Hoy vence el plazo que estableció la Sunedu para el cambio del gobierno universitario. Autoridades elegidas con la antigua Ley Universitaria exigen que se respete su mandato de cinco años., Hasta hoy, las 31 universidades públicas con autorización definitiva pueden culminar con la elaboración de estatutos y el cambio de rectores, vicerrectores y decanos en el marco de la Ley Universitaria. Así lo dispuso la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) en una resolución aprobada a fines de julio. PUEDES VER: Ministro de Educación pide a universidades convocar elecciones Aquellas autoridades que hasta hoy no dejen sus cargos serán denunciadas penalmente por los delitos de usurpación de funciones y desobediencia a la autoridad, advirtió la Procuraduría Pública de la nueva superintendencia. Sin embargo, autoridades elegidas con la antigua Ley Universitaria (N° 23733) aseguran que no abandonarán sus puestos y califican de "amenaza abusiva" la disposición de la Sunedu. "Cada rector va a seguir en funciones porque han sido elegidos con la Ley 23733 para un mandato de 5 años, cuya fecha de cumplimiento no coincide con la establecida por la Sunedu. Las elecciones las deben convocar la universidad a través de su Asamblea Estatutaria", sostiene el vicepresidente de la Asociación de Universidades del Perú (Asup), Iván Rodríguez. Este organismo, que agrupa a 67 instituciones públicas y privadas, argumenta que el referido plazo viola la autonomía. El también rector de la Universidad Privada Ricardo Palma señala que frente a las denuncias que interpondrá la Sunedu, las autoridades universitarias se defenderán y presentarán otras acciones legales. "Tienen resoluciones judiciales que los amparan y deberán seguir el mandato por el que han sido elegidos (...) Aplicarán disposiciones legales. Será ley contra ley"", dice. De ser así, rectores como Pedro Cotillo, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, podrán permanecer en sus cargos hasta mayo del 2016, o en el caso de Roberto Mosqueira, de la Universidad de Cajamarca, hasta el 2019. A través de un comunicado, la Asup anunció que no se cesará a sus autoridades este 31 de diciembre amparadas en la Constitución.Esta disposición se acordó en un pleno de rectores realizado ayer en la antigua Casona de San Marcos. Ratifican su posición luego de que la Sunedu advirtiera que la aplicación de las denuncias penales comenzaría con las universidades a las que ha calificado como "rebeldes", debido a que manifestaron su rechazo al plazo del 31 de diciembre y definieron un cronograma en el que las elecciones serían recién el próximo año. Hasta el último martes, según la Sunedu, las cinco universidades "rebeldes" eran San Marcos, la de Trujillo, la San Luis Gonzaga de Ica, Federico Villarreal y la Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta). Al respecto, la Universidad Federico Villarreal precisó que sí cumplió con la conformación del Comité Electoral Universitario Transitorio (Ceuta), la elección de una Asamblea Estatutaria y la elaboración de un estatuto. Este último documento estableció la elección de decanos para agosto del 2015, y la del rector y vicerrectores para setiembre del 2016. Esta institución rechaza que exista resistencia o rebeldía ante la Ley Universitaria y asegura que viene cumpliendo la disposición transitoria de la misma, donde se señala que la Asamblea Estatutaria establece el cronograma de elección de las nuevas autoridades y el plazo para su designación en reemplazo de las vigentes. Proceso en la selva Ayer comenzó a circular una resolución (número seis) del Segundo Juzgado Civil de Maynas, la cual amplía una medida cautelar que se emitió en noviembre, referida a las elecciones en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (Iquitos). Entre otros puntos, resuelve que la Sunedu tiene que abstenerse de emitir "por ahora" documentos que reconozcan a las nuevas autoridades elegidas en el proceso electoral del 20 de diciembre pasado. Además se debe tener en cuenta –señala el documento– que la Asamblea Estatutaria dejó sin efecto la conformación del Comité Electoral. Fuentes del Ministerio de Educación indicaron que una medida de este tipo no resulta vinculante y puede ser sometido a una apelación. "Esto hace referencia a que hay personas que no han sido bien elegidas o los órganos que llevaron el proceso no han sido los adecuados. Sin embargo, eso no quiere decir que la autoridad que hoy ejerce el cargo de rector no debe irse el 31 de diciembre. También debe someterse al plazo", explican. Agregan que la Sunedu deberá evaluar los alcances del documento. Esta última institución indicó ayer que no se pronunciará sobre este caso en particular. Sin embargo, en el reporte oficial de expedientes del Poder Judicial aparece una resolución, también de número seis, con un contenido distinto al que circula en redes. Esta, básicamente, resuelve incluir en la demanda a la Sunedu. Según los últimos datos de la Sunedu, existen más de 20 procesos judiciales que buscan detener la aplicación de la Guía de Adecuación y de la Ley Universitaria. La mayoría de estos son acciones de amparo.
