Residencias de ancianos contratarían trabajadores sin título para combatir el COVID-19

La cantidad de fallecimientos de ancianos en residencias por el COVID-19 ha causado gran alarma en España. Es así que el Ministerio de Derechos Sociales llegó a un acuerdo con las comunidades autónomas para ser más flexibles en las exigencias de contratación de trabajadores en residencias, ayuda a domicilio y centro social.

Durante esta semana se han reportado más de cien muertes de ancianos en el país, situación que ha motivado esta nueva medida. Sin embargo, a pesar de que no sea necesaria la titulación, el trabajador deberá contar con experiencia en cuidados y pasar por una formación prácticas en la empresa que lo contrate.

Dado que esta medida es de carácter excepcional, solo tendrá un plazo de tres meses, que empiezan a entrar en vigencia desde este sábado 21 de marzo. No obstante, pueden ser prorrogados de acuerdo a la expansión de la pandemia del coronavirus en el país.

Luis Barriga, director del Imserso, envió un mensaje de tranquilidad y brindó un reconocimiento al trabajo del sector de la dependencia, que alberga a 290 000 colaboradores, según información de CC OO.

El funcionario refirió también que la situación es de “extrema gravedad”, más aún cuando se desconoce la cifra oficial de trabajadores en residencias. Los cálculos abordan que existen unos 180 000.

En cuanto al desabastecimiento de suministros de protección, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, señaló que no tienen una fecha concreta para la repartición de los materiales.

“Estamos preocupados por este tema, al que más atención hemos dedicado [en la reunión con las autonomías]. Se pondrán a disposición de los servicios sociales tan pronto como lleguen a las comunidades”, detalló.

Protocolo contra COVID-19 en centros de mayores

A partir del último jueves, personal sanitario supervisará de manera obligatoria la atención primaria de pacientes con coronavirus de todas las residencias y centros de discapacidad del país.

Esto responde a que las residencias comunicaban a salud pública de las comunidades autónomas sobre los casos y estos eran evaluados vía telefónica tomando en cuenta los síntomas del usuario, según indicó Jesús Cubero, presidente de la Asociación Empresarial de Servicios para la Dependencia.

Luego de esta asistencia, se determinaba si el paciente debía acudir a un hospital o permanecer en el centro. El protocolo que entra en vigencia contempla que la residencia cuente con zonas de aislamiento en diferentes plantas, de ser posible.

Asimismo, la indicación es que el centro establezca cuatro grupos de residentes: los infectados; los que presentes síntomas relacionados al COVID-19; los que no tienen síntomas, pero estuvieron en contacto con personas afectadas; y los que están libre de sospecha.

Lo que recomienda Sanidad es que en cada uno de estos grupos haya trabajadores monitoreando. En caso de que algún residente o más presenten infección aguda, deberán ser puestos en aislamiento. Cada centro deberá también contemplar “medidas extremas de limpieza con desinfectantes”.