Violencia. Desborde de protesta se produjo en rechazo a autoridades de Unamba, que se resisten a acatar nueva ley. ,Explotó la violencia en Abancay (Apurímac). Los estudiantes de la Universidad Nacional Micaela Bastidas (Unamba) salieron a las calles exigiendo el retiro inmediato de la comisión reorganizadora de la casa superior de estudios, encabezada por Manuel Israel Hernández García e integrada por Jaime Raúl Prada Sánchez y Germán Hernán Rivera Olivera. PUEDES VER: 83% de peruanos aprueba que Sunedu supervise sistema universitario El dirigente estudiantil Max Aguado Peña señaló que la comisión rechaza la nueva Ley Universitaria, lo que pone en grave riesgo a los más de 3 mil 500 estudiantes de las nueve escuelas profesionales. Si la Unamba no se adecúa, el gobierno le cerrará el caño en presupuesto y la casa de estudios no podría expedir títulos. "La desaparecida ANR (Asamblea Nacional de Rectores) nombró a esta comisión; sin embargo, ellos se enquistaron en el poder y ahora no quieren dejar la universidad", dijo el dirigente estudiantil. Tras bloquear con piedras y palos las principales vías de la ciudad y la carretera Panamericana en el tramo que conduce a Cusco, los estudiantes incendiaron un vehículo. La policía repelió el ataque con perdigones y gas lacrimógeno. La semana pasada, los estudiantes otorgaron un plazo de 72 horas para que la Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu) atendiera su pedido. Vencido el plazo y sin una respuesta favorable, la violencia estalló en esta región del país. "Nosotros tenemos una Asamblea Estatutaria que Israel Hernández pretendió desconocer, sin embargo, no pudo. Lo único que queremos es que de una vez la universidad se adecúe a la norma, para estudiar tranquilos", dijo. Aguado denunció además que la comisión reorganizadora tiene secuestrada la sede administrativa, sin permitir el ingreso de los estudiantes. "No podemos realizar ningún tipo de trámite administrativo porque prácticamente se nos prohibió el ingreso a esta área", dijo. La comisión inició su trabajo en julio de 2014 y hasta el momento no culminaron el proceso de adecuación a la Ley 30220, lo que podría costarle a la universidad la pérdida de la licencia y una multa de 300 UIT.
