11 gobiernos latinoamericanos y Canadá se reunirán en Santiago de Chile, para examinar la situación en Venezuela. ,Tras su primer encuentro en Lima en agosto, en una contundente declaración, el Grupo de Lima- integrado por 11 gobiernos latinoamericanos y Canadá- condenó la embestida al orden democrático y la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela. Además, el grupo manifestó que no reconocerá la Asamblea Constituyente (un invento del gobierno para arrebatarle facultades legislativas al Parlamento de mayoría opositora), y se comprometió a suspender la transferencia de armas a Venezuela y condenó que el gobierno se niegue a aceptar asistencia internacional humanitaria. PUEDES VER Iglesia defiende a curas acusados por Maduro de "delitos de odio" Ese mes, algunos miembros del Grupo de Lima -que integran el bloque comercial Mercosur- suspendieron a Venezuela, alegando una "ruptura del (...) orden constitucional" en dicho país. Sin embargo, salvo Canadá, los miembros del Grupo de Lima no han adoptado sanciones individuales contra funcionarios venezolanos implicados en graves violaciones de derechos humanos. Tales sanciones no tendrían un impacto negativo en la población venezolana, que sufre una brutal escasez de alimentos y medicinas. El último martes, la Unión Europea sancionó a siete altos funcionarios venezolanos con restricciones de ingreso y congelamiento de bienes en Europa. Estados Unidos, desde la época del gobierno de Obama hasta ahora, está aplicando sanciones similares a decenas de funcionarios venezolanos. Dado el grotesco deterioro de la situación en Venezuela, se espera que los representantes del Grupo de Lima se sumen a la imposición de sanciones de visas y congelamiento de bienes a los más altos funcionarios del régimen. Estas sanciones deberían aplicarse a aquellos que, en tareas civiles, militares y judiciales, son responsables por las violaciones de derechos humanos sistemáticas que se cometen en el país. Asimismo, el Grupo de Lima se debería evaluar la contribución que podrían hacer las máximas instancias internacionales de derechos humanos como las descritas en este artículo, para que los responsables sean llevados ante la justicia y así intentar evitar una degradación aún mayor en Venezuela.
