En las últimas semanas ha regresado a la discusión pública el caso de desaparición forzada conocido como “Madre Mía”. Es innecesario resaltar que el caso tiene gran notoriedad por el hecho de que involucra la responsabilidad presunta de Ollanta Humala. La revelación de grabaciones en las que se habla de manipulación de testigos y la aparición de otros testimonios han reactivado la investigación, desde el Ministerio Público, de un caso que había sido archivado en el 2009. Se trata, obviamente, de un crimen y de responsabilidades que deben ser determinadas exhaustivamente. Esta es, por lo demás, una circunstancia apropiada para señalar la importancia de investigar todas las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto del pasado periodo de violencia armada en el Perú. Hay que decir que ese interés, por desgracia, no ha existido entre muchos de quienes hoy se muestran concernidos por este caso. Es más, muchas veces la demanda de justicia encuentra hostilidad de esos mismos sectores. El caso Madre Mía puede ser ilustrativo. Las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que se cometieron a inicios de la década de 1990 en esta localidad, en la región nororiental del país, fueron reportadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La CVR recibió testimonios de los hechos en los que se hablaba de un militar que actuaba con el seudónimo de Carlos. Pero en este caso, como en muchos otros ocurridos en distintas partes del país, las investigaciones de la CVR se toparon con un muro de silencio oficial: la negativa a permitir conocer la identidad civil, esto es, el nombre real de quienes actuaban con un alias. Después de sus investigaciones, la CVR recomendó que la sociedad y el Estado hicieran esfuerzos de diversa índole para hacer justicia. Muy poco se ha hecho e incluso, como se señala arriba, esa demanda ha enfrentado la hostilidad de quienes hoy parecen interesados en la justicia. Y esto no solo en relación con los crímenes cometidos por agentes estatales. Por ejemplo, la Comisión señaló que en el caso del cautiverio de la población ashaninka pudo haberse configurado el delito de genocidio –el más grave de los crímenes internacionales—de parte de Sendero Luminoso y recomendaba que se profundizara investigaciones para demostrarlo. Catorce años después ningún esfuerzo ha sido hecho en esa dirección y ninguna iniciativa ha sido presentada por los políticos que acostumbran hablar de la “amenaza del terrorismo” para desacreditar cualquier protesta colectiva. El caso en mención volverá a recorrer un itinerario judicial que es de esperar concluya en justicia para las víctimas. Pero será así porque se trata de un caso notorio por razones políticas. La CVR reportó muchos más crímenes y muchas más víctimas en la zona y en otras zonas del país de las que no se habla. Son las víctimas ignoradas cuyos reclamos de justicia se encuentran, hasta ahora, con la indiferencia estatal y con el escarnio o la burla de muchos políticos. El país necesita una política real de justicia que involucre no solamente una estrategia decidida del Poder Judicial, sino también una actitud colaborativa y transparente del Poder Ejecutivo.
