“Cero inmigración irregular” y deportaciones en debate presidencial en Chile

El favorito para ganar la elección presidencial en Chile prometió “llevar a cero la inmigración irregular” y otros candidatos propusieron mantener las deportaciones de indocumentados, durante un debate este lunes, en medio de un aumento del flujo migratorio en la frontera con Perú y Bolivia.

El joven diputado de izquierda Gabriel Boric, quien lidera las encuestas de cara a las elecciones del 21 de noviembre, propuso “llevar a cero la inmigración irregular” mediante un mayor cuidado de las fronteras y la entrega de visas de trabajo para sectores que necesitan mano de obra como la agricultura, en “una perspectiva de derechos humanos”.

“Son los venezolanos, los colombianos, los haitianos los que están migrando, mañana nos podría tocar a nosotros tal como nos tocó en el pasado”, afirmó Boric, de 35 años, en el debate organizado por las tres cadenas de televisión más importantes del país.

Chile enfrenta una crisis migratoria en la frontera con Perú y Bolivia donde miles de migrantes cruzan por pasos clandestinos en busca de una mejor vida en el país austral.

Al menos 15 personas han muerto este año intentando cruzar a pie para llegar hasta Chile.

Por su parte, el candidato de extrema derecha José Antonio Kast, quien sorpresivamente se posicionó en el segundo lugar de las preferencias, propuso seguir con las deportaciones de migrantes que ha realizado el Gobierno del presidente saliente Sebastián Piñera.

El candidato oficialista Sebastián Sichel y la senadora democratacristiana Yasna Provoste, quienes pugnan por el tercer lugar en las encuestas, coincidieron con esta medida.

“Vamos a iniciar un proceso de regularización, pero también de deportación que cumpla con los estándares que tienen nuestra ley y estándares internacionales”, dijo Provoste.

“Hay que aumentar el control y las expulsiones legitimas de aquellos que entraron de manera ilegal”, aseveró, por su parte, Sichel.

Entre febrero y agosto de este año, fueron deportados 547 migrantes en vuelos organizados por el Gobierno, y otros 1.365 en 2020, en medio de críticas de la ONU y de organismos de ayuda al migrante.