Tanto en el contrato como en la construcción de canales a cargo de Odebrecht, según refiere el exdiputado aprista Luis Yengle.,En los años 1991 y 1992 habían sospechas de irregularidades en el contrato y ejecución de la I Etapa de Chavimochic a cargo de la empresa brasilera Odebrecht, sostuvo el exdiputado y exsecretario de Organización del Partido Aprista en La Libertad, Luis Yengle Ventura. Recordó que el también exdiputado David Cornejo Chinguel le comentó a él y a otros colegas que debía formarse una comisión investigadora en el Parlamento, “porque tenía evidencias de irregularidades en cuanto al contrato para la realización de la I Etapa y en la construcción de los canales”. PUEDES VER: El caso Odebrecht y cómo afecta a cada país de América Latina “No fue escuchado durante la presidencia de Víctor Paredes Guerra, en la Cámara de Diputados. Viene la presidencia de Roberto Ramírez del Villar y Cornejo insistía en que se forme esa comisión. Incluso presentó una moción de orden del día”, precisó. Al final se creo ese grupo de trabajo presidido por Cornejo. Yengle fue secretario. “Estando en la comisión nos llegó un informe de Contraloría que señalaba que en el contrato existían fallas, irregularidades y que el Estado perdía US $ 63 millones. Luego nos llegaron datos de que funcionarios del gobierno de Alan García (1985-1990) habían recibido una coima”, acotó. Sostuvo que el autogolpe de Estado (del 5 de abril de 1992) impidió que el trabajo de esa comisión concluyera y no se hizo informe ni en mayoría ni en minoría. “La cosa quedó en nada. La comisión se formó en diciembre de 1991. Durante el autogolpe, las Fuerzas Armadas se apoderaron del Congreso, de todos los locales del Parlamento y ni siquiera las cosas personales nos devolvieron”, dijo. Resolverían contrato Por incumplimiento y otros motivos, el Gobierno Regional cancelaría la próxima semana el contrato suscrito con la concesionaria Chavimochic SAC que ganó la buena pro para la construcción de la III Etapa de la irrigación. CLAVE El gobernador Luis Valdez aseguró que la concesionaria –integrada por Odebrecht y Graña & Montero– no cumplió con presentar el aval del financiamiento para ejecutar la III Etapa. La concesionaria exige la firma de una segunda adenda por US $ 100 millones.
