Dinero en mano. Tres coroneles, un comandante y un mayor recibían dinero trimestralmente y rendían cuentas con identidades falsas o inexistentes. Se justificaron diciendo que en operaciones encubiertas de inteligencia no es posible revelar las verdaderas identificaciones. Fiscal militar les abrió investigación con fines de denuncia., Cinco oficiales del Ejército vinculados con la administración de los fondos de inteligencia destinados al pago de informantes en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) han sido involucrados por el fiscal supremo del Fuero Militar-Policial, general PNP Emilio Arce de la Torre, en el supuesto desembolso de dinero a “colaboradores fantasmas. PUEDES VER: Ejército dio por terminado contrato con Cencosud, dueña de Wong y Metro, por no pagar deuda de S/. 70 millones El fiscal Arce de la Torre dispuso abrir investigación a los coroneles EP José Calambrogio Cabrera, William Camargo Mochcco y José Zaldívar Grados, además del comandante Edgar Bilbao Gálvez y el mayor Eduardo Sánchez Retuerto. El ex jefe del Comando Especial del Vraem (Cevraem) el general de división César Astudillo Salcedo, en cuya gestión se registraron los hechos que fueron materia de esta denuncia, no fue comprendido en el caso por el fiscal militar porque dispuso una norma interna que responsabilizaba de los fondos de inteligencia a los oficiales de los órganos correspondientes. Sin embargo, Astudillo, actualmente el número tres del Ejército porque ocupa la Inspectoría General, pasará al retiro el 31 de diciembre. A partir de la revelación del programa “Panorama” sobre el pago de fondos de inteligencia a personas que no cumplían con dicha actividad, o a otras cuyas identidades eran falsas, el fiscal militar Emilio Arce de la Torre abrió de oficio el caso por su gravedad y trascendencia. La autoridad interrogó a una serie de efectivos, oficiales y suboficiales, quienes le proveyeron indicios del presunto mal uso de los recursos de inteligencia para pagar a informantes infiltrados en el ámbito de operaciones de los terroristas dirigidos por los hermanos Víctor y Jorge Quispe Palomino. Los fondos son transferidos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a la Segunda Brigada de Infantería, con sede en Huamanga, Ayacucho, con cheques a nombre del administrador de dicho dinero, el coronel EP José Zaldívar Grados. Este oficial es quien requiere el dinero para los gastos de inteligencia, es el encargado de sustentar la finalidad de los recursos y el responsable de presentar las rendiciones de cuenta. Agentes fantasmas El técnico de primera AP Gregorio Mamani Aguilar, cuya identidad aparece en los registros como colaborador de inteligencia y de haber recibido dinero por dicha actividad, afirmó en la declaración jurada en la que aparecen sus nombres y apellidos, que su firma y huella digital son falsos porque nunca recibió fondos a cambio de proveer información de inteligencia. El fiscal Julio Arce de la Torre obtuvo una declaración jurada suscrita por el jefe del Departamento de Inteligencia del Cevraem, coronel José Calambrogio Cabrera, en la que se consigna que recibió dinero para acciones de inteligencia. Pero al momento de ofrecer su manifestación, el coronel Calambrogio afirmó que, como miembro del Comité de Supervisión y Control del Cevraem, “no estilaba contar con un plan de trabajo para la supervisión y control de gastos de inteligencia”. ¿Qué hacía en el Vraem este oficial, entonces? Además, sorprendentemente, expresó “no tener conocimiento sobre el procedimiento para los pagos de informantes”. La columna vertebral de las operaciones de inteligencia en el Vraem es la captación de informantes o colaboradores eficaces con fondos previstos para dicha finalidad, por lo que al fiscal le llamó la atención la respuesta del coronel Calambrogio. El asesor legal del Cevraem, coronel William Camargo Mochcco, expresó que miembros del Comité de Supervisión y Control de los fondos de inteligencia, también cobraron dinero para supuestas actividades de inteligencia mediante la presentación de declaraciones juradas de los supuestos informantes. Es decir, los oficiales que recibían los fondos rendían cuentas de los gastos a sí mismos, como integrantes del comité. Esto explica por qué no se procedía a la verificación de las identidades, huellas digitales y firmas que aparecían en las declaraciones juradas de recepción de dinero. Los oficiales estaban en ambos lados del mostrador. Ellos “fiscalizaban” el dinero que pedían y recibían. Hasta el momento, el fiscal del caso no cuenta con un monto preciso del modo desfalcado, pero lo que ha conseguido descifrar es la modalidad de la apropiación ilícita de los fondos públicos. El administrador de los recursos especiales del Cevraem, el mayor Aldo Sánchez Retuerto, en su testimonio señaló la responsabilidad del coronel José Zaldívar. Afirmó Sánchez que cada tres meses recibía un cheque a nombre de la Segunda Brigada de Infantería del Ejército, valor que luego entregaba en efectivo al coronel Zaldívar. El propio coronel José Zaldívar tenía que rendir cuentas mediante un documento que contaba con el visado del Comité de Control y Supervisión, que el mismísimo Zaldívar integraba, en compañía de los coroneles José Calambrogio y William Camargo, y el comandante Edgar Bilbao. Tirándose la pelota A su turno, el coronel José Zaldívar Grados relató al fiscal que trabajó en el Departamento de Inteligencia como Jefe de la Sección de Colección de Información, Oficial de Control de Planes de Inteligencia y Contrainteligencia. Admitió que el Comando Conjunto le asignaba un presupuesto y era quien elaboraba un plan de ejecución de los fondos que contaba con la aprobación del Comité de Supervisión y Control. Pero Zaldívar Grados aclaró que era el comandante Edgar Bilbao quien distribuía el dinero para gastos de inteligencia y contrainteligencia, quien a su vez confeccionaba una planilla. En su momento, el comandante Edgar Bilbao Gálvez entró en contradicciones. Su trabajo era captar colaboradores e informantes en el Vraem, administraba las planillas de pagos, y además redactaba las declaraciones juradas en las que los firmantes daban fe de haber recibido el dinero. Precisamente, ante este punto, el fiscal Arce de la Torre solicitó precisiones porque, como se ha mencionado, se han descubierto identidades falsas o inexistentes en varias planillas de pagos. Preguntado por qué no verificó las identidades, firmas y huellas dactilares de los supuestos informantes y colaboradores, el comandante Bilbao arguyó: “Porque se trataba de actividades encubiertas”. Y en relación al pago a personas con identidades falsas, arguyó el comandante Bilbao: “La identidad de estos señores es una identidad diferente a la del verdadero colaborador”, porque así se estila en operaciones de inteligencia. Bilbao, al mismo tiempo que recibía y administraba y gastaba los fondos de inteligencia, era miembro del Comité de Supervisión de Gastos y Recursos Especiales. Él mismo se fiscalizaba. Para el fiscal del caso esto es una grave irregularidad. El administrador de Recursos Especiales del Cevraem, el mayor Eduardo Sánchez, también reconoció que los cheques trimestrales se los entregaba al coronel José Zaldívar y no verificaba si era verdadera la información sustentatoria sobre el gasto de dicho dinero. Por estos hechos, el fiscal militar formalizó investigación preparatoria con fines de denuncia contra los coroneles José Calambrogio, William Camargo, y José Zaldívar Grados, además del comandante Edgar Bilbao Gálvez y el mayor Aldo Sánchez Retuerto. Les imputa el presunto delito contra la integridad institucional y desobediencia en agravio del Ejército, el Comando Conjunto y el Ministerio de Defensa. En febrero o marzo debe formularse acusación.
