España redefine el consentimiento sexual con la nueva ley del “solo sí es sí”
“El silencio o la pasividad no significan consentimiento, no mostrar oposición no puede ser excusa”, dijo María Jesús Montero, portavoz del Gobierno. El proyecto también penaliza el acoso callejero.
El Gobierno de España aprobó este martes 6 de julio el Proyecto de Ley de Garantías de la Libertad Sexual, con el cual establece que cualquier intercambio donde no se haya expresado consentimiento de forma explícita será considerado una violación, lo que los colectivos feministas definen como el “solo sí es sí”.
“Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”, establece la norma.
Según explicó en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, la ley “pone el foco de consentimiento de la mujer como aspecto fundamental sobre el que se configuran los delitos contra la libertad sexual”.
“De esta manera, España da cumplimiento al Convenio de Estambul sobre la máxima del solo sí es sí dejando claro que el silencio o la pasividad no significan consentimiento, o que no mostrar oposición no puede ser excusa para actuar contra la voluntad de la víctima”, añadió.
A nivel técnico, la ley fija también que cualquier relación no consentida será considerada como una violación mediante la tipo penal de agresión sexual. Para ello, se elimina del Código Penal la categoría de abusos sexuales.
Así, se evitarán polémicas como la surgida tras la violación grupal a una joven de 18 años en Pamplona en 2016, el conocido como caso de La Manada, que encierra el germen de la nueva norma.
En un primer término, la Audiencia de Navarra condenó a los cinco agresores a nueve años de prisión por delitos de abusos sexuales, mientras descartaba calificar los hechos como una agresión —es decir, una violación— al entender que la víctima no fue sometida con violencia.
Tras meses de movilizaciones de los movimientos feministas, el Tribunal Supremo revisó el caso y aumentó las penas a 15 años de prisión reconociendo que hubo “fuerza intimidatoria suficiente” para considerar el suceso como una violación.
“A partir de ahora, toda conducta sexual realizada sin consentimiento será considerada agresión sexual. El delito de violación, por tanto, ya no solo se reservará a los casos donde concurra violencia o intimidación”, explicó María Jesús Montero.
Más allá del consentimiento, la nueva ley también aborda otros asuntos, y se califica como violencia sexual el acoso, el exhibicionismo, el acecho callejero, la provocación sexual, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, la extorsión sexual o la pornografía no consentida.
Además, la ley establece mecanismos para asegurar la protección a las víctimas de trata o explotación sexual “con independencia de su situación administrativa o nacionalidad”.
“Esta ley supone un avance decidido en la protección integral de las mujeres, en su derecho a la libertad sexual, y en la erradicación de la violencia sexual. Es una ley que nos hace mejores como sociedad”, resumió la portavoz del Gobierno.
