El expediente se encontraba “congelado” en la Inspectoría General de la PNP aparentemente para no implicar a altos oficiales, pero por decisión del ministro del Interior, Carlos Basombrío, y del titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, se destrabarán las pesquisas para identificar a los responsables de seis acciones en las que resultaron muertos 27 sospechosos.,Después de que el caso de las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por efectivos policiales se encontrara estancado más de un año en la 35a Fiscalía Provincial Penal de Lima, el expediente ahora será asumido por el fiscal especializado en Crimen Organizado, Álvaro Rodas Farro. PUEDES VER: Salaverry dice que "darán el beneficio de la duda" al Gabinete de Zavala El fiscal Rodas deberá establecer si existió un "escuadrón de la muerte" conformado por agentes de la policía que entre 2012 y 2015 eliminaron a 27 sospechosos. Cuatro episodios ocurrieron en Lima y los otros en Chincha y Chiclayo. Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, constituyó un equipo especial para que en el plazo de diez días útiles informe por qué la Inspectoría General de la Policía Nacional, que investigó el caso y lo denunció ante el Ministerio Público, luego lo abadonó y dejó de cooperar con la fiscalía. El grupo especial está encabezado por el viceministro de Orden Interno, Rubén Vargas Céspedes; la inspectora general del Sector Interior, Susana Silva Hasembank; el general PNP (r) Luis Montoya Villanueva; y el abogado Luis Naldos Blanco. El 28 de marzo de 2015, la Inspectoría General de la Policía Nacional reportó al Ministerio Público que efectivos de la Sub Unidad de Acciones Tácticas (Suat), de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) y de la Dirección de Inteligencia de la PNP (Dirin) intervinieron en operativos en los que presuntamente fueron ejecutados delincuentes comunes. Según la Inspectoría, los fallecidos fueron presentados como caídos durante enfrentamientos con la policía, cuando los peritajes indican más bien que recibieron disparos de arriba hacia abajo, y de atrás hacia adelante, y a corta distancia, lo que implicaría que fueron detenidos y ejecutados. No obstante la gravedad de las acciones, cuatro casos ocurridos en Lima pasaron a manos del fiscal José Ulloa Gavilano, y los otros a las fiscalías de las jurisdicciones de Chincha y Chiclayo. Las indagaciones avanzaron poco o nada. Sospechosa lentitud Luego que una investigación de La República revelara que la Inspectoría General de la Policía Nacional no respondía a los requerimientos de información del fiscal Ulloa, el titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, dispuso que la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado –que tiene alcance nacional– se encargue de la investigación. Ahora será el fiscal Álvaro Rodas quien dirigirá las pesquisas. Entre los operativos en los que participó un presunto "escuadrón de la muerte", se cuenta el que se registró a las nueve de la mañana del 18 de noviembre de 2012, en Zapallal Alto, en Puente Piedra. Ese día agentes de la SUAT acabaron con la vida de cuatro sospechosos que pretendían supuestamente secuestrar a un empresario de colchones. Entre los muertos había policías: el teniente PNP Franco Moreno Goyoneche, los suboficiales PNP Roger Manrique Torres y Víctor Monggo Valdera, además del civil Miguel Jibaja Suárez. Por este hecho y por otros cinco casos más con el mismo patrón criminal, el comandante PNP Franco Moreno Panta denunció ante la Inspectoría General de la PNP a los efectivos que participaron en el operativo. Este es el origen del caso que ahora indagarán la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado y la comisión especial del Ministerio del Interior. Señales de ejecución Cuando ocurrió la intervención policial, el entonces jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), general PNP César Cortijo Arrieta, convocó a una conferencia de prensa en el mismo lugar de los hechos Cortijo reportó que se había frustrado el plagio de un empresario colchonero, y que la acción terminó en un enfrentamiento armado entre las fuerzas del orden y una banda de delincuentes. El titular de la Tercera Fiscalía Provincial Mixta de Puente Piedra, Luis Serquén Ugarte, investigó el caso y dispuso que le entregaran toda la documentación previa a la ejecución del operativo policial. De acuerdo con los dictámenes periciales de balística forense del Laboratorio de Criminalística, los cuerpos de los fallecidos tenían impactos de bala en cabeza, tórax y extremidades, disparados con arma de largo alcance de 7.62 mm. En el caso de Franco Moreno Goyoneche, este presentaba tres impactos de bala, uno de ellos en la región occipital. Roger Manrique presentaba tres orificios, uno de ellos en la nuca. Y Víctor Monggo recibió seis balazos. Además, el fiscal Luis Serquén descubrió que el caso, en lugar de asignarse a la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri, extrañamente se trasladó a la División de Investigación de Robos, a cargo del coronel César Iturrizaga Cruzzalegui. Después se supo el motivo. El jefe de la operación fue el comandante PNP Ernesto Gonzales Gálvez, precisamente de la División de Investigación de Robos y el Capitán Wilfredo Sullca Llamoca de la Suat. normal nomás Gonzales informó a sus superiores que efectivos de su unidad, con el apoyo de agentes de la SUAT y de la Digimín, sorprendió a los supuestos delincuentes que iban a secuestrar al empresario Raúl Badillo Marcelo, a quien consiguieron liberar. La información sobre el plagio supuestamente fue filtrada por agentes de la Digimín. Indagaciones posteriores determinaron que el empresario Raúl Badillo no estaba en Lima cuando ocurrieron los hechos. Y al ser interrogado, afirmó no saber nada sobre un intento de secuestro. No obstante el elocuente testimonio, la División de Investigación de Robos emitió un atestado en el que se afirma que Raúl Badillo fue liberado de los plagiarios y denunció a John Nolly Ugaz, uno de los supuestos delincuentes que sobrevivieron a la intervención policial, por los delitos de secuestro, extorsión y tenencia Ilegal de armas. En su momento, La República preguntó al comandante Ernesto Gonzales en qué circunstancias fueron abatidos los presuntos delincuentes. Respondió que él y su grupo no participaron en el operativo y que arribaron al lugar 20 minutos después. “Cuando llegamos al corralón, ya todo estaba consumado. Todos estaban muertos”, afirmó. Ahora el comandante Ernesto Gonzales es uno de los 97 efectivos policiales que serán investigados por la comisión que preside el viceministro Rubén Vargas y por el fiscal de Crimen Organizado, Álvaro Rodas. Durante las averiguaciones, el suboficial de la SUAT John Ataucuri Cueva, quien resultó herido en el codo derecho, dijo al fiscal que recibió el impacto de un proyectil cuando se encontraba en una camioneta policial durante la balacera con los delincuentes. Según el peritaje balístico Ataucuri fue herido por un proyectil de 7.62 mm.; sin embargo, los sospechos portaban armas de .38 y 9 mm. La versión del agente de la SUAT no coincidía con la realidad. Datos En el Congreso. Algunos legisladores no descartan la posibilidad de constituir una comisión investigadora para asumir el caso de las supuestas ejecuciones extrajudiciales. Desatino. El congresista Mauricio Mulder señaló que de confirmarse los casos, Ollanta Humala podría ser acusado por crímenes de lesa humanidad. Olvidó mencionar que sería el mismo caso de Alan García por los casos El Frontón, Lurigancho, Santa Bárbara, Cayara y otros. Yerro. El fujimorista Luis Galarreta propuso que investigue la Comisión de Defensa, pero no le corresponde. Policías usaron vehículo de canal de TV en operativo El periodista de Frecuencia Latina Fernando Alva Pasache fue convocado por la policía para "un operativo exclusivo" en Puente Piedra, el 18 de noviembre de 2012. Fernando Alva reveló ante el fiscal José Ulloa Gavilano que ese día partió a las 6 de la mañana en un vehículo de la empresa y que en el camino, por inmediaciones del óvalo de Naranjal, en Los Olivos, se encontró con agentes de la policía que le solicitaron en préstamo la camioneta para que subieran efectivos de la SUAT. Ese vehículo ingresó horas antes al corralón donde fueron emboscados cuatro presuntos delincuentes que habían ingresado supuestamente convocados por un informante. Sin embargo, en el atestado que elaboró la División de Investigación de Robos no se menciona la utilización de la camioneta de Frecuencia Latina. El periodista también mencionó que la policía presentó imágenes del operativo como si fueran parte de un seguimiento de los presuntos delincuentes. En realidad, se trataba de filmaciones que había realizado el propio periodista. Un colaborador eficaz de la fiscalía señaló que un informante de la Digimín fue el que dio el dato sobre los delincuentes.
