Jeanine Áñez enfrenta pedido de prisión y un “futuro negro”

La Fiscalía de Bolivia pidió para la expresidenta interina Jeanine Áñez 6 meses de prisión preventiva por considerarla responsable del presunto golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales en noviembre del 2019, luego de que se le acusara al exmandatario de haber cometido fraude en las elecciones presidenciales de ese año.

La situación judicial de Áñez ha dividido a la nación y provocado la preocupación de la comunidad internacional, que pide un juicio “transparente” contra la política y en el que se respete el debido proceso.

Para el exsenador y analista político boliviano, Roberto Ruiz, la detención de la expresidenta Áñez ha atomizado la opinión pública del país. “Por un lado están las clases populares que sufrieron la represión del gobierno interino y por otro lado el descontento de una clase media que amenaza con salir a las calles a protestar. Eso crea un desconcierto sobre lo que puede pasar esta semana”, dice en conversación con La República.

“Esos mismos sectores populares, representados entre los campesinos que se vieron afectados con la mala gestión de la expresidenta y sus atropellos a las comunidades, ven en este pedido de prisión una acción de justicia”, sostiene Ruiz. Sin embargo, “esta clase media, que fue derrotada en las últimas elecciones, está queriendo activar esa resistencia porque siente esta medida como un acto de provocación y la califica como una violación a los derechos humanos”, menciona.

Difícil proceso

Jeanine Áñez fue detenida el sábado en la ciudad de Trinidad. Junto con ella, sus exministros de Justicia, Álvaro Coímbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, también fueron denunciados por sedición y terrorismo.

Tres fiscales firmaron la imputación para la aplicación “de medidas cautelares consistente en la detención preventiva [...] por el tiempo de seis meses” en cárceles de La Paz, dice el documento divulgado este domingo en las redes y diferentes medios de comunicación.

“La señora Áñez, si es que se hace un juicio con el debido proceso y los fiscales actúan de acuerdo a derecho, tiene un futuro negro, porque ella ha sido una ficha clave en el desarrollo del golpe regresivo que la llevó al poder. No fue quien lo maquinó, pero sí quien dio la cara”, dice el analista Roberto Ruiz desde la localidad de Tarija, al sur de Bolivia.

Reacciones

António Guterres, secretario general de la ONU, consideró que es importante que en esta investigación se respeten “las garantías al debido proceso y haya una transparencia total en todos los procedimientos” que se siguen contra los exfuncionarios del gobierno interino. Así lo dijo a través de un comunicado su portavoz.

Este también recordó “importantes pasos tomados por todas las partes en Bolivia de cara a la consolidación de la paz” y reiteró el compromiso de Naciones Unidas para seguir apoyando esos esfuerzos.

Por su parte, el alto representante de la UE, Josep Borrell, dijo en Twitter que “las acusaciones por los hechos del 2019 deben resolverse en el marco de una justicia transparente y sin presiones políticas”. Además, con el criterio de que se respete la independencia de poderes, pidió “diálogo y reconciliación”.

Sin embargo, la influyente Conferencia Episcopal de Bolivia exigió “la inmediata liberación de los detenidos”, ya que no pueden mantenerse pasivos “mientras se persigue a los ciudadanos que han servido al país, con sus limitaciones, en difíciles momentos de la historia”.

Oposición rechaza detención y llama a manifestaciones

La detención contra Áñez fue rechazada en bloque por la oposición de su país.

Los principales partidos opositores, conservadores de derecha, niegan que haya habido un golpe de Estado en Bolivia cuando la integrante de la Mesa Directiva del Congreso asumió la presidencia.

La oposición, sorprendida, indicó que como expresidenta Áñez debe ser juzgada por el Parlamento y no por los tribunales ordinarios, pero el ministro de Justicia negó toda posibilidad de un juicio de privilegio como exmandataria.

Mientras, algunos dirigentes y agrupaciones de la sociedad civil convocaron desde el lunes a protestas contra estas detenciones, calificadas como una “persecución política” contra aquellos que “defendieron la democracia y la libertad en 2019”, dijo el exmandatario Carlos Mesa (2003-2005) en Twitter.

Percepción social y política

Yurit F. Torres, periodista boliviano

Para hacer enjuiciar a un expresidente en Bolivia se necesita iniciar un proceso llamado juicio de responsabilidades, y para ello se debe contar con los dos tercios de voto del Parlamento. En este caso el proceso judicial contra Jeanine Áñez no es por su condición de presidenta, sino desde semanas antes de que asuma el mandato.

A ella se le acusa como parte de un proceso de golpe de Estado, cuando ejercía como senadora y que fue parte de la trama golpista que promovió la renuncia del expresidente Evo Morales. Eso es fundamental para tratar de entender esta situación política.

Hoy el discurso de movilización no tiene la misma fuerza que en 2019 debido a que no hay, como en aquel entonces, una acusación de fraude. El gobierno de Luis Arce tiene que responder a los sectores que votaron por él, entre ellos están los campesinos que fueron reprimidos por el gobierno de la expresidenta interina Jeanine Áñez.