Estados Unidos no ofreció pruebas a la justicia peruana para llevarse a Manuel Burga. La Corte Suprema le daría libertad. Los hechos le estarían dando la razón al ex presidente de la FPF. ¿Hubo delito?,Durante muchos años el ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol Manuel Burga ha sido una especie de enemigo público, sobre todo por los malos resultados de la selección nacional. Como ocurre con los enemigos públicos, las acusaciones no solo son numerosas sino de distinta especie: mezclan supuestas ineptitudes con supuestos actos de corrupción. Burga optó por no responder a la mayoría de ataques, aunque si lo quería hubiera sido imposible. Eran demasiados. Cuando dejó la federación, en enero del 2015, en cierto modo salió del ojo de la tormenta, pero solo en el Perú. Ya se veía venir el tsunami internacional que caería sobre la FIFA por causa de una apoteósica corrupción. A fines de aquel año fue detenido por un pedido del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. DINERO SUCIO Lo que estalló fue el sistema de sobornos en la entrega de derechos de comercialización del fútbol iniciado en 1974 con un acuerdo entre el nuevo presidente de la FIFA, Joao Havelange, y el dueño de Adidas, Horst Dassler. ISL, la empresa manejadora del mercadeo internacional desde entonces, pagaba no solo las cantidades correspondientes a los contratos, destinadas a la organización. También a los dirigentes de la FIFA que hacían posible el acuerdo. Los jerarcas del fútbol mundial empezaron a recibir su dinero en paraísos fiscales, y todo por la vía legal, porque en Suiza –la sede– este tipo de pagos no estaban penalizados. Los abonos paralelos eran tan altos que ISL quebró. Y fue en un proceso concursal, en la vía judicial civil, cuando se descubrió todo. La justicia suiza no podía acusar a Havelange ni al resto, pero empezó a exigirles que devolvieran el dinero. En la FIFA la corrupción se extendió a la elección de las sedes de los mundiales. Ahora mismo se investigan pagos en la designación de Moscú y Qatar como las capitales del 2018 y 2022. En América Latina, mientras tanto, se organizaron empresas para reproducir lo que a escala global hacía Havelange. Nicolas Leoz, de Paraguay, el argentino Julio Grondona, y Ricardo Teixeira, de Brasil, empezaron a recibir enormes cantidades por los derechos de explotación del fútbol sudamericano. El sistema se hizo crisis cuando Traffic, una de las empresas comercializadoras, que recibía y despachaba dinero desde los Estados Unidos, fue intervenida. Allí estas operaciones están penalizadas. En esta fase la suerte de Burga se complica. Diario La República LAS DOS COPAS El dueño de Torneos y Competencias, el argentino Alejandro Burzaco, con detención domiciliaria en los Estados Unidos, declaró que desde el 2000 entregaba un millón de dólares anuales a Leoz, Grondona y Teixeira, y al presidente de la federación de Uruguay, Eugenio Figueredo. Y que a partir del 2009 empezó a hacer lo propio con presidentes de otras cinco asociaciones, por los derechos comerciales de la Copa Libertadores. En este grupo estaban Manuel Burga, de Perú; Juan Ángel Napout, de Paraguay; Luis Chiriboga, de Ecuador; Rafael Esquivel, de Venezuela; y Carlos Chávez, de Bolivia. A dos presidentes más, Luis Bedoya, de Colombia, y a Sergio Jadue, de Chile, les pagó desde el 2010 y 2012, respectivamente. Todos ellos también recibirían 317.5 millones de dólares por otro contrato: el de los torneos de la Copa América 2015, 2016, 2019 y 2023. Pagaba el consorcio DATISA, radicado en Uruguay. En resumen, los tres jerarcas de la CONMEBOL –Leoz, Grondona, Teixeira– percibían su parte propia, que no compartían con nadie. Luego, recibían los dirigentes de siete federaciones, según contrato firmado con las empresas a quienes la CONMEBOL cedió los derechos de marketing. No está claro hasta qué punto los dineros del segundo grupo quedaban en su bolsillo o iban para sus federaciones. SIETE EN FILA El paraguayo Napout, ex presidente de la CONMEBOL, está en Nueva York tras haber sido extraditado de Suiza, en libertad bajo fianza después de pagar veinte millones de dólares. Se ha declarado inocente. También está en los Estados Unidos el venezolano Esquivel, quien rechazó los cargos luego de pagar siete millones de dólares de fianza. Además, el colombiano Bedoya, y el chileno Jadue. Estos dos últimos se han declarado culpables y esperan una sentencia benigna. En cuanto a Chiriboga y Chávez, están sometidos a la justicia de sus países bajo regímenes de detención, pero con pocas posibilidades de ser extraditados. La Constitución de Ecuador impide la extradición de nacionales, en tanto que Bolivia tiene reclamos pendientes con los Estados Unidos porque este país no entregó a importantes imputados. Ahora bien, para la justicia norteamericana un pago de este tipo fuera del servicio estrictamente contratado es ilícito, aunque sea entre privados: una forma fraudulenta de perjudicar al consumidor. Un soborno comercial. Para ella la CONMEBOL, con sus pagos sistemáticos, constituye una organización delictiva, y sus jefes criminales en serie. El caso es que en el Perú este delito empresarial no existe. Es uno de los obstáculos para la extradición de Burga. Pero no el único. PEDIDO INSATISFECHO El pedido de extradición, sustentado por Tanya Hajjar, fiscal auxiliar para el Distrito Este de Nueva York, acusa a Burga de asociación en delincuencia organizada, fraude electrónico y lavado de dinero. El documento sostiene que las pruebas en su contra incluyen declaraciones de testigos, conversaciones grabadas y registros bancarios. Sin embargo, nada de ello fue acompañado. En cambio, respecto del resto de dirigentes acusados, la información sí era detallada. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por Javier Villa Stein, devolvió la solicitud requiriendo subsanar las omisiones informativas. Pidió que se detallen los hechos delictivos, de acuerdo con la ley peruana y con el tratado de Extradición entre el Perú y los Estados Unidos. Y, sobre todo, que se acompañaran las pruebas. La contestación, sin embargo, no llegó con la información adicional solicitada. Hajjar dice que Estados Unidos “probará” que Burga cometió los delitos mencionados, pero sin explicar de qué manera. No se identifica una sola transferencia bancaria. Burga, que admitió haber recibido un sueldo de diez mil dólares mensuales de la CONMEBOL –algo legal–, asegura que el dinero de los contratos ingresó íntegramente a la FPF. Los dirigentes actuales de la FPF no han dicho ni sí ni no, pero hay balances que demuestran ingresos de unos cinco millones de dólares que podrían corresponder a los depósitos por la Copa Libertadores. Burga probablemente será liberado pero a él y su familia le fueron retiradas las visas norteamericanas. Si no es extraditado de todas maneras el proceso en los Estados Unidos va a continuar en contra suya. Quizá entonces sea cierto que ni robó ni hizo obra.
