Ejecutivo. En el marco de la delegación de facultades, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, explicó que también se crea una gestión centralizada de los notarios públicos a nivel nacional.,El tan discutido fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) finalmente se hará efectivo previsiblemente hoy. En el marco de la delegación de facultades, el Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto legislativo que fortalece a la UIF, y que permitirá que este organismo acceda a la información del secreto bancario y la reserva tributaria, mediante una orden judicial. PUEDES VER: Pérez Tello rechaza que haya solicitado cambio de penal para Belaunde Lossio El jefe del Gabinete de Ministros, Fernando Zavala, explicó que este decreto dicta medidas para incorporar bajo la supervisión de la UIF a diversas entidades así como personas naturales y jurídicas. "Se fortalecen las facultades de la UIF-Perú en materia de acceso a información protegida por el secreto bancario y la reserva tributaria, mediante autorización judicial. Se crea una gestión centralizada de los notarios públicos a nivel nacional, a través de un órgano centralizado de prevención, entre otras medidas", añadió Zavala. Esta acción busca reforzar la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Lavado de activos En ese sentido, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, refirió que estas normas tienen como objetivo "optimizar los medios del Estado". Detalló que en el ámbito de acción de la UIF se incorporará en "calidad de sujetos obligados" a personas naturales y jurídicas que, eventualmente, podrían ser utilizadas para este tipo de delitos que involucran al crimen organizado. Por ejemplo –según dijo Pérez Tello– se ha incluido a los procesadores de tarjetas de crédito y débito, a las empresas de préstamos, a las compañías de juegos y apuestas deportivas, y a las que otorgan financiamiento sin intermediación bancaria y operan en plataformas virtuales. A esta figura también se añade a los abogados y contadores públicos colegiados, así como a las empresas del Estado, los gobiernos regionales y provinciales, y los organismos supervisores de las contrataciones estatales. También están el Jurado Nacional de elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). "Esto no impacta y no violenta el secreto profesional, es decir, hay un ámbito protegido", enfatizó. "Los nuevos sujetos tendrán la obligación de remitir la información que obtengan, en razón de la función que desempeñan, y que pudiera entrañar una operación sospechosa para que pueda ser procesada con la UIF", agregó Pérez Tello. Cruce de información Con estas nuevas facultades, la UIF podrá cruzar información para determinar las eventuales responsabilidades en estos delitos, manifestó la titular de Justicia. El fortalecimiento de la UIF fue uno de los temas más discutidos antes de la delegación de facultades en el Congreso, especialmente por la bancada fujimorista, que rechazó que este organismo pueda compartir información con los entes electorales, es decir, el JNE y la ONPE. Finalmente, el Ejecutivo indicó que se habilitará a la UIF para el envío de información de inteligencia al Ministerio Público sobre delitos presuntamente procedentes del lavado de activos. Asimismo, se creará un organismo centralizado de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y se establecerá un "procedimiento judicial especial" que permita a la UIF el acceso al secreto bancario y la reserva tributaria. "Esta fue una modificación que se incorporó, copiando el modelo chileno, que es el más restrictivo, pero que es suficiente. Hemos hecho algunos correctivos de manera que esto pueda tener fluidez y no se perjudique con los retrasos de la administración de justicia", enfatizó. En la sesión del Consejo de Ministros, que se prolongó por más de seis horas, además, se acordó potenciar el seguimiento a actividades "poco fiscalizadas", como las que realizan los agentes inmobiliarios, las agencias de viajes y turismo, los establecimientos de hospedaje, las empresas mineras y las compañías de juegos de loterías y similares.
