Solo hay una cosa más terrible que una batalla ganada, y es una batalla perdida. Charles de Gaulle El Perú ha empezado a perder la batalla de Lava Jato y de otros casos que colocan en entredicho la transparencia pública. A seis meses de la primera explosión del caso, los avances en varias direcciones están cortados. Las tropas no parecen agotadas, pero sí entretenidas; una rara batalla donde los ejércitos hablan más de lo que combaten, con más fuego amigo que contra el enemigo. Una batalla sin muertos y heridos, en la que son liberados los jefes prisioneros. Un balance de estos seis meses no puede ignorar algunas comprobaciones: 1) la falta de colaboración entre las instituciones llamadas a combatir la corrupción –dejando a salvo, claro está, su autonomía– aunque en esta oportunidad la mayoría de las veces se usa la autonomía como argumento contrario a la cooperación; 2) el autobloqueo de las instituciones que retarda la eficacia de procedimientos como la extradición, la delación premiada brasileña o la colaboración eficaz interna; 3) la normalización social de las denuncias que parecen haber sido asimiladas por la sociedad y el sistema; y 4) la ausencia total de una movilización ciudadana activa e influyente que alerte e impida retrocesos y dilaciones. Los casos avanzaron cuando se conocieron detalles de los acuerdos entre Odebrecht y la justicia de EEUU y Suiza, y luego de que la fiscalía peruana suscribiera un inédito acuerdo con la filial de Odebrechet en el Perú. Desde entonces, la mayoría de hallazgos y de progresos se deben a la información ya procesada en Brasil y a las colaboraciones eficaces. Por esa razón, es increíble que el Ministerio Público se encuentre atrapado entre dos opciones: la de la fiscalía anticorrupción favorable a tramitar colaboraciones eficaces y la fiscalía de lavado de activos, reacia a ello. La sentencia que ordena la libertad del gobernador del Callao, Félix Moreno, es un cambio de enfoque de la prisión preventiva en los casos de altos funcionarios del Estado, practicado hasta ahora. A este giro podrían acogerse otros detenidos y prófugos de cuello y corbata porque anula el efecto de la colaboración eficaz y relativiza los llamados “elementos de convicción”, es decir, los hallazgos de la fase inicial de la investigación que indican la probabilidad de la comisión de un delito. La libertad de Moreno es un golpe demoledor al Decreto Legislativo Nº 1301 expedido hace muy poco, y que pretendía fortalecer la lucha contra la corrupción de funcionarios, lavado de activos y crimen organizado. Las documentadas denuncias han sido asimiladas especialmente por la elite. Con creciente menor disimulo se muestran simpatías públicas hacia investigados cuyos casos eran inicialmente objeto de indignación, y se ensayan las primeras críticas contra testigos, pruebas y hallazgos. Si bien la prensa sigue siendo el principal dinamizador de la lucha anticorrupción, en su seno se abren algunas falsas disyuntivas que pretenden cuestionar solo un paquete de ilicitudes, ignorando el otro. El sistema se está haciendo cargo de los casos más sonados, pero para “normalizarlos”. Por el contrario, en estos seis meses no ha sido posible la formación de un movimiento anticorrupción como el que salió a las calles a la caída del gobierno de Alberto Fujimori. Aquel movimiento tenía una raíz ciudadana y partidaria y estaba dotada de una narrativa fuertemente renovadora de la democracia. Ahora, se ha diluido el elemento político como resultado del cuestionamiento de los partidos en relación con los casos denunciados, y se ha minimizado la actividad social debido a la despolitización de la sociedad (mi amigo Beto Adrianzén dice que es otra politización). En cualquier caso, existe una brecha significativa entre la gravedad de los casos y la ausencia de gente en las calles demandando se juzguen las denuncias. Sin una narrativa renovadora y reformadora de la democracia, y sin masas en la calle, aparece claro el destino final de este proceso peruano contra la corrupción: la impunidad. http://juandelapuente.blogspot.pe
