Conflicto en EspañaReferéndum. Pese a las acciones tomadas por el gobierno español y a las movilizaciones en contra, en Madrid y en otras ciudades del país, el jefe del ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, aseguró que la consulta secesionista se realizará de todos modos. Nuevo Estado podría declararse en 48 horas.,El País, BBC, EFE, DW España está en una ebullición permanente. Y el centro de esa calentura monumental está en la región de Cataluña. Ayer, mientras miles de personas se manifestaban en Madrid y en otras ciudades del país en contra del referéndum, por la unidad de España y la "ilegalidad de la consulta" secesionista; otros miles se movilizaban y dormían en colegios de toda Cataluña para garantizar que hoy domingo esos planteles estén abiertos para la votación. Hasta ayer, de los 1.300 colegios que han visto los Mossos d'Esquadra, 163 estaban ocupados. Más allá de las manifestaciones a favor y en contra, las acciones del gobierno español, no se detenían. La Guardia Civil intervino el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat, para suspender el acceso a las aplicaciones informáticas que gestionan las bases de datos que las autoridades de Cataluña pretenden usar en la consulta y evitar el voto telemático. PUEDES VER España: Policía clausura centros de votación designados por Cataluña Esta medida judicial se une a otras adoptadas en días precedentes y que han llevado a la incautación de millones de papeletas de voto, intervención de material electoral y notificaciones a ciudadanos. El presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, criticó lo que denominó el "sitio" del Gobierno español al referéndum y reconoció que "con esta presión puede ser difícil una alta participación". Ante eso, el Gobierno catalán ha convocado a 5,34 millones de personas a votar, dentro de una región cuya población asciende a 7,5 millones. "Un millón sería un éxito desbordante, dijo Sànchez, después de que en una votación popular informal y no vinculante que tuvo lugar en noviembre de 2014 los participantes fueran 2,3 millones. El Ejecutivo español, que preside el conservador Mariano Rajoy, volvió a avisar a los gobernantes secesionistas de Cataluña de que tendrán que responder ante la Justicia por esa consulta, y les atribuyó "desobediencia constitucional". El portavoz del gabinete, Íñigo Méndez de Vigo, insistió en que el referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional, contraviene las leyes españolas y carece de garantías democráticas, además de ser un "caos organizativo" sin censo, ni papeletas, ni urnas, ni centros oficiales de votación, según aseguró. El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, por su parte, llamó a votar y aseguró que los partidarios del referéndum han "vencido los miedos, las amenazas, las mentiras y las intimidaciones" y a un Estado "autoritario" Los Mossos d'Esquadra comenzaron a apersonarse en los edificios públicos designados por las autoridades catalanas como centros de votación. La policía comunicará a las personas que deben dejar los locales antes de las 6.00 horas del 1 de octubre. El Gobierno catalán convocó el referéndum el 6 de septiembre pasado, justo después que el Parlamento regional aprobara la ley que lo regula con el apoyo mayoritario y único de los grupos independentistas. Se trata de Junts pel Sí (JxS, coalición de centroderecha e izquierda republicana que gobierna Cataluña) y los anticapitalistas de la CUP. La pregunta En la consulta, las autoridades catalanas quieren hacer a los ciudadanos una única pregunta: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?". De ganar el 'Sí', el ejecutivo regional asegura que estaría legitimado para que se proclamara la independencia. Desde el primer momento en que se conoció la idea de la Generalitat, el gobierno de Madrid se opuso, pues considera que el referendo vulnera la Constitución, y advirtió de que tomaría medidas legales si seguía su propósito. La tensión política ha provocado una brecha social que estos días se plasmaba en las calles y de momento no hay señales de que la situación vaya a mejorar. En este clima de crispación, es difícil predecir el resultado del referendo, pero una encuesta pública encargada por la Generalitat mostró en junio de este año que el 49% de los catalanes se oponían a la independencia, mientras que un 41% estaban a favor. No obstante, un 48% apoyaba que se celebrara la consulta "tanto si lo quiere como no el gobierno español".
