Un denunciante termina acusado y despedido. El costo de meterse en la boca del lobo: la comisión del congresista Bocángel. La escandalosa mafia de multas de la SUTRÁN. Una víctima más: Robert Sánchez.,El domingo pasado, la Unidad de Investigación de Latina TV reveló la existencia de una mafia de las papeletas en el seno de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, SUTRÁN. Los inspectores llenaban formularios de infracciones tomando al azar las placas de vehículos que pasaban por sus narices. Luego de obtener los nombres del propietario en el internet, aplicaban multas arbitrariamente, sin que el sancionado lo supiera. Hay pruebas irrefutables: ocho ex inspectores, firmantes ellos mismos de actas adulteradas (y al mismo tiempo legítimas) dieron la cara para testimoniarlo. Existe evidencia fílmica de la gran fábrica de multas. PUEDES VER: Bancadas revisan hoy DL del gobierno: uno de ellos el pase del INEN al Minsa Miles de actas Bajo este método, la SUTRÁN obtuvo en los dos últimos años cifras altísimas de combate a la informalidad en el transporte público. Por otra parte, miles de conductores eran sancionados y jamás notificados. El informe televisivo de Christopher Acosta los ha mostrado en toda su incredulidad. Ha aparecido el ciudadano Edilberto Lévano, por ejemplo, enterándose por el periodista que sumaba multas por 129 mil soles, mediante actas levantadas en lugares donde nunca había estado. La denuncia es grave en un sector que anualmente reporta entre quinientos y setecientos muertos por accidentes en carreteras con participación de empresas de transporte público. El año pasado, sin embargo, a propósito de la transferencia de gobierno, la SUTRÁN informó de una suba extraordinaria de actas impuestas por informalidad: de 5,266 en 2014, pasó a 32,841 en 2015 y a 66,681 en 2016. ¿Cómo así? ¡500 diarias! En 2015 fue nombrada superintendenta de la SUTRÁN la abogada María Jara. Venía de gerenciar el sistema de transporte público de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Susana Villarán. En los documentos oficiales de la SUTRÁN puede leerse que el problema principal que identificó la nueva administración fue el de la informalidad: vehículos no registrados ni autorizados, o que rodaban por un lado distinto al que les correspondía. La informalidad impedía cumplir la soñadora meta institucional de llegar, en 2016, al 0% de incumplimiento de las normas por parte de los buses provinciales, interprovinciales e internacionales. Para combatirla se decidió ampliar la fiscalización. El informe de transferencia menciona 8.7 millones de intervenciones durante 2015. Aunque quizá, considerando lo ocurrido con la fábrica de actas de infracciones, esta cifra haya sido inflada. En todo caso, en 2015 la SUTRÁN reportó 34,372 actas no conformes, la gran mayoría de ellas por parte de vehículos que no contaban con autorización de la autoridad competente. Estas cifras incrementaban en 653% las del año anterior. ¿Tanto crecía la informalidad? La superintendencia dijo que ello se debió a su trabajo: a más fiscalización, más infracciones. En 2016, la detección de faltas seguía multiplicándose: hacia junio ya se había duplicado la cifra del año anterior: 66,681 actas no conformes. En sus notas de prensa la SUTRÁN se ufanaba: 500 actas de infracción diarias. Pero en el segundo semestre algo ocurrió que el vertiginoso ritmo de sanciones se detuvo. La estadística bajó a solo 750 al mes. Solo 25 diarias. La Sutrán cambia Con este cambio tuvo que ver Robert Sánchez Carhuancho, un ingeniero de transportes que era supervisor de la Región Lima. Detectaba informales, incumplidores de normas de seguridad, omisos a las inspecciones, cargamentos peligrosos. Empezó trabajando en el ministerio y pasó a la SUTRÁN en 2011. Por entonces había una buena cantidad de inspectores que eran profesionales y habían trabajado en la SUNAT. La mayoría regresó allí tras haber ganado un juicio. Cuando advino la administración Jara comenzó un proceso de recambio del personal, y fue evidente el ingreso de un grupo que había trabajado en la Municipalidad de Lima. El sistema de supervisión fue transformado. En algún momento, los responsables de los grupos de supervisores empezaron a dar las órdenes de privilegiar la “productividad” por sobre la inspección efectiva. El método era fabricar actas de incumplimiento por doquier. Es extremadamente difícil suponer que un funcionario de alto nivel pudiera concebir un perverso sistema que afecta la vida de miles de personas en función de mejorar cifras estadísticas. Una investigación deberá determinarlo. Pero el sistema comenzó a funcionar con el conocimiento pleno de los inspectores a escala nacional. Cuando Jara dejó el cargo, en 2016, la reemplazó el actual superintendente, Héctor Rubio, y el mecanismo continuó. Robert Sánchez conversó con Aldo Barrios, un coordinador nacional de inspectores que aún no había sido removido, para hacer una denuncia pública sin que perdieran el trabajo en el intento. Pero algunas iniciativas no dieron resultado. Todos ratificados Fueron a una radio, y la periodista que les recibió alguna documentación y datos nunca los volvió a llamar. Era junio del 2016. Sánchez y Barrios pensaron que era un mal momento para hacer una denuncia: faltaba un mes para que hubiera un nuevo presidente. Nadie les haría caso. De modo que esperaron al cambio de gobierno, que, pensaron, traería también otras autoridades en el sector. Fue un mal cálculo. María Jara pasó a ser directora general de Transporte Terrestre y Héctor Rubio asumió en la SUTRÁN. Todos los funcionarios se quedaron, incluidos los nuevos inspectores y sus coordinadores, que eran los aplicadores de la política de productividad. Es posible que en la investigación que siga a la denuncia se determine que los procesos de selección de nuevos inspectores fueron manipulados. En todo caso, contrataron a muchas personas que solo habían terminado secundaria. Sánchez y Barrios se convencieron de que no les quedaba otro camino que denunciar. La boca del lobo En setiembre del 2016, Robert Sánchez fue a la Defensoría del Pueblo y proporcionó pruebas de las irregularidades. La Defensoría pidió información a la SUTRÁN sin identificarlo, pero no obtuvo respuesta. Entonces fue al Congreso, donde consiguió una cita con el presidente de la Comisión de Transportes, Guillermo Bocángel, de Fuerza Popular. Bocángel envió una carta a la SUTRÁN pidiendo información, identificando al denunciante y adjuntando sus pruebas. Como era previsible, la SUTRÁN no satisfizo los pedidos de información y más bien abrió un proceso a Sánchez y lo despidió. Lo acusaron por faltar el respeto ¡y por abuso de autoridad! Las pruebas del proceso disciplinario fueron las evidencias presentadas al congresista. Quizá la denuncia de Latina cambie los hechos en la SUTRÁN y permita la reposición del denunciante. La noticia buena hasta ahora es que la fábrica de multas ha cerrado y las estadísticas volvieron a la normalidad.
