Pablo Lavado A principios de los 90, frente a la escasez de recursos del Estado para resolver los problemas de salud de la población, se creó la modalidad del llamado “Servicio de Salud con Tarifa Diferenciada” (STD) como una forma de autofinanciamiento. El autofinanciamiento consistía básicamente en armar una especie de clínica privada dentro de un hospital público. Y con el dinero del privado, mantener lo público. Las consecuencias de ese modelo no necesariamente fueron buenas. Dentro de los hospitales públicos se crearon dos estándares de atención: uno para ricos y otro para pobres. Este formato ha avanzado con los años y naturalmente ha ido deformándose. Listas de espera de más de cuatro meses para los pacientes pobres, frente a la atención inmediata para los pagantes. Pobres en ambientes hacinados y con largas estancias frente a los pagantes con áreas disponibles y con mayor confort. Ese trato diferente constituye una discriminación por pobreza y una limitación al acceso de salud de los que menos tienen. Felizmente, la realidad económica de principios de los 90 ha cambiado para bien. El Estado ha robustecido su economía y ha ido asignando progresivamente mayores recursos para la salud. Se han creado el Seguro Integral de Salud (SIS) y el Fondo Intangible Solidario de Salud (Fissal) para atender a los sectores sociales menos favorecidos. Además el SIS y el Fissal han tenido incrementos de presupuesto progresivos y considerables. Por ello, es momento de terminar con esta distorsión de la política de Salud Nacional. El Estado debe dar la mejor atención posible al ciudadano, sin discriminar económicamente a ninguno. Si una persona con altos ingresos necesita atención de salud en un hospital público, deberá recibir las mismas condiciones en que son tratados todos los pacientes. No debe existir ningún tipo de privilegio, porque a fin de cuentas, los pobres también son pagantes a través del SIS y del Fissal. Imagínese qué ocurriría en un mismo colegio público si los alumnos de familias con más ingresos tuvieran aulas especiales, mejores equipos y profesores mejor remunerados que el resto de los alumnos del mismo colegio. Ese doble estándar dentro de una entidad pública es inadmisible. Desde el año 2008 hasta el 2012, se han dado ocho resoluciones ministeriales para prorrogar el cierre de estas clínicas privadas dentro de hospitales públicos. Además, informes de la Contraloría han demostrado ingresos ilegales por algunas personas y discriminación. A la fecha, el funcionamiento de las llamadas clínicas privadas dentro de los hospitales públicos (STD) no tienen marco legal. Nuestra gestión ha notificado a los directores de los hospitales públicos para recordarles que ha caducado la habilitación normativa para brindar el STD. Cada uno de los directores debe entregar un informe documentado y final de su funcionamiento, poniendo especial énfasis sobre el uso de los recursos. Además, se le ha informado a los directores que el Ministerio de Salud apoyará en todo el proceso para que las atenciones no se vean perjudicadas y, por el contrario, estas se puedan ampliar. Esta adecuación de la ley debe ser una buena noticia para todos. El acceso a la salud será más igualitario y el Estado cumplirá mejor su función de garantizar salud para todos, sin discriminación. Todos los peruanos, independientemente si se tiene dinero o no, tenemos derecho a gozar de buena salud y a una atención de calidad. (*) Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud
