Muy complejo. Presión de la opinión pública y los medios por los nombres de los implicados, presupuesto reducido, falta de equipo técnico y retraso de la colaboración internacional son los primeros problemas del Lava Jato peruano. La fiscalía peruana apuesta por una negociación local inédita, compleja y con escaso margen legal.,Un impase suscitado entre el Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE) y el Ministerio Público (MP) ha desnudado los primeros problemas que afronta la investigación del Lava Jato peruano. PUEDES VER: Fiscalía negocia con Odebrecht la devolución del dinero obtenido ilegalmente | VIDEO El 28 de diciembre, la presidenta del CJDE, Julia Príncipe, reveló que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y el fiscal Anticorrupción, Hamilton Castro tenían “toda la información” sobre la ramificación del caso Lava Jato en el Perú. Y aunque también señaló que los nombres se sabrían en “unos cuantos meses”, se dispararon los rumores de que la fiscalía ya tenía nombres de los implicados. El MP convocó a conferencia para el lunes 2 de enero, mientras, fuentes de la fiscalía aseguraban que lo que se revelaría era como para desatar un terremoto de grado 7. Un diario señaló, inclusive, que el fiscal Castro esperaba información importante que obligaría a postergar la cita con la prensa. No fue así, pero la presión por los nombres fue creciendo y el MP más bien optó por una línea gradualista. Hay información ¿A qué información se refería la jefa de los procuradores? A lo que, sin duda, ha acumulado el MP y que corresponde a indagaciones propias de la fiscalía en el caso 'Castillo de Arena' que involucra a otra empresa, Camargo Correa, y a otras a las que ha accedido el fiscal Castro en por lo menos 5 viajes: junio, octubre y noviembre del 2015, y enero y diciembre del 2016. ¿Hay datos “nuevos” del caso Odebrecht en poder de la fiscalía? Sí, pero aún en una condición que la fiscalía llama “asegurada” y en este punto la clave son dos comunicados del MP, del 23 de diciembre del 2016 y del 2 de enero del 2017. En el primero se informa de algunas novedades que pasaron desapercibidas: ya antes de noviembre del 2016 –fecha en que se inician las investigaciones a Odebrecht– el MP hizo gestiones por este caso. En el comunicado del 23 de diciembre se revela que: 1) En julio y octubre del 2016, vía email y en el marco de las relaciones de coordinación ya establecidas, Castro solicitó a los fiscales brasileños incorporar, en los acuerdos de delación premiada de Marcelo Odebrecht, el compromiso de dar información sobre actos de corrupción en el Perú. Según el MP, la respuesta brasileña fue positiva, lo que significa que los reclamados “nombres” peruanos están en poder de la justicia brasileña y 2) la fiscalía peruana ya ha tomado declaraciones de ex ministros integrantes de Proinversión durante el gobierno de Alejandro Toledo, deslizando la idea que han recogido datos sobre las actividades de Odebrecht. En el comunicado del 2 de enero se señalan dos datos sólidos: 1) Según el fiscal Castro, la información suiza vinculada a actos de corrupción en el Perú “se encuentra asegurada”, una información que por la reserva, “solo es de conocimiento de la fiscalía peruana y las autoridades internacionales que colaboran con nuestro sistema de justicia”, por lo que la estrategia de su despacho fiscal se basa en la información que maneja. Y 2) que la fiscalía tiene a la fecha siete carpetas de la corrupción brasileña: a) Odebrecht, iniciada en noviembre; b) el tramo 4 de la carretera Interoceánica; c) la construcción de la planta de tratamiento de agua potable de Huachipa; d) el transporte de dinero hacia nuestro país entre los años 2011 y 2014, vinculado a la empresa OAS; e) el caso del ex ministro Juan Sarmiento Soto; f) el caso del empresario de origen israelí, Josef Maiman y g) el caso de presuntos pagos para la construcción del Gasoducto del Sur, realizado por Odebrecht. De los siete casos, seis los tiene el fiscal Castro y uno el fiscal Reynaldo Abia, en investigación preparatoria. El retraso brasileño El problema reside en los límites de esa información, que es escasa frente a otras, o que no tiene permiso brasileño para entregarse oficialmente. Lo primero se hizo patente cuando el Departamento de Justicia de EEUU informó, el 21 de diciembre pasado, que Odebrecht, en el marco de un acuerdo con EEUU y Suiza, reconoció el pago de coimas por U$ 788 millones de dólares a funcionarios de 11 países, incluyendo Perú, donde pagó U$ 29 millones, la mayoría de ellos entre el 2005 y 2008. En esta información hay fechas y procesos que remiten a identificar los implicados en Brasil. Nuestra fiscalía confronta un problema común de los Megacasos, que el juicio mediático avanza dejando atrás a las indagaciones oficiales. Y se agrega un serio problema: Brasil y otros países retrasan la entrega de información dejando sin respuesta a por lo menos diez solicitudes de asistencia de cooperación judicial enviadas desde el Perú. El jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional de la fiscalía, Alonso Peña, ha sido claro: en tres o cuatro meses se recibirá información de Brasil, Suiza y de otros países. El fiscal Castro ha pasado de la paciencia a la urgencia, señalando públicamente que los fiscales extranjeros deben activar los mecanismos de la cooperación espontánea sobre el Perú, sin esperar un pedido expreso. Y es que, según señalan fuentes de la fiscalía, Brasil se ha opuesto al pedido de Suiza para que este país transfiera la información que posee sobre los 29 millones. La información de las delaciones demoran por una razón aparentemente procesal, y es que deben ser evaluados por el Supremo Tribunal Federal para tener efecto legal, aunque este requisito no impidió individualizar sobornos en El Salvador y Panamá. ¿Por qué no sucede lo mismo en el Perú? Las especulaciones son diversas, entre ellas una que debería tomarse en serio, y se refiere a que el volumen de operaciones de Odebrecht aquí ha abierto un proceso que hasta hace unas semanas no se encontraba en la agenda: una negociación con Odebrecht Perú con múltiples movimientos y orientada a que la empresa conserve una parte de los proyectos que operan en el país o los transfiera sin consecuencias legales. Negocios son negocios La sequía de información externa ha llevado a la fiscalía a un giro audaz: la negociación con Odebrecht Perú iniciada a mediados de diciembre pasado. Es un innegable giro de impacto político y procesal que lleva a una primera pregunta compleja: ¿cómo se pasa de la amenaza de expulsión a la negociación?, y ¿cuál será en ella la prioridad, el dinero o la información? Este diario ha reseñado que los tratos entre la fiscalía y Odebrecht están avanzados. El acuerdo ya redactado, inclusive, implicaría: 1) la entrega de información por parte de la empresa, individualizando a sobornadores y sobornados; 2) la empresa dará información sobre la ruta del dinero destinado a las coimas; 3) el pago de un adelanto de reparación y 4) a cambio, la empresa mantendría operativos sus negocios en nuestro país. Este acuerdo no tiene un margen legal que lo lleve a un parecido con el acuerdo realizado entre la empresa brasileña con EEUU y Suiza que, como acaba de recordar el penalista Carlos Caro Coria, está habilitado por una poderosa norma, la Foreing Corrupt Practices Act de EEUU, o ley contra las prácticas corruptas en el extranjero, donde el centro del acuerdo es el Ejecutivo y con cláusulas vinculantes para el proceso judicial. Aun así, es una salida potente para resolver en parte el retraso de la información legalizada desde Brasil. Los reparos del tercer participante de este acuerdo –la procuraduría– son entendibles, especialmente en lo que se refiere a la calidad de la información sobre los implicados, cómo se relaciona con las delaciones en Brasil y si puede haber un acuerdo solo con base en los primeros U$ 29 millones en sobornos. La semana pasada, el nuevo CEO de Odebrecht Perú, Mauricio Cruz, dijo que están dispuestos a colaborar para que la empresa se mantengan activa en el país, pero ha trascendido que el gobierno observaría todo acuerdo que no incluya información de la sobrevaluación de las obras, especialmente la que concierne al Gaseoducto del Sur. Para el Gobierno sería políticamente muy oneroso permitir que Odebrecht transfiera sus acciones, conociéndose que hay costos sobrevaluados. Estrategia y dignidad Hay en todo esto un asunto de dignidad. El Perú se dirige a una coordinación entre poderes, orientado a presionar al Estado brasileño, con el que le liga una asociación preferencial, para que cumpla con su obligación de colaborar más allá de las excusas procesales. Este reclamo podría llegar a la comunidad internacional considerando que en nueve años de acusaciones, Odebrecht contrató 15 obras públicas que ascendían a más de U$ 12 mil millones, las que según el nuevo presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, implicaron coimas por lo menos por U$S 600 millones. El Perú es el segundo país latinoamericano en volumen de obras de esta empresa. La negociación es una buena carta a condición de que la Fiscalía no sea dejada a su suerte o presionada para que entregue nombres. En esta etapa, el primer punto de Lava Jato no son los nombres sino la estrategia indagatoria, la táctica procesal y los arreglos institucionales para encarar el caso inédito. Esta estrategia se perfila con tropiezos. No nos falta un juez Moro, la estrella judicial brasileña. Tenemos varios en la fiscalía peruana, una institución que no solo debe ser exigida sino también apoyada.
