De un tiempo a esta parte el tema de la reforma electoral ha comenzado a ser un punto del debate político. El Ejecutivo, el JNE, la ONPE han presentado sus propuestas en esta materia. También el Grupo de Trabajo de Reforma Electoral del Congreso que preside Patricia Donayre; asimismo, Transparencia y colectivos femeninos como Flora Tristán, Manuela Ramos, Mujeres por la Democracia (MUDE) y Calandria, entre otros.No hay duda de que una reforma electoral es urgente y que mejora la calidad de la democracia. Como se ha dicho, las reglas en una democracia importan ya que definen y dan sentido al juego político.Pero lo que también importa es saber lo que está en juego con la reforma electoral ya que definirá no solo la calidad de la democracia sino también el futuro de la misma, es decir, su apellido. Soy de la opinión que temas como la transparencia en el financiamiento de los partidos, los gastos en propaganda en las campañas electorales, el papel de los medios, la paridad y la alternancia entre hombres y mujeres en las listas al congreso y el requisito del número de firmas para inscribir legalmente un partido son claves cuando hablamos de democracia.Por ejemplo, el tema del número de firmas es fundamental si queremos abrir o cerrar la competencia electoral. Exigir más de 700 mil firmas para inscribir un partido es un atentado contra la democracia. Como dice el MUDE: “la competencia política se ha restringido al aumentar el porcentaje de firmas para inscribir a un nuevo partido. Del 1% en el 2000 se elevó a 3% y recientemente al 4%, y ya no de los votos de la última elección, como lo fue entonces, sino del padrón electoral”. Además, el costo de la recolección de firmas supera, según expertos, los dos millones de soles, incluido el 0.88 céntimos por la revisión de cada firma. Si al inicio de la democracia votaban los que tenían propiedades, los que pagaban impuestos o eran hombres, hoy la participación electoral está restringida por la cantidad de dinero que tienen los partidos. Y si a ello le agregamos la temeraria propuesta del congresista Mauricio Mulder de que un requisito para que los partidos participen en las elecciones sea que tengan una antigüedad de tres años, es claro que lo que se busca es disminuir el número de partidos y restringir el juego electoral, implantando una democracia censitaria en la que será la cantidad de dinero, el rechazo a la paridad y a la alternancia de género o la “antigüedad” lo que determine la participación en el proceso electoral y, por lo tanto, en la democracia. He señalado en otras oportunidades que la derecha, incluido el fujimorismo, lo que busca es un escenario electoral en el cual sus intereses y el poder que tienen no se ponga en cuestión como sucedió en las elecciones del 2006 y del 2011. En las elecciones del 2016 algo avanzaron hacia ese objetivo, cuando los electores se enfrentaron al dilema de tener que elegir entre Keiko Fujimori y PPK, quien, en las elecciones del 2011, había pedido votar por Keiko Fujimori contra Ollanta Humala. Sin embargo, es un error pensar que ese temor se deba a que los partidos progresistas o de izquierda son hoy opciones electorales importantes. En realidad, el problema no es únicamente que exista la izquierda sino principalmente que hay una masa de electores que no votan por la derecha. En el 2016 cuando Guzmán y Acuña fueron excluidos, una parte considerable de esos electores optó por Verónika Mendoza. De lo que se trata ahora, por lo tanto, es que no se presenten candidatos progresistas. Es decir, dejar sin opción a esos electores. No es casual que de no aprobarse la disminución de firmas para inscribir los que serán afectados, entre otros, son Julio Guzmán y Verónika Mendoza que vienen recogiendo firmas y que difícilmente llegarán a la meta de las más de 700 mil, cifra única en el mundo. Hay que recordar que los partidos que no quieren rebajar el número de firmas ingresaron al juego electoral con el 1% de firmas de los votos válidos. Cuando a las élites económicas y políticas (incluido el fujimorismo) se les cuestionan sus intereses y su poder, lo primero que hacen es dejar a un importante sector sin representación, restringiendo la competencia electoral, es decir, creando una democracia censitaria. Hacia eso vamos en pleno siglo XXI. ❧
