Embajador, presidente de la Asociación Civil Transparencia, ex integrante de la Comisión Presidencial de Integridad.,En esta entrevista, Allan Wagner resalta la importancia de crear un subsistema anticorrupción con un equipo de élite que investigue graves delitos como el pago de coimas de la constructora Odebrecht. Además, dice que el CNM no inspira confianza, por lo que debe vigilarse de cerca el proceso para elegir al nuevo jefe de la ONPE. Han reunido 50 mil firmas en apoyo a sus propuestas de cambios institucionales como reforma electoral, renovación del sistema judicial, más transparencia y mejoras en el funcionamiento interno del Congreso ¿Cuándo las entregarán? Estamos pidiendo una cita a la presidenta del Congreso, Luz Salgado, para hacerle entrega de este testimonio de respaldo ciudadano a la necesidad de un proceso de reformas institucionales que fortalezcan nuestra democracia. Igualmente estamos pidiendo una cita al presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, para el mismo fin. Son firmas recogidas a nivel nacional que esperamos entregar pronto. ¿Cuáles son las propuestas más importantes que buscan entregar a las autoridades? Las propuestas de Transparencia abarcan cuatro áreas. Una tiene que ver con la reforma del sistema electoral, y el énfasis está puesto en que las elecciones primarias de los partidos políticos sean conducidas por los órganos electorales, la prohibición para que postulen personas con condenas de corrupción y otros delitos graves, así como que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) haga un cálculo sobre el costo de cada una de las campañas y los partidos políticos le informen cómo se financiaron. Otra área tiene que ver con la reforma del Poder Judicial, del Consejo Nacional de la Magistratura y aspectos que buscan acercar la justicia al ciudadano. También comprende reformas en transparencia del sector público y el funcionamiento interno del Congreso. Esto podría evitar compras sobrevaluadas en el Parlamento. Por ejemplo, una adquisión de computadoras quedó sin efecto tras las denuncias periodísticas. Eso tiene que ver con las propuestas de la Comisión de Integridad, que plantea una reforma a fondo del sistema de contrataciones del Estado. Nos complace que el premier haya anunciado hace un par de días que está en reorganización el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y de Perú Compras. Eso conduciría a evitar compras sobrevaloradas, compras a empresas fantasmas o el pago de coimas. El eje central de todo es la transparencia. Hay una ecuación conocida: opacidad + arbitrariedad=corrupción. Por eso necesitamos normas y leyes claras, lo que nos conducirá a una sociedad en donde prime la integridad. ¿Cómo se deben investigar denuncias sobre corrupción, como las coimas que Odebrecht pagó a funcionarios de varios gobiernos en nuestro país? Hay necesidad de hacer una reforma a fondo del Poder Judicial y del Ministerio Público. En la Comisión de Integridad proponemos la creación de un cuerpo especializado de lucha contra la corrupción en la Policía, con la finalidad de encontrar a los corruptos. Este cuerpo policial trabajaría unido a los fiscales. Además, en el Ministerio Público planteamos la creación de una Fiscalía Suprema Anticorrupción, que es una recomendación del mismo fiscal de la Nación. Y en el Poder Judicial, se deben crear juzgados especializados en lucha contra la corrupción. ¿Este subsistema debería crearse de una vez? Sería muy importante. Por lo que podemos ver en el caso Odebrecht, se va a requerir de grandes esfuerzos de todas las instituciones del sistema judicial. Este subsistema está siendo materia de estudio por la ministra de Justicia, que recogió las cien recomendaciones de la Comisión de Integridad. ¿Diría que lo que hemos visto sobre Odebrecht es la punta del iceberg de otros casos de corrupción? Podría ser. Creo que hay que esperar el trabajo que hagan los fiscales en Brasil sobre la base se las delaciones premiadas. Ellos tienen que verificar los testimonios y convertirlos en pruebas judicializables y ya luego van a informar a los países en donde se cometieron estos actos ilícitos. Algunos estiman que esto sería entre setiembre y octubre del próximo año. Entre tanto, hay que ir afinando la maquinaria necesaria para investigarlo todo. La Asociación Civil Transparencia, que usted preside, informó que estarán vigilantes al concurso público anunciado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para elegir al nuevo jefe de ONPE, luego de que Mariano Cucho no fuera ratificado en el cargo. Nos ha preocupado mucho que no lo hayan ratificado y que se haya argumentado que hubo fallas en el voto electrónico. Eso no nos convence. Tenemos por el señor Cucho un alto respeto en cuanto a su idoneidad técnica y su absoluta imparcialidad. ¿No ha sido un poco fuerte advertir que estarán vigilantes a las decisiones del CNM? El Consejo Nacional de la Magistratura, la verdad, no nos inspira confianza. Y cuando digo "no nos", hablo en sentido plural, de la ciudadanía. El nuevo jefe de la ONPE tendrá a su cargo las elecciones de 2018 y probablemente deje todo listo para las elecciones de 2021. Y si se ponen en práctica las recomendaciones de la Comisión de Integridad, le daremos facultades para la vigilancia del uso de recursos de los partidos en las campañas políticas. Por eso debemos tener la garantía de que será una persona idónea desde el punto de vista técnico, ético y de absoluta imparcialidad. ¿Debería hacerse un concurso transparente? ¿Por ejemplo haciendo públicas las hojas de vida de los candidatos? Debe ser un proceso muy transparente, porque el cargo es de una gran responsabilidad. El Presidente se comprometió a presentar, antes de fin de año, la declaración jurada de intereses que recomendó la Comisión de Integridad, y ya falta una semana para enero. Estuvimos muy contentos por esta afirmación tan clara del Presidente. Esta declaración jurada de intereses significa transparentar los últimos cinco años de la vida profesional de una persona. Esperamos que el Presidente lo haga y para eso basta con un decreto. La declaración significa poner con precisión qué cargos se ha ocupado en empresas en los últimos cinco años, qué acciones (en empresas) se ha tenido, qué directorios se ha integrado, en qué universidades se ha tenido acciones, entre otras cosas. Nuestra propuesta es que esta información sea presentada por todos los altos funcionarios públicos del país. El mandatario dijo que parte de esa información ya se le entregó a la Contraloría. En realidad, se refería a la declaración jurada de bienes y rentas que se hace al asumir el cargo y que luego se actualiza anualmente. Pero allí no se incluye si ha pertenecido a un directorio o si ha sido accionista. La declaración que proponemos, en resumen, tiene por objetivo principal poder detectar cualquier posible conflicto de intereses por el cargo que alguien ocupe. No hay que verlo solo con un espíritu sancionador, sino como un asunto de prevención.
