Puro fuego. Efectivos militares contaban con seis extintores para sofocar de inmediato las llamas, pero sorprendentemente no los usaron, lo que motivó que el fuego se desplazara a oficinas donde había documentación secreta y clasificada.,Archivos documentales de la Dirección de Administración de Personal, de la Dirección de Economía y Finanzas, del Departamento de Informática, de la Inspectoría General, de la Dirección de Inteligencia y de la Oficina de Control de Contratos y Seguros se convirtieron en cenizas en el incendio que se produjo en el Cuartel General de la Fuerza Aérea del Perú, en la avenida de la Peruanidad, Jesús María, el 6 de abril de este año. PUEDES VER: Mininter dispone de 12 vacantes para el ascenso al grado de general PNP Hasta ahora se desconocía qué áreas del edificio de la FAP sufrieron mayor daño con el fuego y qué es lo que devoraron las llamas. Las pérdidas son significativas, según el atestado de la División de Investigación de Incendios, de la Dirección de Seguridad del Estado. Se quemaron documentos secretos de inteligencia, así como los registros de las compras y contrataciones militares, y los legajos de las investigaciones que la Inspectoría seguía a numerosos oficiales y subalternos por presuntos delitos. Por este motivo, el fiscal militar, mayor FAP Benjamín Enríquez Quinde, inició instrucción preparatoria para juzgamiento al jefe de la Administración de Personal, coronel FAP Martín Davelouis Sánchez, y al jefe de la Dirección de Economía y Finanzas, coronel FAP Juan Cassaretto Bardales. El fiscal Benjamín Enríquez, luego de investigar el caso con peritos de Seguridad del Estado, atribuyó a los coroneles Davelouis y Cassaretto responsabilidad por el incendio al no poner en ejecución las acciones para evitar siniestros originados por el fuego. De acuerdo con la acusación del fiscal militar, los coroneles Davelouis y Cassaretto no hicieron nada para terminar con el precario y obsoleto sistema eléctrico en sus respectivas áreas. De haber mejorado las condiciones del cableado, pudo haberse evitado el siniestro que ha destruido un acervo documentario de excepcional importancia para la FAP. Además de los coroneles Martín Davelouis y Juan Cassaretto, el fiscal castrense incluyó en la indagatoria al jefe de Servicio, mayor FAP Marco Cáceres Mascaró, a la capitana FAP Gladys Quesada Acosta, al alférez André Arbayza Abanto y al técnico primero FAP Miguel Molina Vásquez. A estos efectivos se les acusa de no haber dado uso a ninguno de los seis extintores que había en sus oficinas para sofocar las llamas que se originaron por un cortocircuito. Sin embargo, las autoridades no descartan que el incendio haya sido intencional para destruir documentación comprometedora. De acuerdo con la investigación de los peritos de Seguridad del Estado, el foco del incendio se ubicó en la Oficina de Altas y Bajas, perteneciente a la Dirección de Administración de Personal, en el primer nivel del Cuartel General de la FAP. En la Dirección de Economía y Finanzas resultaron calcinados todo los equipos de cómputo que almacenaban los ingresos y egresos del presupuesto de la FAP, además de documentación clasificada. De igual manera, en la oficina de Inspectoría General –órgano fiscalizador del instituto castrense–, se destruyeron documentos de investigaciones y procesos disciplinarios del personal FAP, tanto de oficiales como subalternos. Según el peritaje físico-químico firmado por los ingenieros forenses, los mayores PNP Teodoro Silva Silva y Melquíades Tumba Chamba, y el capitán PNP Luis Romel Huamán, en las instalaciones de la FAP no se detectaron restos de sustancias explosivas. Esto confirmaría que fue un cortocircuito.
