Chile autoriza juicio a Fujimori por casos de homicidio y corrupción

Sin perdón. La Corte Suprema de ese país considera que existen elementos probatorios de la responsabilidad del ex presidente en el asesinato de seis personas a manos de agentes del SIE. También lo acusa de usar dinero público en la compra de terreno.,Chile autoriza juicio a Fujimori por casos de homicidio y corrupción,Chile autoriza juicio a Fujimori por casos de homicidio y corrupción,Alberto Fujimori regresará al banquillo de acusados para afrontar un nuevo caso de homicidio calificado y otro por corrupción de funcionarios. La Corte Suprema de Chile accedió a la petición de las autoridades peruanas de ampliar las causales por las que el ex jefe de Estado fue extraditado en el año 2007. A Fujimori se le atribuye responsabilidad por la matanza de seis personas en la localidad de Pativilca (Barranca, norte de Lima), durante un supuesto operativo contrasubversivo ejecutado por agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), que actuaban bajo la denominación de “Destacamento Colina”, el 29 de enero de 1992. PUEDES VER: Duberlí Rodríguez sobre Keiko Fujimori: “Nadie tiene corona” Los crímenes Los campesinos Felandro Castillo Manrique, César Rodríguez Esquivel y Toribio Aponte Ortiz, el chofer Pedro Agüero Rivera, el profesor Ernesto Arias Velásquez y el estudiante John Calderón Ríos fueron secuestrados en sus casas, torturados y luego fusilados por el grupo Colina. Los cadáveres se arrojaron en cañaverales de la zona. La masacre de Pativilca se produjo dos meses después de la matanza de Barrios Altos (tres de noviembre de 1991) y seis meses antes del homicidio de La Cantuta (18 de julio de 1992), esto es en pleno apogeo de Colina, la organización clandestina que pertenecía a la estructura del Ejército y obedecía a una cadena de mando en la que estaban comprendidos el comandante general del instituto castrense, el general Nicolás Hermoza Ríos, y el jefe de facto de los servicios de inteligencia, Vladimiro Montesinos. Fujimori tenía a ambos bajo su control. Al delito de homicidio calificado, la Corte Suprema chilena añadió el de asociación ilícita porque existió una concertación de voluntades para construir un aparato de represión selectiva, bajo dominio de Fujimori contra sospechosos de terrorismo . Según la resolución de la justicia chilena, en el caso de la masacre de las seis víctimas de Pativilca “no cabe duda alguna" de que el delito de asociación ilícita está presente, lo que constituye "graves violaciones a los derechos humanos”. Entre las evidencias para sustentar el delito de asociación ilícita, los vocales supremos chilenos citaron los testimonios de ex agentes del SIE que integraron el destacamento Colina y que corroboraron que actuaron bajo órdenes superiores. Los vocales adjuntaron las planillas en las que se consigna que los asesinos recibían fondos públicos para financiar la realización de sus actividades criminales. Para recoger la versión del ex mandatario, se organizó una teleconferencia en la que Fujimori rechazó los cargos. Repitió el mismo argumento de otras oportunidades: que no conocía de las actividades de los agentes del SIE. Lo más sorprendente fue que el ex jefe de Estado argumentó la prescripción del delito, puesto que ocurrió hace 25 años, en 1992. Pero la Corte Suprema de Chile desestimó de plano su pretensión, recordándole que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Fujimori también intentó sin éxito desinflar la acusación por peculado, bajo la misma lógica de la prescripción. El terreno La ampliación de extradición también incluye el presunto uso de fondos públicos para la adquisición de un terreno a favor de un amigo. El ex asesor Montesinos reveló a las autoridades peruanas que Fujimori le ordenó usar 800 mil dólares provenientes de los fondos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para comprar un terreno agrícola en Chavimochic (La Libertad) en beneficio del ex presidente de la compañía de seguros Popular y Porvenir, Augusto Miyagusuku Miagui,. Miyagusuku, muy cercano a la familia Fujimori, huyó del país el 11 de agosto de 2000. Tenía cuentas en el NBK Bank como sus amigos Juana y Rosa Fujimori y su esposo Víctor Aritomi. Todos son prófugos de la justicia peruana. Las autoridades judiciales chilenas señalan que dicho delito, tal como está descrito en la legislación peruana, configura el cargo de fraude al Estado según el código penal de Chile. Fuentes del Poder Judicial peruano señalaron que apenas la Cancillería notifique de la resolución de la Corte Suprema de Chile, se fijará día y fecha para el inicio de ambos procesos. De esta forma, gracias a la resolución que llega de Chile, las autoridades judiciales peruanas han quedado habilitadas para procesar a Fujimori por una de las peores masacres del grupo Colina y por actos de corrupción.