La mayoría opositora del Congreso y el gobierno van camino de una coincidencia lamentable. El objetivo es atarles las manos a empresas de la construcción investigadas que no han sido condenadas. Tan anticonstitucional norma está a una votación de distancia, y sería una clara injerencia del poder político contra la libertad de empresa y los derechos de los trabajadores.Sorprende que coincidan en promover la norma dos agrupaciones tan pro-empresa como un Ejecutivo con fama de tecnócrata y un fujimorismo tradicionalmente inclinado a favorecer los negocios. Lo que ha sacado a ambos de su curso es una percepción excedida de los fueros de la moralización, ahora utilizada sin mayores pruebas como arma arrojadiza de una política que oscila al filo del populismo.La cosa hoy consiste, sobre todo en Fuerza Popular, en arrojar permanentemente la sombra de la sospecha sobre todo aquello que suene a creación de riqueza, a libre empresa o a economía liberal, trasladando a los ciudadanos el argumento falaz de que acabar con la corrupción exige paralizar algo más la economía del país. Actitud que se mueve con arbitrarias excepciones.La extraña idea es que la forma más eficaz y práctica de luchar contra la corrupción es acabar con las empresas. Por eso, de salir adelante la controvertida Ley 1410/2016, a la mayor parte de las empresas del sector de la construcción se les prohibirá que contraten con el Estado, sin tener en cuenta derechos indispensables como la presunción de inocencia o el debido proceso.Por esa vía se puede ir destruyendo un sector que representa más de un 6% de la economía. Cifra que crece si se le añade proveedores, clientes, industrias auxiliares y sectores próximos. Traducido a la economía de la calle, significaría cientos de miles de puestos de trabajo perdidos, en una clara afrenta al derecho constitucional al trabajo, y a la posibilidad de obtenerlo.La destrucción de estos miles de empleos afectaría la capacidad de consumo de los peruanos, la industria reduciría su producción y la economía su crecimiento. Además, la entrada en vigor del proyecto promovido por la bancada fujimorista incrementaría la inseguridad jurídica en el Perú y haría desistir a muchos de invertir sus capitales en nuestro país.Salvo las constructoras de fuera que vendrían a reemplazar con ventaja a las peruanas, claro.
