Dos convictos se enteran unas horas antes que iban a ser ejecutados en Japón

Dos condenados a muerte en Japón han demandado al Estado por su práctica de notificar las ejecuciones horas antes de su consumación, una praxis “ilegal” e “inhumana” que, dicen, vulnera sus oportunidades de ver a sus abogados y apelar.

Los convictos, cuya identidad no ha sido revelada, presentaron la demanda ante el Tribunal de Distrito de Osaka (oeste) el jueves 4 de noviembre y en ella reclaman que las autoridades notifiquen con tiempo la fecha de ejecución y piden una indemnización de 22 millones de yenes (168.000 euros) por daños, informó este viernes el diario Asahi.

Según la denuncia, a la que tuvo acceso dicho medio, la notificación de la ejecución horas antes no está estipulada por la ley y no da tiempo suficiente a los convictos para hablar con sus representantes legales o apelar, lo que viola su derecho a un proceso adecuado recogido en el artículo 31 de la Constitución japonesa.

“El aviso previo es importante para proteger la dignidad humana”, dijo en declaraciones recogidas por Asahi el abogado que representan a los condenados, Yutaka Ueda, que considera que un aviso con tan poco tiempo es “extremadamente inhumano”.

Notificar la ejecución el mismo día “perjudica significativamente la estabilidad emocional del condenado”, añadió.

Las autoridades japonesas alegan que esta práctica se lleva a cabo precisamente para garantizar la estabilidad emocional de los reos, un argumento rebatido durante largo tiempo por grupos de derechos humanos, que también han protestado por el procedimiento.

Japón ejecuta la pena capital en la horca. El país asiático anunciaba con más tiempo las ejecuciones hasta alrededor de 1975, según la cadena pública NHK, pero ese año un condenado cuya ejecución le fue notificada previamente se quitó la vida, lo que habría desencadenado un cambio en esta práctica.

Más de cien reos esperan en el corredor de la muerte nipón a que se ejecute su sentencia. Cuando el país llevó a cabo su ejecución más reciente, en diciembre de 2019, la cifra ascendía a 112, un número que podría haber disminuido en el caso de que alguno de los condenados haya fallecido, información que no es de dominio público.