Tensión en la frontera entre Perú y Ecuador: “Ningún migrante es ilegal”

América Latina ha vivido múltiples fenómenos en su historia, pero ninguno como el de la migración venezolana. La severa crisis durante la era chavista obligó a millones de personas a dejar sus hogares y optaron por las naciones más cercanas.

Perú y Ecuador son algunos de los países que más han recibido personas migrantes y refugiadas. Por la pandemia se impuso el cierre de fronteras, pero el flujo migratorio no se detuvo, no al 100%, y ahora en la zona fronteriza entre ambos se vive una situación tensa.

El martes 26 de enero, Perú inició la movilización de medio centenar de unidades motorizadas del Ejército para controlar el ingreso de inmigrantes indocumentados, mayormente de nacionalidad venezolana.

Dos días después fue el turno de Ecuador, que, tras mantener contacto con autoridades peruanas, decidió desplegar un mayor número de uniformados. El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, aclaró que la migración “no es una amenaza”, pero sí “una situación de riesgo”.

“No solamente han disparado al aire para disuadir que la población avance, que es una situación de Perú. Eso demuestra que es una situación de riesgo y que puede pasar a ser un conflicto, no solamente para la población; puede ser entre las fuerzas militares”, advirtió Jarrín.

La posición de Perú

Naciones Unidas estima que en Perú hay más de un millón de personas provenientes de Venezuela. El Estado tiene la potestad de regular el ingreso y la seguridad en las zonas fronterizas, puntualizó el director de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa (Canadá), Salvador Herencia-Carrasco.

“Pero es cuestionable mandar las Fuerzas Armadas para prohibir el ingreso o frenar el ingreso de personas venezolanas argumentando seguridad nacional y la pandemia. La prohibición total y absoluta va en contra de nuestras obligaciones internacionales”, subrayó.

Entrevistado por La República, reconoció que “el Estado se ha visto desbordado” por el alto número de personas migrantes y refugiadas. “El Estado no ha podido adaptar su funcionamiento para que esta migración se dé con seguridad, tranquilidad y en cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos”, añadió.

El Ministerio de Defensa peruano ha sido enfático en que sus acciones buscan detener el acceso de “ciudadanos ilegales” por pasos no habilitados o trochas. Un ‘leitmotiv’ insuficiente para Herencia-Carrasco, experto en derecho.

“Ningún migrante es ilegal. Las personas no son ilegales por el hecho de transitar. Puede ser que sus papeles o su documentación sea irregular”, aclaró. “Ilegal implica que son bandidos, delincuentes, criminales, y ningún migrante por el hecho de ser migrante es criminal”, opinó.

Que este debate surja a poco de las elecciones generales “solo aumenta esta discriminación, que es irracional, porque estamos buscando a los responsables de nuestros propios problemas”, agregó.

“Culpar a un grupo nacional como las venezolanas y los venezolanos es una medida irresponsable y que alimenta la xenofobia en nuestro país”, sostuvo Herencia-Carrasco.

Ecuador y su postura

El ministro Jarrín resaltó que lo que hacen las Fuerzas Armadas “es mantener la decisión del cierre de fronteras” mientras tratan de evitar que entren personas por pasos irregulares.

Para el especialista, “cerrar los pasos clandestinos es un fin legítimo, (pero) no es el fin, necesariamente, lo que se está cuestionado, sino los medios utilizados para contener este tipo de situaciones”.

Amnistía Internacional (AI) pidió el miércoles 27 de enero al Perú limitar la acción militar en las fronteras para “evitar una tragedia”, es decir, un día antes de que Ecuador optara por movilizar sus tropas “para que no haya ningún desliz”.

“AI ve con preocupación la militarización de las fronteras, tanto en Perú, en Ecuador o en cualquier otro país. El Ejército no está preparado para el control migratorio, para trabajar con población civil, con población en extrema vulnerabilidad”, sentenció en comunicación con este diario.

Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, señaló que “se necesita un control migratorio por parte de autoridades migratorias”, especialmente ante los cambios registrados recientemente en este movimiento poblacional.

“Estamos viendo muchas menores, embarazadas, personas jóvenes muy vulnerables o aquellas que vienen a reunificarse con los que viven en Perú”, expresó.

Lo que pueden hacer Perú y Ecuador

Migración Colombia anunció la captura de un sujeto que cobraba hasta cinco millones de pesos (alrededor de 1.400 dólares) para transportar a personas de Venezuela, desde la localidad colombiana de Arauca, hacia el Perú.

En opinión de Navarro, hay mecanismos que permiten tener una migración más ordenada. “Lo que necesitan es protección y no estos controles militares”.

“Debería de haberse puesto en frontera ese derecho a la solicitud de refugio. Contrariamente al derecho internacional de los derechos humanos, Perú no está permitiendo ninguna manera de solicitar refugio”, fustigó.

Por otro lado, abogó por más ayuda humanitaria, que tengan disponibles pruebas PCR y “mecanismos de cuarentena en lugares adecuados para no poner en peligro la situación sanitaria del Perú”.

En general, Navarro opta por “una manera de entrar mucho más ordenada para aquellas personas que realmente lo necesitan”. Destacó que “están huyendo de una situación mucho peor y además no tienen adónde ir”.

Herencia-Carrasco reconoce que Perú y Ecuador han hecho grandes esfuerzos para atender la migración venezolana, pero asegura que todavía falta mucho para atajar correctamente este fenómeno.

“Esta prohibición o esta medida de fuerza no va en la línea de un proceso de migración ordenada, segura y de pleno respeto a los derechos humanos”, recalcó el antiguo asesor jurídico principal del Tribunal Constitucional del Perú.