Mujeres shipibas y quechuas revelan: “Nos esterilizaron a la fuerza”

En carne propia. Con el propósito de colaborar con el Ministerio Público en busca de víctimas de las ligaduras de trompas compulsivas durante el gobierno de Alberto Fujimori, La República recogió declaraciones de víctimas en Ucayali y el Cusco. Las entrevistadas coinciden en que fueron operadas sin su consentimiento.,Mujeres shipibas y quechuas revelan: “Nos esterilizaron a la fuerza”,Mujeres shipibas y quechuas revelan: “Nos esterilizaron a la fuerza”,Mujeres shipibas y quechuas revelan: “Nos esterilizaron a la fuerza”,Los que diseñaron las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori pusieron especial énfasis en las mujeres indígenas, tanto de la Amazonía como de los Andes. Eran un blanco fácil porque la mayoría no sabía ni leer ni escribir y entendían poco o nada el español. Tres veces el Ministerio Público ha archivado este caso bajo el argumento de que no obtuvo pruebas del abuso cometido contra miles de mujeres entre 1996 y 2000. Los archivó sin ni siquiera haber recogido, por ejemplo, el testimonio de las madres shipibo-conibo, una de las comunidades más afectadas por las ligaduras de trompas sin el consentimiento de las mujeres indígenas. PUEDES VER: Empresas brasileñas demandan por más de dos mil millones de soles al Gobierno Regional de Cusco La República viajó a comunidades shipibo-conibo de Ucayali, así como a centros poblados quechuas en el Cusco, donde cuadrillas del Ministerio de Salud incursionaron en busca de mujeres a las que mediante engaños, en unos casos, y bajo amedrentamiento, en otros, sometieron a prácticas de esterilización. El propósito de este reportaje de investigación es documentar testimonios de mujeres indígenas que fueron víctimas del programa compulsivo de control de natalidad que ejecutó el gobierno de Fujimori. En los distritos de Iparía y Masisea, a ocho horas aproximadamente en bote de la ciudad de Pucallpa, mujeres de la etnia shipibo-conibo fueron registradas en listas para efectuarse chequeos médicos o recoger vitaminas. Pero en realidad eran relaciones de mujeres para esterilizarlas. Entrevistamos a mujeres esterilizadas sin su consentimiento en el Centro de Salud Masisea y en el Centro de Salud Iparía. Listas de engaño La shipiba Virginia Vásquez Mejías conversaba con su esposo en su casa, en la tranquila comunidad de Caimito (distrito Masisea, provincia Coronel Portillo, Ucayali), cuando tocaron su puerta enfermeros del Centro de Salud Masisea. “Se veían confiables”, relató Virginia Vásquez. La apuntaron en la lista del centro de salud para supuestamente realizarle un chequeo médico y luego darle medicinas gratis. “De mi lista de cinco señoras se escapó una... Llamaron a una, a ella primero se lo hicieron, y de allí a otra. Otra también. Y yo he sido la última. Vi que todas estaban como muertas, pálidas. Quería escapar, pero no sabía cómo. Me pusieron una inyección parada (anestesia), me echaron en la camilla, yo decía que no quería, me resistí como tres veces. Me jalaron los brazos para que me echara, no quería eso para mí”, dijo Virginia Vásquez. Algo similar le ocurrió a la shipiba Dina Pangosa Vásquez. Enfermeros del puesto de salud Santa Rosa, cercano a la comunidad Vista Alegre de Pashitea (distrito Masisea), la llevaron con engaños al centro de salud para ligarle las trompas. “Me dijeron que vaya con ellos para consulta médica y chequeos, que a las interesadas nos pondrían en su lista…Nos subieron a un bote con ellos y navegamos por el río Pashitea. En mi grupo de señoras éramos dos shipibas, el resto eran mestizas”, narró Dina Pangosa. En el centro de salud los enfermeros sacaron una lista, y las empezaron a llamar una a una por su nombre para que pasen a una sala. “Me dijeron que me echara en la camilla, yo pensé que era para la consulta. Me pusieron una inyección (anestesia) sin decirme nada... Nadie me explicó lo que me iban a hacer. Empecé a sentirme adormecida”, dijo. Luego de la operación Dina Pangosa no podía caminar por el dolor, no sabía por qué tenía un corte. Un enfermero le dijo con mucha calma que la habían ligado para que no tuviera más hijos y que se cuidara bien para asegurar el éxito de la operación. En el centro de salud Iparía, ubicado a cuatro horas del centro de salud Masisea, el modus operandi fue exactamente el mismo. Noemí Franco Zumaeta vivía en la comunidad de Samaria, en Iparía, cuando enfermeras del puesto de salud de Galilea llamaron por segunda vez a su puerta. Le mintieron al explicarle sobre qué era una ligadura. Solo le dijeron que era un nuevo método muy efectivo para cuidarse, no le dijeron que la cortarían ni que jamás volvería a tener hijos. Aun así, Noemí Franco se rehusaba. “Me decían que tenía que ir porque ya estaba en la lista para ligaduras del Centro de Salud Iparía…En la sala yo decía que no quería, el doctor me agarró de los dos brazos, y otro me puso una inyección. Yo quería tener más hijos, también quería planificar pero de otra forma, nunca me informaron de otros métodos”. La shipiba Lucila Sánchez Romayna también fue engañada en este lugar. “La enfermera Nancy, de la posta de Belén, me dijo que bajara al Centro de Salud Iparía para hacerle chequeos a mi bebé y para recoger medicinas… Le creí, subimos ese mismo día que di a luz al deslizador hasta llegar a Iparía. De ahí tuvimos que caminar como tres horas hasta el centro de salud, yo cargaba a mi bebé, me sentía mal, nadie me ayudaba. Me llamaron con una lista para que entre a una sala, yo no entendía para qué iba a meterme ahí, pero aun así no me imaginaba que me fueran a hacer algo malo. Me agarraron de los brazos como si fuese una animal, sin ninguna explicación, y me pusieron una inyección”, refirió. Cuando Lucila Sánchez despertó no entendía por qué tenía un corte en el vientre. Nadie le dio respuesta. Caminó hasta el puerto de Iparía con dolor y sed. Recién cuando llegó a su comunidad de Belén se enteró de que la habían ligado. Firma no más La República entrevistó, en los distritos de Huancarani, Colquepata, Anta y Maras, entre tres y cinco horas de la ciudad del Cusco, a mujeres cusqueñas que fueron forzadas a firmar una autorización para ligarse bajo amenazas y hostigamiento. Otras veces aprovechándose de que no sabían leer. Ernestina Mamani Quispe, residente de la comunidad de Patacancha, distrito Huancarani, provincia Paucartambo, recordó que estaba sembrando papa cuando las enfermeras del centro de salud Huancarani fueron a acosarla una vez más para que se ligara. Esta vez la metieron a la fuerza a una ambulancia rumbo al Hospital de Paucartambo. “Me dieron un papel para firmar, estaba llorando, no sé leer, seguía llorando y no sabía qué decía ese papel. Firma, firma, me decían, no tenía juicio para saber lo que estaba haciendo, me obligaron a firmar y yo sin conocimiento lo hice”, narró. Las enfermeras la cambiaron de ropa, la subieron a la camilla, le aplastaron con su rodilla el vientre para que dejara de moverse, la anestesiaron, la esterilizaron para siempre. Ernestina Mamani recién reaccionó cuando llegó a su casa. Damiana Huallpayunca Quispe, natural de Mahuaypampa, distrito de Maras, provincia de Urubamba, contaba con 39 años y rechazó la esterilización desde un inicio. Pero la amenazaron a ella y su esposo, y así fue obligada a ligarse. Después de alumbrar a un niño en el hospital Antonio Lorena, en la ciudad del Cusco, inmediatamente las enfermeras la rodearon exigiéndole que se esterilice. “Si no dejas que le hagamos la ligadura a tu esposa, la guardia vendrá y los llevará”, le dijeron. Así, chantajearon y obligaron a su esposo a firmar un papel para esterilizarla. “Me amarraron mis manos, me inyectaron, y empecé a quedarme como muerta”, relató Damiana Huallpayunca. A Rudesinda Quillahuamán Almanza, natural del distrito de Anta, provincia de Paucartambo, le ocurrió lo mismo a sus cortos 24 años. Su esposo fue chantajeado por personal del centro de salud de Anta, para rubricar un papel que supuestamente autorizaba que la ligaran. “Me asusté cuando nos dijeron que la policía nos iba a llevar. A mi esposo le han hecho firmar un papel con esas amenazas. También le dijeron que si no firmaba a él lo esterilizarían. Como si fuera un trapo me han botado encima de la cama, me amarraron las manos, me pusieron la anestesia, pero no me he agarrado bien. Grité porque me dolía, me han puesto más anestesia, y de ahí ya no recuerdo más”, testimonió. Benedicta Nina Mamani, de la comunidad Pumapaccha, distrito de Colquepata, provincia de Paucartambo, también tenía 24 años cuando la "cortaron", como ella misma manifestó. Le dijeron que fuera a la posta de Viscochone, en el distrito de Colquepata, porque había vacunas para su niño. Luego la trasladaron a la posta de Colquepata con el mismo cuento, no sin antes decirle las enfermeras: "Ustedes están pariendo como cuy, como chivos”. En la posta la obligaron a dejar su huella digital en un papel sin decirle que se trataba de una autorización para esterilizarse. “La enfermera me hizo poner mi huella en un papel. No me ha dicho nada…Yo puse mi huella porque cuando nosotras bajamos para las vacunas de nuestros hijos nos hacen poner huella, yo puse entonces no más mi huella donde ella me dijo”. La esterilizaron sin que nadie le explicara nada. Valentina Huisa Condori también fue obligada a firmar un papel sin saber para qué era realmente, pues el papel estaba en español y ella desconoce este idioma. Los hechos sucedieron en la posta de Colquepata. “Una enfermera me dijo que firme un papel, yo no entendía el papel, pensé que era para atender a mi bebé de siete meses que lo había llevado para su control. Luego la enfermera sale y me dice que si no quiero ligarme iría a la cárcel… Traté de escapar, pero no me dejaron”, declaró. Los testimonios lo dicen todo. El Ministerio Público solo tiene que actuar conforme a ley. Esto es solo una parte del reportaje de investigación de La República: Secuelas Perpetuas, que podrá encontrar en nuestra página web. Crimen impune Durante varias semanas La República recorrió comunidades shipibo-conibo de Ucayali y quechuas del Cusco. Y entrevistó a más de 50 mujeres que fueron esterilizadas, en algunos casos, violentamente, bajo engaños, chantajes y siempre en contra de su voluntad. El caso está en manos del fiscal superior Luis Landa, quien decidirá si abre investigación, denuncia a los responsables o archiva el caso.