IDL Reporteros, otra vez, gana la primicia. Ha publicado, bajo la firma de Gustavo Gorriti, el relato de la confesión en Curitiba de Marcelo Odebrecht respecto al financiamiento de partidos políticos en el Perú. Viajaron los fiscales peruanos –con grandes titulares– para indagar sobre los fondos de campaña entregados a los Humala. Vaya sorpresita la que se llevaron. El asunto, que obedece a elemental lógica, es que Odebrecht le repartía lo propio a Keiko Fujimori y a Alan García, mencionando también la breve candidatura por el partido aprista el 2011 de la actual Vice Presidenta Mercedes Aráoz. Primero, repetir en beneficio involuntario de todos los mencionados –así es la ley, igual para todos– que no es delito recibir fondos de campaña de fuente prohibida. No existe en todo el Código Penal un solo artículo que mencione esta conducta. No existe, ni existirá, no porque sea moralmente correcta, sino porque hay un pacto de impunidad en el Congreso –donde justamente los que tienen que reformar la ley son los que se benefician de esta falta de tipificación– que no va a cambiar jamás. Segundo, no voy a relatar aquí el rosario de insultos que he recibido de periodistas supuestamente creíbles por explicar durante dos años que recibir y usar fondos de campaña no es delito. Yo no voy a cambiar mi posición porque he dicho la verdad. No hay forma de establecer una conexión entre el tipo penal de lavado de activos y la receptación de un dinero que la ley electoral prohíbe recibir, mas no la ley penal. Hace más de dos años que los Humala son investigados por esto y hasta ahora no hay acusación fiscal. Y no la habrá porque no hay cómo hacerlo. Ahora, ¿dirán que soy la abogada de García y Fujimori? ¿O el corito de ángeles cantará “siempre dijimos que no es delito”, la nueva melodía del momento? En todo caso, para emparejar el piso, ¿García y Fujimori no merecen el mismo trato fiscal y mediático que el dispensado a Humala? No, no lo merecen. Nadie lo merece. Todos merecemos un castigo por nuestros crímenes, de eso no hay duda. Nadie merece ser perseguido por un delito que no existe. Hacerlo no es democrático, ni civilizado, ni respeta el debido proceso. A los políticos que delinquen hay que meterlos a la cárcel de la mano de la ley. Los demás caminos están vedados, así te apellides Humala, García o Fujimori. Lo que es una pena y un desperdicio es que las dos horas de testimonio de Marcelo Odebrecht, tramitadas por la fiscalía peruana en colaboración con sus pares brasileños, no se hubieran dedicado a preguntarle por conductas que sí son delito. Odebrecht hizo referencia a los pagos de campaña, pero no podía dar detalles, ni pruebas porque estos pagos estaban a cargo de Jorge Barata. Sin embargo, pudo haber contado qué significa AG en su agenda personal al lado de la palabra Olmos y “un millón”. Pero, de eso, ningún fiscal le preguntó. La pregunta se cae de madura. ¿Por qué viajar a preguntar por hechos que un estudiante de derecho sabe que no están en el Código Penal y no preguntar por los que sí podrían estarlo? ¿Qué corona tiene Alan García para que la Fiscalía Peruana haga tremendo papelonazo delante de los fiscales brasileños? Estoy en Australia, partiendo de Perth a Melbourne, y a la distancia no he parado de reírme. Ustedes disculparán. Tengo meses y años explicando la ley. Nada más que por eso he recibido los insultos de apristas y fujimoristas, y también, los de una serie de enloquecidos. ¿Y ahora? ¿Me harán un altarcito? Por supuesto, todos negarán haber recibido. Eso es, probablemente, falso. Pero, en lugar de mentir, ¿no es mejor sincerarlo todo? ¿Hacer por fin la reforma electoral que en el futuro sí los meta a todos presos por recibir en campaña dinero de contratistas del Estado? Soñar es gratis. Bien sabemos que eso no pasará. La Ag seguirá llegando sola.
