Irregularidades. Primer tramo de esta obra vial ejecutada en la gestión de Juan Manuel Guillén. En el último compendio se pone en tela de juicio la adquisición de equipos sin justificación. En las compras se advierte un presunto direccionamiento.,La autopista Arequipa - La Joya es un proyecto vial trunco. Fue ideado para descongestionar el ingreso y salida de la ciudad y así ganarle tiempo al tiempo. Sin embargo, lo que generó son actos de corrupción confirmados por la Contraloría General de la República. Este órgano el año pasado determinó un perjuicio de S/ 86 millones, debido a las irregularidades generadas durante la construcción de la primera etapa de esta obra. Este primer tramo lo construyó la gestión de Juan Manuel Guillén Benavides (2007 - 2014) PUEDES VER: Contraloría: Odebrecht causó un perjuicio de 283 millones de dólares a Perú No obstante, en un nuevo consolidado se dan a conocer más hechos que detallan las irregularidades. Por ejemplo, se cuestiona la adquisición de planchas antidesgaste y soldadura sin justificar su necesidad. La compra no contaba con la aprobación de la Subgerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión ni con la autorización de la Gerencia Regional de Infraestructura. Similar procedimiento se dio con la compra de una perforadora neumática y cinco comprensoras. Para adquirirlas se establecieron características técnicas distintas a las consignadas en el expediente técnico de la obra. Gracias a esa modificación, solo una marca cumplía con las nuevas especificaciones. Se trataría de un direccionamiento. Las irregularidades continuaron. Se adquirieron tres tractores sobre orugas de capacidad de 35 toneladas, que no tenían la certificación presupuestal ni el requerimiento del área que las iba a utilizar. El Comité Especial a cargo de este proceso, también modificó las bases para esta compra, exigiendo que cuenten con monitoreo satelital, característica que solo podía ser cumplida por una empresa. Lo mismo ocurrió con la compra de cinco cargadores frontales COMPRAR VS. ALQUILAR El exgerente del gobierno regional, Berly Gonzáles Arias, señaló que la Contraloría General de la República debería valorar que con la adquisición de la maquinaria se dejó un activo para la entidad. "Si bien es cierto, el expediente no contemplaba la compra de maquinaria, sí permitía el alquiler, pero a montos elevados respecto a una compra". Gonzáles sostiene que por eso el Gobierno Regional optó por la compra, ya que alquilar le hubiera significado un monto más alto que la adquisición. Punto aparte es la compra de tres camionetas 4x4 de doble cabina. El Gobierno Regional pagó por ellas, pese a que se las entregaron sin placa de rodaje ni tarjeta de identificación vehicular. Por ello, el pliego regional no aplicó penalidades que sí correspondían. También se cuestiona que hayan adquirido explosivos y accesorios sin contar con licencias de autorización de la Superintendencia de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil. Esta adquisición también fue orientada a productos de marca comercial fabricados por un único proveedor. Para agravar la situación, el único postor no presentó la documentación obligatoria exigida en las especificaciones técnicas. CUENTA BANCARIA La Contraloría también identificó que la Región abrió una cuenta corriente en una entidad financiera privada sin contar con la autorización de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. En dicha cuenta se depositaban recursos provenientes de remanentes de utilidades que debían ser destinados a la ejecución de proyectos de inversión pública de infraestructura vial como la autopista Arequipa - La Joya. No obstante, ese dinero fue destinado a otros fines, afectando directamente la obra. VARIANTE DE UCHUMAYO En el informe, también se hace referencia a las irregularidades en la primera etapa de la obra de mejoramiento de la Variante de Uchumayo. El estudio de preinversión para la obra se aprobó sin que se tenga el saneamiento físico - legal de los predios involucrados. Asimismo, las tasaciones de estos se realizaron sin tomar en cuenta el valor comercial que debía ser fijado por el Ministerio de Vivienda, sino que fueron efectuadas por un perito particular, al que se le pagó S/ 72 mil 638. Al final, sus valuaciones no fueron utilizadas.
