Exfiscal Peláez se jubiló sin que su proceso disciplinario, iniciado hace 5 años, lo concluyera el CNM. De los 83 pedidos de cese presentados por OCMA desde el 2014 se han resuelto 34, otros 49 siguen en trámite. Ministerio Público pidió destituir a 30 fiscales y CNM solo resolvió 8 casos.,Los procesos disciplinarios a jueces y fiscales demoran, relativamente, el mismo tiempo en la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), que en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). PUEDES VER: Los 5 ejes que comprenden las facultades legislativas que Zavala pidió al Congreso En ese sentido, que el Consejo asuma las funciones de la OCMA y la Fiscalía Suprema de Control Interno, como propone el presidente del CNM, Guido Águila Grados, podría ser una trampa, como piensan en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Demoras y demoras Veamos los datos del propio CNM que inducen a esta posición. La República descubrió que el 2014 un proceso en la OCMA demoró 5 años y 10 meses, al cabo de lo cual pidió al CNM la destitución de una jueza de Tumbes. De los últimos años, es la investigación que más ha durado en la OCMA. Hoy por impulso de su nueva jefa, la jueza suprema, Ana María Aranda, los procesos se han agilizado en un 100% en la Oficina de Control. En dicho caso, la OCMA encontró responsable a la jueza de afectar el deber de imparcialidad, al no inhibirse en un juicio contra una empresa, que era defendida por el estudio de abogados de su pareja sentimental. Además, que realizó un viaje en compañía de su pareja, con pasajes aéreos pagados por la referida empresa, que contrataba con el gobierno regional de Tumbes. Pero, un año, 2 meses, 3 semanas y 1 día después, el CNM absolvió a la doctora Maldonado, con el argumento de que no importaba quien pagó los pasajes, pues la pareja sentimental no ejerció la defensa directa de la empresa. Luego, el CNM también se toma su tiempo para resolver, como se ve en el expediente 05-2014, que es uno de los casos provenientes de la OCMA que más tiempo demora en resolverse: en la OCMA se demoraron 3 años, 5 meses, 2 semanas y 5 días, pero en el CNM ya tiene 2 años, 8 meses, 1 semana y sigue en trámite. Peláez-Ramos La misma demora también se observa en los procesos a jueces y fiscales supremos que se inician directamente en el Consejo Nacional de la Magistratura. Es el caso del expediente 037-2014-CNM iniciado hace cinco años y 2 meses. En este caso, los investigados son los ex fiscales supremos José Peláez Bardales y Carlos Ramos Heredia, que aún están en trámite. El doctor Peláez ya se jubiló y Ramos fue destituido en otro caso. Motivos de destitución Otra cosa preocupante es que lo que la OCMA considera falta grave para una destitución, para el CNM no lo es. En este punto el CNM suele ser más “otorongo” que la OCMA. Uno de los casos más polémicos de los últimos años es el del juez superior del Callao, Daniel Peirano Sánchez. La OCMA pidió su destitución, a la vez que la fiscalía lo investiga por tráfico de influencias, porque su chofer pidió dinero, un terno y una camisa a un litigante para que el juez resuelva a su favor. En enero último, el CNM absolvió a Peirano al considerar que había un doble juzgamiento entre el procedimiento penal y el disciplinario administrativo, cuando ambos son totalmente distintos. Se olvidaron los consejeros, tal vez porque la mayoría no son abogados, que no todos los hechos que ameritan una destitución son un delito, pero todos los hechos delictivos cometidos por un juez o fiscal deberían merecer la destitución. Al ser el doctor Peirano inocente debió ser absuelto con otros argumentos, pues esa justificación solo alienta la impunidad. Todos los jueces o fiscales que reciben una coima se enfrentan a un doble proceso, por un lado la OCMA busca la destitución y al frente el Ministerio Público la sanción penal. Cantidad de procesos Otro detalle que debe tomarse en cuenta al evaluar la propuesta del doctor Guido Águila es la cuestión del número de procesos implicados. Parte de la demora de la OCMA es que en un año debe investigar y resolver un promedio de tres mil quejas o denuncias contra magistrados y personal jurisdiccional. La mayoría de esos casos se resuelve con amonestaciones, multas o suspensiones por determinados periodos de tiempo y menos del 1 % concluyen con pedido de destitución, que son los que son evaluados por el CNM. Ese porcentaje mínimo es el que en el CNM demora meses o, como hemos visto, hasta tres años en resolverse. De los 16 pedidos de destitución presentados por el Poder Judicial ante el CNM, en lo que va de este año, ninguno es resuelto hasta la fecha, afirmó la jefa de OCMA en una entrevista en Radio Programas. Otro detalle, en la OCMA trabajan unas 200 personas a dedicación exclusiva para los procesos disciplinarios, sin contar los que laboran en las Oficinas Desconcentradas de Control, las ODECMAS. En todas, además, interviene la sociedad civil, como veedores. El CNM tendrá que aumentar significativamente su personal y presupuesto, si quiere ver todos estos casos sin olvidar su principal función: elegir y nombrar magistrados. Sin mencionar la propuesta de la congresista Yeni Vilcatoma, para que también nombre a los procuradores. Oposición a propuesta Es este cúmulo de cifras que sustenta la resistencia que genera en el Poder Judicial, el Ministerio Público y parte de la sociedad civil, la propuesta de control disciplinario que el CNM presentó ayer a la Comisión de Constitución del Congreso. El CNM plantea cambiar la Constitución para que ellos se encarguen de investigar y sancionar a los jueces y fiscales en todos sus niveles. Hoy solo lo hacen con los supremos. “Primero recompongamos la estructura del CNM y después discutamos si vamos a remodelar las funciones. Creo que ellos están poniendo la carreta delante de los bueyes y eso es absolutamente incorrecto y metodológicamente tramposo”, declaró el presidente encargado del PJ, César San Martín. El fiscal supremo Tomás Gálvez consideró que el CNM está tratando de desviar la atención de sus propios cuestionamientos. “El CNM era objeto de criticas por su actual composición y de repente sale con esta propuesta”, subrayó Gálvez. Pablo Sánchez, el fiscal de la Nación, considera que el CNM debe concentrarse en una mejor selección de jueces y fiscales, para disminuir la corrupción judicial y la provisionalidad. El debate está abierto y se espera el Congreso pondere todas las opiniones y, lo más importante, preserve la independencia y autonomía de las instituciones judiciales. La sociedad civil ya participa en el control “Por cuestión de principios nos oponemos a la propuesta del CNM. Creemos que no debe asumir más funciones que las que ya tiene”, señala el catedrático Roberto Cerpa Rodríguez, representante de las facultades de Derecho de las universidades públicas ante la OCMA. Cerpa Rodríguez recuerda que desde enero del 2004 la sociedad civil ya participa en los procesos disciplinarios de los jueces que sigue la OCMA por faltas en el ejercicio de sus funciones. “Hacemos el seguimiento de la investigación y vemos que se cumpla el debido proceso”, precisa Cerpa. Dice, además, que todas las instituciones del Estado tienen sus oficinas de control interno, como es la OCMA en el Poder Judicial, y que en los organismos de la administración de justicia debe ser igual. El representante de las universidades públicas reclama más presupuesto para que esta representación de la sociedad civil alcance a todas las oficinas de la OCMA. Hoy solo interviene en la OCMA y en las Odecmas de Arequipa, Junín, Cusco, Chiclayo y Lima, aunque no con todos sus integrantes, por falta de presupuesto. Anota que lo que se debe mejorar son los procedimientos, aunque sin afectar el debido proceso ni el derecho de defensa, para que las investigaciones se realicen con más rapidez y con sanciones justas. Proyecto El Consejo Nacional de la Magistratura propuso al Congreso modificar los artículos 154°, 155° y 156° de la Constitución. En el 154° plantea que sus funciones sean destituir y ejercer el control disciplinario de jueces y fiscales en todos los niveles, además de nombrar y ratificar. Respecto del 155° propone que los consejeros sean elegidos en voto universal por todos los jueces y fiscales, por los colegios profesionales afines al sistema de justicia y por los órganos de gobierno de las universidades.
