Conversatorio. A invitación de La República y el Instituto de Defensa Legal, las principales autoridades de la administración de justicia dialogaron sobre las bondades y retos del Proceso Inmediato. Son 10,700 procesos con sentencia, en tres meses, en lo que todos consideran una revolución en la aplicación de justicia. El caso de los delitos en flagrancia, La República y el Instituto de Defensa Legal reunieron a las principales autoridades del sistema judicial peruano para conversar sobre la problemática y retos que plantea el Proceso Inmediato. “Siento que la sociedad ha entendido que la impunidad no debe ser tolerada. Más allá de la dureza de la pena (en el caso de violencia contra un policía), estoy convencido de que se está creando una cultura diferente en el país de respeto a las autoridades, indicó el director de La República, Gustavo Mohme Seminario, al iniciar el debate. PUEDES VER: Aplicando ley de flagrancia condenan a feminicida a 28 años de cárcel, en Piura Ernesto de la Jara, del IDL, dirigió el debate. Cada uno de los participantes tuvo dos intervenciones. Aquí, un apretado resumen de sus planteamientos y propuestas. Luis Pérez Guadalupe Ministro del Interior Hay mucha confusión del público y de los abogados comenzando por el delito. Se habla de ley de flagrancia y no es una ley de flagrancia, es una ley de Proceso Inmediato, que tampoco es nuevo, ya existía. ¿Qué cambió? Antes decía podrá y ahora dice debe, pasó de ser algo facultativo a ser obligatorio para el fiscal. Esto en mi opinión ha revolucionado la administración de justicia. En los 9 años que tenía de vigencia el nuevo Código Procesal, de un millón 363 mil denuncias que presentó el Ministerio Público solo en 338 el fiscal pidió el Proceso Inmediato, o sea nada. Ahora tenemos el 24%. Ahí vemos el gran cambio dado. El Proceso Inmediato tampoco significa más penas. Si vemos los casos por resistencia a la autoridad, a policías, es el 2.8%. En estos tres meses, el 97% de los casos se dan por otros delitos. El 48% es omisión a la asistencia familiar, 27% por delitos de peligro común, 7% por hurto, 4% por robo, y así. En conclusión, creo que es una herramienta muy eficaz. Mejorable porque se omitió qué pasa en segunda instancia. Lo bueno es que solo el 1.8% de procesos inmediatos entra en apelación, a diferencia del proceso común que apelan y apelan y quien tiene más dinero para abogados gana por cansancio. Pablo Sánchez Fiscal de la Nación El Proceso Inmediato es sumarísimo y tiene tres supuestos: flagrancia, confesión sincera y suficiencia probatoria. Lo que se ha hecho es recoger el supuesto de flagrancia y se le ha dado elementos para que sea más rápido y eso es bueno. Como dice el ministro del Interior se ha mostrado que es útil, siempre y cuando el fiscal cuente con todos los elementos necesarios para comprobar que ha habido flagrancia, porque no es suficiente decirlo. Aquí está la parte débil del esquema porque no en todos los lugares hay medios técnicos suficientes, como laboratorios, para poder contar con estas pruebas.Por eso es que en Lima hay éxito, pero en provincias no. Hay mucha demora para lograrlo. Ahora, el 50% de los casos a nivel nacional es por asistencia familiar. Yo considero que la omisión de asistencia familiar no debe ser considerado como un delito sino que debe ser tratado en la vía civil porque la obligación se produce a través de la vía civil. Por lo demás, todos estamos de acuerdo, es una medida ágil, útil. Se ha mencionado que hay una sensación de dureza en la aplicación de las penas, pero ni los fiscales ni los jueces fijamos las penas. No toda sentencia necesariamente tiene que ser privativa de la libertad, puede ser condicional. Además, no ganamos mucho construyendo más cárceles. Yo creo en las penas alternativas y en las penas de corta duración que pueden ser más efectivas. A veces es mejor que una persona esté un mes en la cárcel que cinco años porque la prisión estigmatiza. Aldo Vásquez Ríos Ministro de Justicia El impacto de la aplicación del Proceso Inmediato resulta sumamente positivo en términos de celeridad. Hay una serie de conflictos penales que se han resueltos incluso en menos de una semana. Ha habido una satisfacción de la demanda ciudadana a través de salidas alternas, como el pago efectivo de la reparación civil. Diario La República También ha sido una contribución al descongestionamiento del sistema de justicia penal a través de la simplificación de las etapas propias del proceso. Hay un evidente ahorro en los recursos humanos y logísticos y, en materia de seguridad ciudadana, se minimiza la sensación de inseguridad que muchas veces tiene la ciudadanía respecto de la comisión de los delitos. Sin embargo, tiene también algunas consecuencias. En los primeros 100 días hemos tenido más de 10 mil procesos, lo que nos permite, aplicando metodología estadística, proyectar que en un año tendremos 42,650 procesos. Esta misma proyección la tenemos para el número de detenidos. A los primeros 30 días habían ingresado 110 internos como consecuencia de la aplicación de procesos inmediatos. Y a los 100 días había 430 internos, según el Poder Judicial. Lo cual nos permite proyectar alrededor de 1,650 reclusos para los primeros 360 días de aplicación del proceso inmediato. Otro aspecto que tenemos presente es qué hacemos en los casos que, no obstante ser flagrante, requerían de una pericia. Felizmente este tipo de dificultades se han venido resolviendo no a través de una norma complementaria sino a través de protocolos que se han venido trabajando entre los operadores del sistema de administración de justicia. La coordinación entonces entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Policía es muy relevante. La existencia de estos protocolos evidencia la conveniencia, la necesidad, de esta articulación. Bonifacio Meneses Gonzales Coordinador Nacional del PJ para la Aplicación del Proceso Inmediato Este proceso inmediato tiene por efecto la celeridad, ha ayudado a que tengamos respuestas inmediatas, justicia tardía no es justicia. Luego, tiempo que pasa, verdad que huye. La eficacia de los resultados no solo es en el aspecto cuantitativo, no es que esto se haya convertido en una fábrica de sentencias. En este proceso se comprimen todos los plazos y todo el trabajo horas-hombre a una sola audiencia porque ya está la evidencia en fresco. Una audiencia en la que se puede decir uso de local, fiscal, juez, notificaciones, uso de papel, aproximadamente un coste de 3,500 soles. En un proceso normal tendríamos que en 10 audiencias, un gasto promedio es de 35 mil soles. Entonces, en una audiencia tenemos un gran ahorro. Pero, no solo tenemos un ahorro significativo en horas-hombre sino en todos los aspectos que pueda llevar a que nos presentemos ante la población con respuestas importantes e inmediatas. En los casos de conducción en estado de ebriedad los fiscales están aplicando el principio de oportunidad. Si el sujeto ha actuado por primera vez, se le da la oportunidad de pagar una multa y en forma inmediata se resuelve el caso. Otro aspecto importante es el índice de aceptabilidad de la resolución de los jueces. Si esto va a terminación anticipada, consensuada por ambas partes, entonces no hay apelación. En el viejo Código Penal de 1940 que se aplica lamentablemente en Lima, todo va a la Corte Suprema. En el nuevo proceso, cuando hay penas privativas de libertad es del orden de 34%, pero a la Corte Suprema solo va el 8%. También se ha reducido el número de presos sin condena. En Latinoamérica en muchos lugares el 70% de personas purgan carcelería sin condena. En el Perú, en los casos de Proceso Inmediato se ha reducido a tal punto que los presos ingresan sentenciados. De otro lado, nos faltan laboratorios, equipos. En Tumbes se encuentra a una mujer con droga en la cavidad vaginal y no había cómo obtener la prueba inmediata. La prueba llegó después de dos meses. En Ecuador, que también aplican este modelo, en cuatro horas tienen la respuesta. Julio Magán Presidente del INPE El día de hoy tenemos 78 mil 096 internos en los penales del país. De toda la población penal tenemos un 51% de procesados y un 48.94 de sentenciados. Esto de alguna manera se refleja por la aplicación del nuevo Código Procesal Penal básicamente en los otros distritos judiciales. En Lima no tenemos todavía la aplicación del código. Entonces el sistema penitenciario como está en estos momentos ya ha colapsado porque tenemos una capacidad de albergue de 33 mil versus 78 mil internos a nivel nacional. Qué estamos haciendo como Estado para resolver este problema? Para resolver solo el caso del hacinamiento existen tres posibilidades: que ingresen menos internos a los penales, que salgan más internos y construir prisiones. Que ingresen menos y salgan más no depende del INPE, depende del Poder Judicial o de los operadores del sistema penal. Lo que sí nos preocupa es el delito de omisión de asistencia familiar. Tenemos 1,549 reos por este delito, de los cuales 536 están en condición de procesados y 1013 sentenciados. Se ha resuelto el problema de la persona imputada pero no se resuelve el problema penitenciario porque se ha incrementado nuestra población penal. La cárcel es una institución a la que deben ir las personas que lo merecen, a la prisión no puede ir una persona por un delito menor. En el caso de omisión a la asistencia familiar coincido con el Fiscal de la Nación. Tenemos personas que están sentenciadas por un mes, dos meses, seis meses de prisión efectiva y lograr la reinserción social es imposible, por el poco tiempo que están en los penales. Segunda intervención Pérez Guadalupe En nuestras mayores expectativas no pensamos que tuviera tanto éxito. Creo que sí tiene que haber, en primer lugar, una estandarización de las penas en el criterio de los jueces. Hay una desproporción en los delitos, estamos plenamente de acuerdo. Ahora, la mira mediáticamente se ha centrado en los delitos por desacato o violencia a la autoridad, parece que también las modificaciones quieren hacerlo respecto a eso y eso me parece totalmente discriminatorio y la policía tampoco está de acuerdo. Lo que no se ve es, por ejemplo, el caso de un joven primario que robó un celular y fue condenado a 11 años de cárcel ¿alguien se ha quejado?, no. Y ¿saben por qué?, porque es pobre. Entonces, podemos mejorar, tenemos. Equiparemos penas. Para todos los delitos, hay penas exageradas y que se revisen los beneficios, que se han quitado casi a todos los delitos. Pablo Sánchez El Código Penal ha sido modificado muchas veces. El código penal tiene 560 artículos y más de 600 modificaciones y ciertamente merece ser revisado. Tenemos la política del golpe por golpe, cuanto más delitos se producen más incremento de penas se hacen, incluso se ofrecen la pena de muerte, y saben que eso es difícil que se viabilice. ¿El proceso inmediato limita el derecho a la defensa? Se trata de un procedimiento ágil, por tanto se acortan los plazos pero no se limita el derecho a la defensa y además en todos los casos ahí está la defensa pública. Hay dos abogados públicos en las fiscalías de turno, todos los días. Acabo con la frase: el Estado tiene que invertir en justicia en este caso y en muchos casos más. No es la idea invertir en más cárceles, hay que invertir en prevención, en trabajo conjunto, menos en cárceles. En todo caso pensar en penas alternativas. Aldo Vásquez Ríos Creo que efectivamente debemos seguir trabajando en el análisis de la inversión que supone la aplicación del proceso inmediato. Los operadores del sistema han planteado sus requerimientos y el Ministerio de Economía está haciendo el análisis correspondiente. Quiero hacer notar que estos procesos inmediatos van a representar previsiblemente entre el 12 y 14% del conjunto de la carga procesal penal, esto supone una serie de ahorros. Pero, no obstante eso, hay que reconocer que se está produciendo una suerte de cuello de botella que hay que afrontar ahora. Coincido en que esta situación que estimo será temporal hay que atenderla con la urgencia del caso y más bien hay que evaluar cuáles son las sumas y restas, para tener mayor claridad sobre la necesidad presupuestal que este modelo puede estar ocasionando. Bonifacio Meneses Existen gravísimos problemas. Si tuviéramos los recursos esos 10,700 casos hubiesen aumentado más. El Fiscal de la Nación ha reclamado 34 millones al Estado para optimizar el trabajo de los juzgados. No saben los malabares que hace el señor Fiscal de la Nación para colocar fiscales en adición a sus funciones y no descuidar los procesos comunes. Lo mismo sucede en el Poder Judicial, hemos creado jueces dedicados a la flagrancia pero en la medida que han ido creciendo los procesos hemos tenido que jalar a los que ven casos corrupción de funcionarios. Y señala una audiencia que debe ser en 72 horas, inician la audiencia y dice: Mire, doctor, mi agenda de corrupción de funcionarios, qué hago. Entonces, trasladan la audiencia de flagrancia a más días de lo que está previsto en la norma. Son dificultades que se están presentando y lamentablemente el Ministerio de Economía no suelta dinero, una cantidad mínima para poder crear lo que funciona muy bien. Si tan solo pudiéramos volver los ojos e invertir en justicia porque la población tiene sed de justicia. La situación es tan crítica que, en Tumbes, tuvimos que acuñar la frase: si el crimen no duerme, la justicia no duerme. Pero las personas tienen que dormir. No sé hasta dónde van a resistir los jueces y los fiscales, con un ritmo de trabajo de 24 horas. Julio Magán Es necesario que los señores magistrados tomen en cuenta las penas alternativas a la pena privativa de libertad que existen, como los arrestos de fin de semana, las jornadas laborales. Como dice el Fiscal de la Nación, que barran las calles, las comisarías o las municipalidades son penas más efectivas, son sanciones inmediatas. Antes que acabe este gobierno inauguraremos cinco nuevos penales y estamos discutiendo el contrato con Proinversión para el caso de los grilletes. Compartimos plenamente los avances de esta ley. En cifras 10,791 personas procesadas con la nueva ley de proceso inmediato. 430 personas condenadas a pena efectiva de prisión. 5001 procesados por omisión a la asistencia familiar. 947 procesados por delito de hurto. 639 procesados por delito de robo. 298 procesados por violencia y resistencia a la autoridad. 107 por corrupción de funcionarios. 93 procesados por violación sexual. ,
