Advertencia. Autoridades altiplánicas cuestionaron derogatoria de las leyes de formalización minera que planteó la candidata de Fuerza Popular porque representa un retroceso en el proceso de conseguir mejores condiciones de vida para más de 70 mil trabajadores de La Rinconada, un espantoso lugar a más de 5 mil metros de altura donde reinan la minería ilegal y el crimen.,El director regional de Energía y Minas de Puno, el ingeniero Miguel Rodríguez Huanca, consideró que la propuesta de la candidata Keiko Fujimori de derogar las leyes de formalización minera ha sido lanzada a la ligera y sin tomar en cuenta que dichas normas protegen a los habitantes de la cuenca del río Ramis de la contaminación que se origina en las zonas mineras de La Rinconada y Ananea. PUEDES VER: Kuczynski advierte que el país “está a puertas de ser un Narcoestado” La importancia del río Ramis radica en que alimenta de agua a la población ubicada al lado izquierdo de la región Puno, específicamente en las provincias de Azángaro, Carabaya y Melgar. Para el ingeniero Rodríguez, el apoyo que ha recibido la propuesta de Keiko Fujimori entre los mineros ilegales era previsible. "Se trata de mineros que no cumplen con la normativa, que no les da la gana de formalizarse y quieren trabajar dentro de la ilegalidad", afirmó a La República. "Nosotros como Gobierno Regional trabajamos en operativos, cortamos sus mangueras con las que realizan el vertimiento de minerales al agua, principalmente mercurio, contaminando la cabecera de cuenca del río Ramis", explicó el ingeniero Rodríguez. El centro poblado de La Rinconada tiene alrededor de 50 mil habitantes. El 80 por ciento se dedica a la minería ilegal. El 20 por ciento restante es comerciante, en particular de carne. La Rinconada es una zona minera donde las condiciones de trabajo son espantosas. El presidente del Frente de Defensa de la Cuenca del río Ramis, Vladimir Mamani Cruz, indicó que lo dicho por la candidata Fujimori es tan negativo que las autoridades de los 12 distritos de la cuenca (Samán, Muñani, San Antón, San Juan de Salinas, San José, Progreso, Achaya, Asillo y Potoni, en la provincia de Azángaro; Crucero y Antauta, en Carabaya; y Orurillo, en la provincia de Melgar), se han reunido para manifestar su rechazo al planteamiento de la derogación de los decretos que regulan la minería ilegal. Todo indica que estallará un conflicto si se cumple la promesa electoral de anular los decretos contra la minería ilegal. Fuera de la ley "Nos vamos a reunir en el distrito de San Antón para dar a conocer nuestro rechazo. Somos 12 los distritos afectados por la contaminación de la minería ilegal y estamos en desacuerdo con lo planteado (por Keiko Fujimori) porque habla de derogar decretos. Sin embargo, no escuchamos su pronunciamiento sobre lo que hará para mitigar los daños que genera la minería ilegal. Aquí nadie se hace responsable de la contaminación, y con la derogatoria que plantea, será peor porque los mineros no quieren formalizarse, quieren estar en la ilegalidad toda la vida, para evitar los gastos y responsabilidades que les acarrea formalizarse”, manifestó el dirigente Vladimir Mamani. Y así es. Solo en el centro poblado minero de La Rinconada, ubicado en la zona glaciar de Puno, laboran unos 500 operadores mineros que dan trabajo a alrededor de 70 mil obreros que no gozan de un sueldo fijo, tampoco de un seguro de salud y viven de manera precaria en casuchas de madera y calamina de metal, sin servicios de agua potable y desagüe, a 5 mil 400 metros de altura, donde la temperatura puede llegar en las noches hasta 25 grados bajo cero. Los obreros reciben un pago básico de 500 soles al mes. El resto de su ganancia proviene del "cuñaqueo", que consiste en que el contratista le entrega al obrero un tiempo fijo en su mina para que la explote. El oro que saque en el periodo pactado es suyo. Es la suerte la que determina si el obrero tiene buenas ganancias o no saca nada. La Rinconada es un espanto, es tierra de nadie. Los pobladores arrojan sus desechos fisiológicos a la vía pública, con lo que abundan los olores nauseabundos. La basura producida por los mineros es lanzada a lo largo de tres kilómetros de la carretera que lleva al centro poblado. Los mineros ilegales no invierten en nada. "Lo que se puede plantear es la modificatoria de los decretos, pero no la derogatoria total porque significa empezar de cero. Los mineros obtuvieron una declaración de compromiso para que no se destruyan sus máquinas por tres años mientras se formalizaban, pero si se anulan los decretos como ha planteado la candidata Keiko Fujimori, es seguro que van a querer otro compromiso por 5 años y seguir explotando sin que los molesten", explicó el presidente del Frente de Defensa del Ramis. "Keiko Fujimori ha cometido un error gravísimo. Va a enfrentar a los pobladores con los mineros y originará un conflicto socioambiental. La derogatoria significaría seguir permitiendo la contaminación de las aguas y suelos", añadió. Oro y contaminación Vladimir Mamani resaltó que las represas de la cuenca del río Ramis que se utilizan para el riego de sus pastizales están contaminadas y sus lagunas colmatadas han perdido la capacidad de almacenamiento. "El relave minero afecta las aguas del río con el que hacemos el riego en la cuenca. En La Rinconada el PH (medida de acidez o alcalinidad) del agua es de 3 puntos. Es demasiado ácida, quema los pastizales y no es buen alimento para el ganado. El río Ramis era la primera cuenca del sur del país donde las vacas producían hasta 30 litros de leche. Ahora se han reducido a 10 litros. Nuestro drama es la minería ilegal. No podemos retroceder lo que hemos avanzado", señaló con énfasis. El representante del Defensor del Pueblo de Puno, Jacinto Ticona Huamán, también cuestionó la propuesta de Fuerza Popular de derogar los decretos de formalización minera. "En la región Puno se ha avanzado la formalización mínimamente, pero algo se ha avanzado. Ya existen 8 empresas que se han formalizado y hay muchas otras en camino de formalizarse. Es verdad que hay que mejorar los decretos porque muchos se han entrampado, pero la derogatoria que se plantea no es conveniente. Los obreros mineros son conscientes de que necesitan una norma que pueda ayudarlos a que su trabajo sea formalizado porque no reciben una remuneración mensual fija", subrayó Ticona. Para el regidor del centro poblado de La Rinconada Justo Roque Álvarez, el mayor problema que promueve la minería ilegal es la trata de personas y la inseguridad ciudadana. "Esta zona es igual de peligrosa que Lima. Existen asaltos a mano armada y con fusiles de guerra porque aquí hay mucho oro. Las casas no son seguras, los delincuentes rompen el candado para robarnos o nos agarran en las calles para quitarnos lo que llevamos encima. En lugar de derogar los decretos de formalización minera, lo que se necesita es fortalecerlos para generar tranquilidad y seguridad", apuntó Roque. "Acabar con los decretos es un contrasentido", concluyó. La minería ilegal saldrá ganando con la anulación de los decretos. Una tierra sin ley, reino de los asaltos y accidentes con explosivos La informalidad y el oro de La Rinconada han vuelto peligrosas sus calles que se encuentran atestadas de delincuentes atraídos de todas partes del país. En La Rinconada se efectúan por lo menos cinco robos al mes y muchas veces terminan en asesinato. Gran parte de los asaltos se dan en el trayecto de La Rinconada a Ananea, donde la falta de señal telefónica en el camino impide pedir ayuda. La mayoría de robos no son reportados a la policía debido a que las cifras superan los 30 mil dólares y al ser un dinero obtenido ilegalmente, le significaría al denunciante una investigación por lavado de activos. Pero la inseguridad no es solo en las calles: "En las zonas de trabajo constantemente hay accidentes y vamos a recoger cuerpos en el interior de las minas por mala manipulación de explosivos o desprendimientos de hielo donde los obreros mueren aplastados. "Mientras esta zona sea informal los accidentes van a continuar porque no se adoptan medidas de seguridad”, afirmó el responsable de la oficina de seguridad ciudadana de la comisaria de La Rinconada, técnico PNP Félix Canazas. En cifras 500 operadores mineros están asentados en La Rinconada, a más de 5 mil metros de altura. 70 mil obreros laboran y viven en condiciones extremas. 80% de la población de La Rinconada se dedica a la minería ilegal.
