Crimen protegido. Organización se ha apropiado de más de S/ 100 millones en cobranzas coactivas a diversas instituciones del Estado. Fiscal encontró delito, pero la Corte Suprema dice que todo es legal y le entregarán dinero del municipio de Tacna.,Una organización criminal utiliza las facilidades que la ley da a los municipios, en las cobranzas coactivas, para defraudar al Estado por varios millones de soles. PUEDES VER: Policía y Fiscalía se unen contra el fallo que liberó a banda criminal Esta semana, esa banda pretende cobrar nada menos que 7,8 millones de soles de los fondos que la municipalidad de Tacna tiene en las cuentas del Banco de la Nación. Los funcionarios del banco sienten el fraude, pero se ven legalmente impedidos de evitarlo. La Ciudad Heroica desconoce que le están por desaparecer su dinero. Esta organización opera desde el 2008 y hasta el momento se habría apropiado de más de S/ 100 millones, en miles de cobranzas coactivas de multas ficticias o exageradas. Cobranzas pequeñas de unos mil soles y otras de hasta 10 millones. Las andanzas de esta organización se descubrieron el 2012 por acción del Banco de la Nación y del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet). El Banco de la Nación advirtió que algo raro pasaba cuando en abril del 2012 el ejecutor coactivo de Sunampe, Chincha, Víctor Romero Matías, le exigió el pago de S/ 1,2 millones como responsable solidario del Gobierno Regional de Ica. Además, el mismo ejecutor coactivo le pedía pagar 7,8 millones de las cuentas de la Municipalidad Provincial de Tacna, y 1,3 millones de soles del municipio de Mariscal Nieto, también declarados responsables solidarios. El Ingemmet había pagado 9,1 millones de soles en cobranzas coactivas y se le acumulaban reclamos por otros 50 millones, el 2012. Denuncia penal El Ingemmet y el Banco de la Nación denunciaron la situación a la Fiscalía. Según la investigación que realiza el Ministerio Público, los operadores de esta organización se acercan a los alcaldes de pequeños centros poblados y les ofrecen mejorar su presupuesto vía convenios de tercerización de cobros municipales. Alcaldes que reciben 100 soles de presupuesto al año, aceptan y firman documentos sin pensarlo mucho. Una vez enganchado el alcalde, ubican en su territorio las entidades estatales o privadas que pueden ser multadas: comisarías, puestos policiales, prisiones, colegios, redes eléctricas o de telefonía, centros comerciales, casinos, restaurantes, etc. Haz clic en la infografía para extenderla Generando la multa Las instituciones públicas están exoneradas del pago de impuestos, pero pueden ser multadas, por ejemplo, por no presentar la declaración jurada de estar exonerados del pago de impuestos. Así se impone la multa y la organización logra su objetivo: iniciar el procedimiento coactivo. En otros casos ni siquiera hay motivo para imponer una multa. Se impone y ni siquiera se notifica. El multado no suele ser el objetivo primordial. De acuerdo con el expediente entregado al Banco de la Nación, el 6 de abril del 2011, la municipalidad de Sunampe había iniciado el procedimiento de cobranza coactiva a América Móvil del Perú (Claro) por una multa equivalente a 7,8 millones de soles. Los motivos de la multa se desconocen, habría sido por las antenas o el tendido de la red de telefonía de Claro en Sunampe. El ejecutor coactivo dirá que la imposición de la multa corresponde a otra área y lo único que él verifica es la cobranza. Cobrando a Tacna Con la cobranza en marcha, crean documentos para aparentar que han solicitado a un tercero: otro municipio o institución del Estado que se convierta en retenedor de fondos. Luego, sin que el municipio o entidad retenedora se entere, lo declaran responsable solidario, según la ley. Esto es lo que le sucedió a Tacna. El 2 de mayo del 2011, el ejecutor coactivo de Sunampe, dicen los documentos, remitido un oficio al municipio de Tacna, adjuntándole una resolución en la que le requerían retener determinados fondos de América Móvil y transferirlos vía cheque a Sunampe. La alcaldía de Tacna dice que recibió el oficio, pero que la resolución adjunta decía otra cosa ininteligible. Al no cumplir el requerimiento, el 25 mayo del 2011, Sunampe declaró responsable solidario a Tacna de la "deuda". Las autoridades de Tacna nunca se enteraron, aunque los sellos de recibido siguieron apareciendo en el expediente. El 28 de junio, Sunampe declaró consentida la resolución contra la Ciudad Heroica y le trasladó la deuda. El 7 de marzo del 2012, Sunampe requirió al Banco de la Nación el pago de los S/ 7,8 millones. Como dijimos, el banco sospechó y la cobranza se detuvo. Otros casos La Fiscalía encontró otros 200 casos de cobranzas coactivas, en Sunampe y en otros centros poblados, donde se repite el mismo esquema y aparecen nombres en común, que evidencian un solo operador en las sombras. El 26 de diciembre del 2014, la Fiscalía acusó ante el Poder Judicial a 47 personas, entre alcaldes, funcionarios municipales, ejecutores coactivos y abogados integrantes de esta organización, por diversos delitos. Los jueces tienen la acusación en control de y el juicio no comienza. La Corte Suprema Al enterarse del tema, el 17 de mayo del 2012, el procurador de la municipalidad de Tacna impugnó judicialmente la declaratoria de responsable solidario. El 3 de agosto de este año, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema concluyó que el procedimiento de cobranza coactiva es correcto, porque en los oficios de Sunampe aparece el sello de recibido de Tacna. El procedimiento de cobranza no es lo que se cuestiona. Es correcto. La trampa está en la generación de la deuda. Con la resolución de la Suprema, el 26 de octubre último, Sunampe volvió a requerir al Banco de la Nación el pago de los S/ 7,8 millones de las cuentas de Tacna. La cobranza se realiza a través del ejecutor coactivo de Comas. Si el banco de la Nación se niega o avisa a Tacna, puede ser declarado responsable solidario. Los 7,8 millones ya no saldrían de Tacna, sino del mismo Banco. A dónde va el dinero La duplicidad en las acciones del sistema de Justicia, la Fiscalía que encuentra delito y la Corte Suprema diciendo que la cobranza es correcta, muestra, como en el caso Orellana, que los jueces ven las formas y no el evidente robo al Estado y lo convalidan. Al final, poquísimo del dinero de la cobranza coactiva llegará a los centros poblados como Sunampe. Aunque los convenios dicen que recibirán hasta el 60% de lo que se recobre, la organización se queda con la estrella más grande o con toda la torta. Descubriendo la mente criminal y a sus secuaces En diciembre del 2014, la Fiscalía contra el Crimen Organizado pidió seis años de prisión para el alcalde de Sunampe, Carlos Grimaldi Moyano, y los cobradores coactivos Pedro Romero Matías, Cinthia Torres Baca, César Barrutia y Erick Aldredo Almeya Levano, por delito de estafa, abuso de autoridad y exacción ilegal en agravio del Banco de la Nación, el Gobierno Regional de Ica y las municipalidades de Mariscal Nieto-Moquegua, Tacna y el Estado. La acusación de la Fiscalía de Crimen Organizado incluye otros 21 casos de cobranzas coactivas irregulares en agravio de los gobiernos regionales de La Libertad, San Martín, Pasco, el Proyecto Especial Chavimochic, Hidrandina, Cosapi, Policía Nacional, INPE y municipales que han terminado como responsables solidarios de particulares o de otras entidades del Estado. Otra investigación de las fiscalías supraprovinciales anticorrupción ha identificado 200 cobranzas coactivas fraudulentas a nivel nacional y hay más.
