímenes patrimoniales aplicables a relaciones económicas de cónyuges del mismo sexo. También, la separación total de bienes como régimen supletorio y la participación en la sociedad de gananciales conforme a reglas generales.

Una larga lucha

El proyecto del matrimonio igualitario en Chile se ingresó en el año 2017 durante el Gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, el proceso se agilizó tras la urgencia que determinó el actual mandato del Sebastián Piñera, quien mostró su apoyo a la medida: “Pienso que ha llegado el tiempo de garantizar esa libertad y esa dignidad a todas las personas, el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país”, añadió en su momento el todavía presidente chileno.

La propuesta llegó a la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados tras discutirse en las Comisiones de Constitución y Hacienda, las mismas que aprobaron el presupuesto del proyecto de matrimonio igualitario en Chile que consiste en US$ 334,8 millones por costos del sistema informático del registro civil, y de US$ 94 millones anuales por prestaciones sociales y previsionales.