María Ysabel Cedano. Directora de la organización para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus).,Para Cedano, es vital que aquellos que van a ejercer la carrera magistral sean instruidos de manera correcta en temas de violencia de género. En ese sentido, también resalta el trabajo articulado de varios sectores como el de la Mujer, el Interior, de Salud, de Trabajo y Educación para combatir delitos machistas. PUEDES VER: La marcha Ni una menos no quedará en lo anecdótico Tras el éxito de la marcha #NiUnaMenos, ¿qué le correspondería hacer al Estado ahora? En primer lugar, el Ejecutivo debe anunciar las metas del gobierno en los primeros cien días, al 2018 y al 2021, para garantizar el cumplimiento de la política de igualdad de género y contra la violencia machista. El plan operativo bianual es uno de los pedidos del colectivo, ¿qué contempla? Es un plan con metas, indicadores, acciones y estrategias que cada entidad competente reciba el presupuesto necesario para cumplir con aquello. Además, se debe ya iniciar con un sistema nacional contra la violencia a las mujeres, que también se ha creado con la aprobación de este plan y que implica que todos los sectores del Estado y distintos niveles del gobierno actúen de forma articulada. Es decir, que haya un trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y también organismos constitucionalmente autónomos. ¿Qué medidas se deberán tomar para prevenir estos delitos? Que se contemple políticas de educación sexual libres de machismo, libres de discriminación por razones de sexo y género. Y también es muy importante que el sistema de justicia cumpla con adecuar su normativa y adopte todas las medidas administrativas necesarias para cumplir con la nueva ley contra la violencia hacia las mujeres. ¿Cómo se debería hacer lo que me menciona? No solo creando fiscalía contra el feminicidio, también juzgados contra la violencia de género porque estos van a colapsar por la falta de capacidad que se tiene. ¿En esa medida también se deberá educar a los futuros jueces en cómo tratar estos casos? La Academia de la Magistratura ha adecuado su reglamento para cumplir con formar en género y justicia a los que aspiran a ser magistrados. Sin embargo, el problema que uno encuentra es que hasta la fecha la malla curricular no se modifica para cumplir con ese reglamento. No debe ser de carácter opcional, porque el compromiso que firmó el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue que se iba a impartir esta formación de manera obligatoria. No se trata de un curso aislado, se trata de todo un currículo. ¿Qué cosas evitaría que se implemente ello? Por ejemplo, un magistrado no debe partir de la premisa de que la mujer denunciante estaría mintiendo y que tenga que haber una pericia psicológica que lo demuestre, porque la función de esta pericia no es esa. Todo ese trabajo articulado que menciona, ¿comprende que ministerios como el del Interior, Mujer, Salud y Educación hagan esfuerzos para reducir ese flagelo? También el Ministerio de Trabajo, porque ahora una víctima cuando denuncia tendrá derecho a licencia laboral para que no sea despedida ni se le descuenten las horas que le tome un proceso de investigación. Para eso, este sector junto a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral tienen que inspeccionar que los centros de trabajo cumplan con respetar esos derechos.
