Senadores chilenos presentan proyecto de indulto para detenidos en protestas

Senadores de oposición al Gobierno de Chile presentaron este 9 de diciembre un proyecto de ley para conceder indultos a todas las personas detenidas durante la grave ola de protestas iniciadas en octubre del año pasado, con excepción de aquellas acusadas por delito terrorista.

Firmado por las senadoras Isabel Allende, Yasna Provoste y Adriana Muñoz, además de Juan Ignacio Latorre y Alejandro Navarro, el documento busca eximir de responsabilidad penal y remitir la pena de quienes hayan sido apresados a partir del 7 de octubre de 2019 hasta la fecha de presentación del proyecto, en el marco de protestas, concentraciones y manifestaciones.

La iniciativa parlamentaria reconoce que los actos por los cuales se ha detenido a un gran número de personas son punibles en la legislación chilena. “Se ha vivido un proceso distorsionado” en estos casos debido a “una respuesta estatal desproporcionada seguida de detenciones masivas y la apertura de múltiples procesos penales”.

El documento señala “abusos y vulneraciones a las garantías procesales de las personas imputadas, lo que ha significado la privación preventiva de la libertad en plazos injustificados que no tomarían lugar en circunstancias de la normalidad”.

Apoyado también por un grupo de parlamentarios, el proyecto resalta las reiteradas denuncias de parte de organismos internacionales y nacionales que dan cuenta de abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía chilena.

La senadora Adriana Muñoz, presidenta del Senado y una de las patrocinadoras del documento, indicó que “no es aceptable que hace más de un año” las personas detenidas “no tengan derecho a un debido proceso”.

“No se sabe en qué situación están ni los cargos que se les pueden hacer. Hay un total anonimato y ocultamiento de la realidad de estas personas, jóvenes en su mayoría, que lo único que han hecho es salir a protestar”, agregó, según medios locales.

No es el primer proyecto de indulto general presentado por la oposición política chilena. A finales de octubre, un grupo de diputados presentó una iniciativa de acuerdo entre el Congreso y el Ejecutivo para tramitar indultos y remisión de penas a personas detenidas durante el estallido social.

En esa oportunidad, el Gobierno rechazó la propuesta al argumentar que implicaría “justificar la violencia”. Desde octubre del año pasado, la Fiscalía ha formalizado a un total de 5.084 personas por diversos delitos cometidos en las marchas, de los cuales 648 se encuentran en prisión preventiva y 725 ya fueron condenados.

Cientos de personas se concentran todos los viernes en el centro de la capital para exigir la libertad de los presos y cambios en las medidas cautelares, además de celeridad en los procesos judiciales y más visitas.

En medio de las manifestaciones se han registrado enfrentamientos con la Policía uniformada, que cerca, de manera habitual, la principal arteria de Santiago con vallas papales y disuade las protestas con el uso de carros lanza agua y lanza gases.

Además, hay más de 4.600 causas abiertas contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos, pero sólo 75 agentes han sido imputados.

Organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han mantenido el llamado de alerta por el exceso de fuerza mostrado por Carabineros.