Ministro de Transportes y Comunicaciones no convenció a un sector de congresistas sobre las razones para firmar adenda al contrato del aeropuerto cusqueño. Moción de interpelación sería presentada en la próxima legislatura.,El primer vicepresidente de la República y ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, creyó hace una semana que el Congreso respaldaba, en su mayoría, al Gobierno, para la firma de la adenda al contrato del Aeropuerto Internacional de Chinchero con el consorcio Kuntur Wasi. Sin embargo, ayer, luego de su presentación ante la Comisión Permanente, el pedido para interpelarlo por esta decisión del Ejecutivo empezó a tomar fuerza. Es que las explicaciones que dio el ministro para sustentar la aceptación de esta adenda al contrato no convenció a la mayoría de parlamentarios, quienes si bien mostraron su acuerdo con que la obra se lleve adelante lo más pronto, consideraron que las condiciones del documento suscrito no velan por la defensa de los intereses del país. PUEDES VER: Congreso cita a Martín Vizcarra por contrato de aeropuerto en Chinchero Frente a esta posibilidad de interpelarlo, el ministro de Transportes y Comunicaciones dijo que respeta la decisión que podría tomar el Congreso, pero enfatizó que no dará un paso al costado. El primero en pedir la interpelación del ministro fue el congresista de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde, quien además demandó que Vizcarra renuncie "por incapaz". Además, el parlamentario dijo que un ejecutivo de una de las empresas del consorcio está involucrado en pago de coimas. También dijo que una de las empresas socias no tiene solvencia económica. La mayoría de congresistas cuestionaron que, pese a que el Estado está dando facilidades al concesionario al asumir directamente los 264 millones de dólares de financiamiento de la fase de construcción, los 40 años de concesión no se han reducido. También criticaron que una de las empresas supervisoras será Graña y Montero, socia de la brasileña Odebrecht en diversas obras que se han hecho en el país. Vizcarra respondió que la revisión de los 40 años de concesión se podría analizar de acuerdo a al estructura financiera del proyecto. Se buscan firmas La primera bancada en responder afirmativamente al pedido de Víctor Andrés García Belaunde para la moción de interpelación fue el grupo parlamentario aprista. El vocero alterno de esa bancada, Mauricio Mulder, señaló que con la adenda se habría favorecido a Kuntur Wasi y que la firma está contaminada por la presencia de la hermana del premier Fernando Zavala, Ximena Zavala, ejecutiva en una de las empresas del consorcio. "Vamos a hacer coordinaciones con las otras bancadas. Estamos de acuerdo con que la salida del señor Vizcarra del ministerio será la consecuencia política de esto. La única salida para que esto no se dé es que se cancele el contrato. Si esto será difícil hacerlo, entonces que asuman su responsabilidad", expresó. Los congresistas de Fuerza Popular, la bancada que puede resultar decisiva para una interpelación y censura del ministro, también se mostraron críticos por las condiciones de la adenda. El vocero fujimorista Luis Galarreta señaló que en los próximos días decidirán si se suman al pedido de Acción Popular y el Apra para firmar la moción de interpelación. Sin embargo, adelantó que las explicaciones del ministro han dejado dudas. Por su parte, la bancada del Frente Amplio aún no tiene una posición clara. Si bien durante el debate los parlamentarios de ese grupo dijeron que el inicio de la obra era una necesidad, señalaron que las condiciones de la adenda son desfavorables al Estado y más de uno señaló que la obra debió ser pública y no para una Asociación Público Privada (APP). Mal contrato Durante su presentación, el ministro Vizcarra reiteró que el Gobierno se vio obligado a firmar la adenda porque el contrato firmado en julio del 2014 tenía deficiencias que perjudicaban los intereses nacionales. Indicó que el contrato no fijaba un tope para la tasa de interés del préstamo financiero de 265 millones de dólares que debía conseguir el consorcio ganador. Tampoco establecía una fecha de cierre financiero. En tal sentido, el ministro defendió la adenda, pues considera que salvaguarda los intereses del Estado, ya que los 589 millones de dólares que se pretendía cobrar por el préstamo era muy alto y la mejor solución era que se financie con dinero público para no detener el proyecto. Virgilio Grajeda
