El Sodalitium Christianae Vitae en Perú no solo se dedica a ganar nuevos adeptos para su organización sino que, a la par del crecimiento de dicha institución religiosa, han desarrollado un emporio económico basado en colegios, universidades, cementerios, empresas agrícolas, inmobiliarias, entre otros., En Perú, tienen siete cementerios: Parque del Recuerdo en Lurín, Camposanto de Puente Piedra, Camposanto de Callao, Cementerio de Ica, Parque del Recuerdo de Arequipa y cementerio de Tacna. PUEDES VER: Sodalicio: José Enrique Escardó entregó a la Fiscalía las pruebas de abusos Entre todos los cementerios del Sodalicio venden al año mas de 35 millones de dólares y obtienen un margen de contribución que asciende a más del 45 por ciento porque no pagan impuesto a la renta ni el impuesto general a las ventas (IGV) porque es una institución católica que se adhiere al Concordato firmado entre Perú y el Estado Vaticano en 1980 (ver recuadro aparte). Además de los ingentes fondos que recaudan al año los cementerios sodálites, se habrían apoderado del “fondo de mantenimiento” de los cementerios del Parque del Recuerdo de Lurín, Jardines de Buen retiro en Puente Piedra, Parque del Recuerdo del Callao y del cementerio de Ica. ¿Qué es el fondo de mantenimiento? Es el fondo que sirve para la conservación de las sepulturas, el cual tiene carácter perpetuo y es aportado por cada uno de los usuarios del cementerio. El fondo, en teoría, es inembargable. Es decir, este dinero no es de libre uso por parte de los promotores del camposanto. En caso de violarse este principio se estaría cometiendo el delito de apropiación ilícita. De acuerdo con algunos documentos obtenidos en esta investigación, el Sodalicio habría usado parte de este fondo para gastos corrientes y proyectos de inversión con la finalidad aparente de expandir sus actividades comerciales. Más de US$ 4 millones Según el material al que hemos tenido acceso, el Sodalicio se habría apropiado de 2 millones 71 mil dólares del cementerio Parque del Recuerdo de Lurín; 1 millón 859 mil dólares del cementerio Jardines del Buen Retiro de Puente Piedra; 453 mil dólares del Parque del Recuerdo del Callao; y 223 mil 908 dólares del cementerio de Ica. En consecuencia, al mes de setiembre del 2013, se habría apropiado de 4 millones 637 mil dólares, que por ley pertenecen a los usuarios y no deberían ser tocados. Por si no quedó claro. El dinero que se emplea a perpetuidad en el cuidado de los nichos y los jardines habría sido tomado por el Sodalicio para ampliar sus inversiones. De acuerdo al capítulo IV de la ley Nº 26298 de Cementerios y Servicios Funerarios, “la cuenta Fondo de Mantenimiento y Conservación tendrá el carácter de inembargable y los intereses que genere serán utilizados para la conservación y el mantenimiento del cementerio una vez este haya dispuesto del 85 por ciento de su capacidad”. Consultado sobre el tema, el director gerente de Cementerios Parque del Recuerdo, Raúl Guinea, nos respondió con un silencio prolongado pese a nuestra insistencia. Los municipios de Carabayllo, Callao y Puente Piedra, que deben fiscalizar estos fondos, están advertidos: no hay dinero para el cuidado de los nichos de decenas de usuarios en los cementerios de la Misión Católica, Parque del Recuerdo, perteneciente al Sodalicio. Solo una inspección de los funcionarios de las mencionadas municipalidades distritales a las arcas de los cementerios mostraría el uso indebido del dinero que perjudicaría a miles de familias que confiaron en una institución de la Iglesia Católica, al llevar a enterrar a sus seres queridos. Pero hay más. Un terreno de 3,58 hectáreas contiguo al Parque del Recuerdo en Lurín, de propiedad del Sodalicio, se usó para sepultar a una persona sin contar con los permisos pertinentes, de acuerdo a la demanda realizada ante la Dirección General de Salud Ambiental, por Víctor Raúl Cáceres Lazo, en noviembre del año pasado. De acuerdo a dicha acusación, “en el área que corresponde a la denuncia ha sido enterrado Jorge Augusto Quispe Peña, bajo el amparo del Contrato 300179787, de fecha 28 de febrero del 2014, en la ubicación Juan Pablo II, Sepultura Familiar 5 niveles, Afectación NI, Titular: Elsa del Carmen Quispe Ruiz”. La denuncia también señala que los funcionarios del cementerio Parque del Recuerdo en Lurín habrían engañado a los supervisores del Ministerio de Salud, ya que “en forma maliciosa y malintencionada han mentido a una autoridad del Estado como es el Ministerio de Salud, ente regulador de las actividades de los cementerios privados”. Además, los directivos del cementerio deben explicar por qué la Asociación Promotora de Apostolado (Aprodea), de propiedad del Sodalicio, compró el terreno donde se sepultó ilegalmente a una persona en 1 millón 150 dólares y luego lo vendió Misión Cementerio Católico Parque del Recuerdo en 250 mil dólares. Esto también quisimos absolverlo con Raúl Guinea, adherente al Sodalicio y director gerente de Cementerios Parque del Recuerdo, y fue imposible. Otras acciones para eludir el 18 por ciento del IGV, las habría realizado la Asociación Civil San Juan Bautista al comprar, en el 2013, el sistema de gestión administrativo denominado Exactus, el cual estaría siendo utilizado actualmente para todas las empresas del Sodalitium. La revisión de los casos nos hace deducir que la estrategia utilizada sería la siguiente: al comprarse a través de la asociación civil, la organización percibiría el crédito fiscal, el mismo que ascendería a 217 mil 152 soles por la compra valorizada en un millón 423 mil soles. Este movimiento financiero ya habría sido regularizado, según señalaron fuentes internas del Sodalicio que pidieron no ser identificadas. Sobre el particular, Raúl Guinea tiene mucho que responder. De acuerdo a los documentos obtenidos, el cementerio Parque del Recuerdo le paga un sueldo a su esposa, Violeta Ordóñez de Guinea, mayor al que él percibe. ¿Cómo se justifica el pago a su cónyuge si no acude a trabajar al Parque del Recuerdo? ¿Por qué los bonos de su sueldo se los entregan como si fueran fondos a rendir? Por último, en todos los cementerios de la cadena sodálite (ver página web) se ofrece “ingreso a planilla desde el primer día”. No obstante, en la práctica dicho ofrecimiento no se cumple, según ha documentado el área encargada del Ministerio de Trabajo más de una vez. En esta misma línea, la Misión Cementerio Católico les hace firmar a los trabajadores encargados de la venta de nichos dos contratos sin exclusividad en dos cementerios de la misma cadena de camposantos. De esta manera, evitarían el pago de un sueldo fijo a sus trabajadores. Por todo lo expuesto, si algo queda en evidencia es que el Sodalicio, a la hora de hacer negocios, sigue su propia máxima: "La caridad empieza por casa". Diario La República Caso Ferrogiaro En las últimas horas, el sodálite Luis Ferrogiaro Dentone ha sido separado del Sodalicio debido a conductas impropias denunciadas ante el Tribunal Eclesiástico en Arequipa. Apenas se le comunicó su separación, Ferrogiaro viajó a Estados Unidos. Además de las dos denuncias que pesan sobre Ferrogiaro, se recuerda que el actor Jason Day lo denunció porque cuando era niño tuvo un comportamiento extraño al llevarlo a su sacristía cuando lo preparaba para la primera comunión. Tanto Ferrogiaro como el Sodalicio negaron cualquier conducta impropia e iniciaron una cacería de brujas en las redes contra Day. De hecho, la ex periodista de "El Comercio" Rossana Echeandía, perteneciente a una organización femenina del Sodalicio, le dedicó una crítica columna a Day titulada "Jason Night", Hasta ahora Echeandía no se ha retractado ante la opinión pública. Se desconocen los millones que no recibe el Estado Dr. Marco Antonio Huaco Experto en Concordato Mediante el artículo 10, al que se adscribe el Concordato firmado en 1980 entre el Estado peruano y el Vaticano, en la actualidad la Iglesia Católica no paga el impuesto general a las ventas (IGV), el selectivo al consumo, el impuesto a la renta, la alcabala vehicular, el IGV en los pasajes internacionales, así como otros impuestos que forman parte del rubro de la financiación indirecta. No existe ni existirá el cálculo de todos los millones de soles que el Estado peruano deja de percibir, porque no se cuenta con un registro de todas las propiedades inmuebles de la Iglesia ni de sus actividades comerciales. Según la Iglesia Católica, la Sunat no tiene ninguna competencia para fiscalizarla porque es una institución protegida por el Concordato, la cual, de ese modo estaría por encima del bien y del mal.
