Consolidado. Informe final sobre la obra emblemática de la gestión de Juan Manuel Guillén. También se evidenció irregularidades en vía Arequipa - La Joya y primera etapa de Variante de Uchumayo.,La Contraloría General de la República emitió el informe final de las irregularidades detectadas en la ejecución de obras del Puente Chilina, autopista Arequipa - La Joya y la primera etapa de la Variante de Uchumayo. Todas se ejecutaron durante la última gestión del expresidente regional Juan Manuel Guillén Benavides (2011 - 2014) y generaron un perjuicio millonario a la entidad. PUEDES VER: Siguen contradicciones por motos de municipio halladas en una casa El informe ya fue alcanzado a la gobernadora regional Yamila Osorio y al presidente del Consejo Regional, Abelino Roncalla, para que inicien acciones contra quienes resulten responsables. La República tuvo acceso al documento, donde la Contraloría revela que entre 2012 y 2014, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) creó un sistema paralelo de contratos directos. Bajo ese esquema que diseñó el entonces gerente general de la entidad, Jorge Luis Aguilar, realizó contrataciones sin licitación por S/ 38 millones 299 mil para determinados proyectos. De este monto, los funcionarios firmaron contratos por más de S/ 28 millones, sin que tuvieran autorización. El modelo permitió que las adquisiciones beneficien a ciertos proveedores. EXPROPIACIONES Uno de los puntos más graves se centra en las expropiaciones de terrenos para la construcción del puente Chilina. La Región terminó pagando por terrenos que le debían ser entregados efectivamente por orden de un laudo arbitral. Pese a la existencia de esa resolución y de otro mandato del Poder Judicial que a su vez, ordenaba la ejecución del laudo, los funcionarios pagaron S/ 2 millones 206 mil 099 a la familia Arenas Zegarra, monto adicional a la indemnización que estipulaba el arbitraje. La expropiación de otro predio (identificado con el número 9), también originó un perjuicio económico de S/ 1 millón 015 mil 395 para el ente regional, pues la transacción se realizó mientras todavía estaba en curso un proceso de arbitraje sobre el terreno. Pero las irregularidades no terminan allí. Por otro predio (identificado con el número 40), el GRA pagó por la expropiación S/2 millones 268 mil 578, pese a conocer que ese terreno estaba en zona intangible, declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Por lo tanto, no podía ejecutarse obra alguna sobre el predio. Terrenos sin Sanear También se detectó que adquirieron dos predios rústicos que no tenían saneamiento legal, por un monto de S/ 4 millones 068 mil 502. Los terrenos se compraron para ejecutar el trazo del tramo V del puente que iba de la zona de Ramón Castilla a Carmen Alto. Este trazo no contaba con estudios de preinversión ni declaratoria de viabilidad. Según la Contraloría, la primera compra se hizo días después de que los vendedores formalizaran la adquisición del área total que incluía dichos predios, por US$ 13 000. Uno de los vendedores era primo hermano de una funcionaria del GRA, quien fue la que determinó el trazo del tramo V. La funcionaria en cuestión sería Sarah Peña. Estos actos generaron un perjuicio económico de S/ 3 millones 078 mil 487. En su informe, la Contraloría recomienda que la gestión de Yamila Osorio diseñe e implemente documentos de gestión, lineamientos y directivas internas que regulen el proceso de expropiación de bienes para la ejecución de las obras.
