Por colusión. Seis meses después de dejar jefatura del INPE, Leonardo Caparrós entró a empresa presuntamente favorecida para vender equipos de identificación biométrica.,La Fiscalía evalúa el pedido de la Procuraduría Anticorrupción de investigar al jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior, Leonardo Caparrós, por presuntos actos de colusión contra el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Se solicita investigar a Caparrós porque seis meses después de haber dejado la jefatura del INPE –en febrero de 2009–, ingresó a trabajar como gerente general de la empresa Unlimited Systems SAC, la que en diciembre de ese mismo año fue presuntamente favorecida para vender equipos de identificación biométrica que serían usados como medida de control de las visitas del penal Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho. Cabe resaltar que la Ley 27588 prohíbe que los funcionarios estatales puedan contratar con cualquier empresa privada vinculada al sector donde desempeñó el cargo público, hasta un año después de su cese. La Procuraduría también solicita investigar a los funcionarios del INPE que participaron en el proceso y que habían trabajado con Caparrós. Entre ellos figura el entonces director de la Oficina de Sistematización de Información, Juan Lock; el presidente del Comité Especial y coordinador de Planeamiento y sistemas, Luis Alberto Peña; así como el director de la Oficina de Asesoría Jurídica del INPE, Carlos Verástegui. Bien insustituible Esta historia comienza el 3 de noviembre de 2009, cuando Lock le remitió a la Unidad de Logística las especificaciones técnicas que habrían sido reformuladas a medida de la empresa proveedora. Al día siguiente se solicitaron cotizaciones a cuatro empresas, entre ellas, Unlimited Systems SAC, tras lo cual la empresa AGUNSA formuló una observación, indicando que las bases estaban dirigidas hacia un equipo determinado. El 16 de noviembre, el área de Programación y Adquisiciones del INPE elabora un informe señalando que las especificaciones técnicas coincidían con las fichas del fabricante de equipos y que solo una cotización lo tenía, por lo cual no se podía hacer una comparación de precios con otros postores, sugiriéndose cambiarlos por requerimientos. Sin embargo, esto no se hizo y más bien en un informe técnico del 23 de noviembre, el director general encargado de la Oficina General de Administración del INPE, ratifica que ese equipo es el que necesitan para el penal Castro Castro. Y dos horas después, la Oficina de Asesoría Jurídica opinó favorablemente para que se adquieran los equipos vía exoneración porque se trataba de un bien que no admite sustituto. Finalmente, el 11 de diciembre se firmó el contrato con la empresa donde laboraba el ex jefe del INPE. Acusación Según la denuncia, los funcionarios públicos que participaron en este proceso trabajaron bajo el mando de Caparrós durante su gestión en el INPE. Remarca, además, que los informes evaluados no indicaban que se trataba de bienes insustituibles y el Instituto Penitenciario no solicitó un documento que certificara que Unlimited Systems SAC sea su único distribuidor. El documento ingresó a inicios de marzo a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. Fuentes del Ministerio Público indicaron que se está evaluando dicha solicitud. Caparrós: "Denuncia no tiene ningún fundamento" El jefe de asesores del Ministerio del Interior, Leonardo Caparrós, descartó cualquier responsabilidad. Dijo que de los siete funcionarios que aparecen en la denuncia él conoce solo a tres. Aclaró que el que inicia la compra es el director de informática, que no trabajó en su gestión. “Él llegó con el nuevo presidente del INPE, a quien tampoco conocía”, sostuvo. Indicó que en su caso no se aplica la ley de incompatibilidades que restringe por un año a ex funcionarios a trabajar en un empresa privada. “Y aún si fuera cierta, no tiene ningún matiz penal, es solo administrativo”, afi rmó. Refirió que la asesoría del INPE y SERVIR no hallaron incompatibilidad en su caso. “Señalo que las restricciones establecidas no impiden indiscriminadamente que las ex autoridades presten servicios en el sector privado, sino solo cuando ellos han conducido el inicio, instrucción, sustentación, resolución o ejecución en los procedimientos iniciados por terceros o el procedimiento hubiera quedado pendiente de decisión”, manifestó, dejando claro que en su época no se gestionó ninguna compra. Caparrós cuestionó, además, que lo quieran acusar de colusión, porque ello aplica solo para funcionarios públicos, lo que él no era en el momento de la compra. Dijo que la denuncia no tiene fundamento y lo explicará si lo requiere la Fiscalía.
