En dos casos emblemáticos, uno de corrupción y otro de asesinato, el Ejecutivo entorpece las investigaciones del Ministerio Público. Figuras inaceptables para robos en el VRAEM y ejecuciones extrajudiciales.,En abril del 2016, un reportaje de Panorama, de Panamericana TV, denunció que las Fuerzas Armadas hacían pagos a colaboradores fantasmas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), donde se combate al narcoterrorismo. Según el testimonio de cuatro supuestos colaboradores, los pagos declarados a supuestas fuentes de inteligencia en realidad no se hacían. La denuncia comprometía al jefe del Comando Especial del VRAEM, el general César Astudillo, actual Inspector General del Ejército. Astudillo firmó una rendición de gastos que sería falsa, de acuerdo con la denuncia. Fue una noticia destacada no solo por la naturaleza de los hechos sino porque la procuraduría del Ministerio de Defensa denunció a Rosana Cueva y Karina Novoa, directora y reportera de Panorama, respectivamente, por revelación de secretos nacionales. Ante la PCM Transcurrían las postrimerías del gobierno de Ollanta Humala y medio mundo se indignó. Cómo era posible, se decía, que periodistas fueran denunciados por denunciar un robo. Mientras se anunciaban investigaciones hubo algunos cambios en la jerarquía del VRAEM y la investigación pasó a manos del Ministerio Público. El fiscal provincial anticorrupción José Domingo Pérez Gómez solicitó al Ejército y al Comando Conjunto de las FF.AA. las planillas que dieron lugar a la denuncia de Panorama y nueva documentación relacionada con el origen de los gastos y su forma de uso. La información le fue denegada. Era un secreto de Estado, respondieron los militares. PUEDES VER Thorne: "Que se publique el audio, no tengo nada que esconder" El Código Procesal Penal contempla el caso de un fiscal que no recibe información porque un organismo estatal se ampara en la seguridad nacional. Debe, en tal caso, recurrir al Presidente del Consejo de Ministros, quien confirmará si efectivamente se trata de algo que la justicia común debe ignorar. Esto hizo el fiscal Pérez Gómez. El premier Fernando Zavala le contestó adjuntando un informe legal suscrito por el abogado Edgar Ortiz Gálvez, según el cual el Comando Especial del VRAEM habría clasificado como secreto lo solicitado. Siempre siguiendo lo que la ley establece, el fiscal recurrió ante un juez, para que resolviera: o la investigación era archivada, o se objetaba la clasificación de secreta hecha por el Comando Especial del VRAEM, con la anuencia de la PCM. Punto final Llegado el momento, el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena archiva el caso. Su criterio fue que la PCM había dicho que la información era secreta. Para él eso era un punto final. La Tercera Sala Penal de Apelaciones, sin embargo, anuló lo resuelto por Sánchez porque este no había convocado a una audiencia pública como establece el Código Procesal Penal. Durante el debate, una nueva jueza del caso, Sonia Bazalar, hizo notar que la PCM no había sido enfática sino condicional en su respuesta. Por eso la PCM fue nuevamente requerida por el fiscal. La respuesta ya no dejó dudas. Esa vez el premier Zavala adjuntó otro informe jurídico, suscrito por la asesora Mónica Huertas, y por la secretaria general, María Soledad Guiulfo. Ambas dicen que la información está clasificada como secreta por el organismo militar, y a partir de allí construyen la verdad estatal. La respuesta no explica por qué esa clasificación como secreto vulnerará la seguridad nacional si pasan a manos de un fiscal. Los redactores no han tenido acceso a los documentos. Diera la impresión de que como el Comando Especial del VRAEM lo estableció así, este criterio no podrá ser revisado, incluso después de que fueron publicadas evidencias de corrupción. El primer caso Antes de bloquear la acción judicial, los ministros Fernando Zavala y Jorge Nieto hubieran podido juzgar por ellos mismos si los jefes del VRAEM protegían secretos nacionales o evidencias de un proceso de corrupción. Podrían haber desclasificado la parte de la información que estaba siendo solicitada por la fiscalía. En los juicios contra Fujimori-Montesinos que implicaban compras militares secretas, a ningún gobernante se le ocurrió impedir el acceso de los jueces y fiscales a documentación que era mucho más sensible. El mayor peligro de situaciones como esta es que intervengan jueces que no asuman su función de control. El Código Procesal Penal establece un camino para resolver la controversia (fiscal-PCM- juez), pero no sustrae al magistrado de una valoración de fondo. Si el criterio de Balbuena es seguido por Bazalar, el fiscal Pérez Gómez deberá abandonar el caso. Pese a los testimonios recogidos, sin evidencia documental no podría formalizar una investigación. El del VRAEM sería el primer caso de corrupción que no sería ventilado por la justicia por razones de seguridad nacional. También la PNP En otra área del Ministerio Público, el fiscal Álvaro Rodas, que investiga presuntas ejecuciones extrajudiciales por miembros de la Policía Nacional, ha empezado a recibir respuestas a las cartas que dirigió al Primer Ministro. Recurrió a Zavala por la misma razón que lo hizo su colega Pérez Gómez: la PNP se niega a entregarle información de los operativos que investiga. Como se sabe, la hipótesis es que en por lo menos nueve ocasiones, un grupo de la Dirección de Inteligencia de la policía organizó asesinatos de supuestos delincuentes para obtener ascensos y otros beneficios. Rodas ha solicitado los planes de operaciones, los presupuestos asignados a los operativos, la relación de las compensaciones y los premios, los viáticos, las rendiciones, etcétera. Todo ello está clasificado como información secreta, le ha respondido la policía. El fiscal recurrió entonces a la PCM. El Primer Ministro le ha respondido lo mismo que al fiscal del caso del VRAEM: si la PNP ya lo clasificó como secreto, mala suerte. Audiencia final El propio Ministerio del Interior ha tenido dificultades para hacer una investigación propia de estos casos por documentación faltante que solo es de uso de Inteligencia de la PNP. Este tipo de archivos son fundamentales para poder determinar el nivel de responsabilidad de un policía que hace operaciones encubiertas. Solo podrían ser solicitados por un juez competente. Pero si un juez no hace control ni solicita la información, el nivel de impunidad puede ser absoluto. En el caso del fiscal Rodas, su investigación no está sustantivamente afectada por la documentación que el Ejecutivo no va a proporcionarle. Testimonios, pericias y otras evidencias le han permitido construir bases sólidas para sus casos. Tratándose del fiscal Pérez, la decisión judicial inminente podría interrumpir su trabajo (mientras el proceso contra los periodistas continúa). El 12 de junio, la próxima semana, habrá una audiencia definitiva, después de la cual la jueza Bazalar decidirá.
