Reacción. Pero el comandante general del Ejército, general de división Luis Ramos Hume, ordenó que los recluyeran en un cuartel hasta que las autoridades resuelvan su situación. Fiscal pidió detención preventiva por 9 meses, pero magistrado se lo negó.,Después de libar licor en la céntrica discoteca cusqueña “La Pre”, cinco efectivos del Ejército pertenecientes a la Quinta Brigada de Montaña despojaron de sus pertenencias al estudiante Fidel Álvarez Alegría en la calle Los Pavitos, a solo cinco cuadras de la plaza de armas. No contaban con que las cámaras de seguridad del municipio del Cusco los había filmado. PUEDES VER: Acusan a generales de buscar sacar al Comandante General del Ejército La suboficial Janet Mollinedo Escalante fue alertada por la central policial de comunicaciones y se dirigió al lugar. Ahí encontró a Fidel Álvarez, quien denunció que cinco militares lo habían asaltado a las dos de la mañana del 19 de noviembre. Le robaron dinero, un celular y hasta las zapatillas. Los implicados son Kevin Vilca Villavicencio, Joseph Huaraka Manuttupa, Djorkaef Díaz Soncco, Jonathan Condori Manuttupa y Ronald Olivera Lucero. La suboficial Janet Mollinedo encontró a los militares a pocas cuadras y los intervino. Negaron haber participado en el asalto; sin embargo, fueron reconocidos por la víctima, Fidel Álvarez. Así que los condujo a la comisaría del sector. La fiscal Miriam Rivas Vega se hizo presente y dispuso la detención de los cinco efectivos del Ejército y solicitó ante el juez Gilbert Arias Paullo la detención preventiva por nueve meses, debido a la gravedad de los hechos. En la jaula Al día siguiente, no obstante, el juez Gilbert Arias denegó el pedido de la fiscal Rivas porque consideraba que no era grave el delito, pues las especies robadas habían sido devueltas al agraviado. Además, increíblemente, el magistrado consideró que, por pertenecer al Ejército, no había peligro de que fugaran los militares. A pesar de la protesta de la fiscal y la potente evidencia del video, el juez dejó en libertad a los acusados. Al día siguiente de los hechos, Huaraka, Vilca, Díaz, Condori y Olivera recuperaron su libertad. Pero los uniformados no contaban con la reacción del comandante general del Ejército, general de división Luis Ramos Hume, quien dispuso que la Inspectoría de la Quinta Brigada de Montaña se encargara del caso. El organismo fiscalizador interno del Ejército resolvió que las infracciones perpetradas por los cinco efectivos eran muy graves, por lo que correspondía que fueran sancionados con arresto de rigor en tanto se procesa la expulsión de estos de la institución castrense. Al filo de la expulsión Mientras tanto, la fiscal Miriam Rivas Vegas apeló la controvertida decisión del juez Gilbert Arias e insiste en requerir la detención de los cinco militares. El caso lo ventilará la Corte Superior de Justicia del Cusco. En un intento para tratar de sustraerse de la acción de la justicia, el efectivo Ronald Olivera Lucero alegó que todo se trataba de una “broma” y que además le devolvieron las pertenencias al agraviado. Este fue suficiente argumento para convencer al juez Gilbert Arias. Empero, el estudiante Fidel Álvarez afirmó que los cinco militares lo violentaron para robarle sus pertenencias. “Su objetivo era robarme las cosas de valor que llevaba, como dinero y mi celular. Como me resistí me patearon en el suelo varias veces hasta conseguir su propósito. Ellos dicen que se trataba de una gresca cualquiera, pero no es cierto, porque se llevaron todo lo que tenía, hasta las zapatillas”, dijo la víctima. Fuentes del Ejército informaron a este diario que al margen de lo que decidan las autoridades sobre el caso, lo que corresponde es expulsar de la institución a los cinco efectivos del Batallón de Comunicaciones adscrito a la Quinta Brigada de Montaña, con sede en el Cusco. Por su parte, fuentes del Fuero Militar Policial señalaron que no pueden intervenir en el caso porque el incidente protagonizado por los efectivos del Ejército no configura un delito de función previsto en el Código Militar. El comisario que recibió el caso, comandante Rommel Casanova Gómez, expresó su indignación por la liberación de los militares. “Nosotros hacemos nuestro trabajo, pero el Poder Judicial los libera”, dijo.
