Precedente. Por primera vez en el Perú el Poder Judicial tratará un caso de violencia sexual, cometido en la década de los 80, en agravio de campesinas de comunidades huancavelicanas.,En los años 80, gran número de mujeres de las comunidades huancavelicanas de Manta y Vilca fueron víctimas de violación sexual perpetrado por integrantes del Ejército acantonados en la zona. PUEDES VER: PJ decidirá el próximo martes si revoca prisión preventiva a Gregorio Santos Dieciocho de ellas se atrevieron a denunciar el hecho, pero no todas tuvieron acompañamiento psicológico para afrontar la investigación, y sus casos se quedaron en el camino. Sin embargo, nueve de ellas han llegado hasta ver concretado el juicio oral que se iniciará mañana a las 8:15 horas en la Sala Penal Nacional. Catorce militares pasarán a juicio oral. Unos por ser presuntos autores directos y otros por ser considerados autores mediatos del delito contra las buenas costumbres, la libertad y el honor sexual, considerado de lesa humanidad. Los miembros del colegiado "B" de la Sala Penal Nacional también resolvieron incorporar al Estado como tercero civil responsable. Según la tesis fiscal, los acusados quebrantaron la ley como dependientes del Ejército y en desempeño de sus funciones, y usaron instalaciones militares para la agresión sexual. Defensa no colaboró Las primeras denuncias por este crimen se presentaron el 2007 en Huancavelica. Dos años después en Lima, en el 2009, la fiscalía supraprovincial de Huancavelica solicitó información al Ministerio de Defensa sobre la cadena de mando cuando ocurrieron los hechos. No tuvo respuesta. En el 2013, el Tercer Juzgado Penal Nacional informó que Defensa no había remitido los nombres de los jefes de las bases militares de Manta y Vilca ni sus respectivos alias; lo que impidió establecer la cadena de mando y las responsabilidades penales y políticas. Aún así, la acusación contra 14 militares prosperó. Por primera vez en el Perú el Poder Judicial tratará un caso de violencia sexual en agravio de campesinas. Las víctimas de las comunidades huancavelicanas son patrocinadas por abogados de IDL y de Demus.
