Esta semana comienzan a jugarse los descuentos de la investigación a Odebrecht, la empresa brasileña que montó una vertiginosa trama de sobornos en la concesión de obras públicas, que ha remecido los cimientos de la clase política y empresarial de América Latina. Protagonista principal del caso Lava Jato, la constructora tenía operaciones en 28 países y ha debido pagar la mayor multa impuesta a una compañía acusada de corrupta: 3.500 millones de dólares.La madeja de esta historia comenzó a desenredarse cuando Marcelo Odebrecht, uno de los empresarios más poderosos del Brasil, fue arrestado en su mansión de São Paulo. Aunque al comienzo se resistió, terminó confesando sus delitos, a cambio de una rebaja de diez años de su condena. Junto con él, otros 77 altos funcionarios de la empresa intercambiaron información por condenas menos onerosas. Con buen tino, la prensa brasileña las bautizó como la «confesión del fin del mundo».El contenido de estas declaraciones ha sido la información más apetecida por los muchos periodistas de todos los países que se vieron afectados por los manejos turbios de Odebrecht. Poco se ha sabido hasta ahora, pues se encuentran protegidas por el secreto de sumario, pensado para facilitar el trabajo de los fiscales y jueces latinoamericanos. Pero aquello que ha visto la luz ha tenido el efecto de un cataclismo.Lo vivido no será nada comparado con lo que se viene. Porque de acuerdo con los cronogramas de la justicia brasileña, la «confesión del fin del mundo» comenzará a hacerse pública dentro de un mes, a partir del primero de junio.Esto no quiere decir que de un día para otro conoceremos la lista íntegra de los corruptos latinoamericanos asociados a Odebrecht, con el detalle de sus delitos. Como es lógico, se espera que las primeras informaciones tengan que ver exclusivamente con el Brasil, y paulatinamente comience a desclasificarse lo concerniente a los demás países, entre ellos el Perú.Solo podemos imaginar el alcance que tendrá este desembalse de revelaciones y señalamientos. Odebrecht opera desde hace años en nuestro país y ha tenido negocios con gobiernos centrales, municipales y regionales de todo el espectro político, como lo demuestran la orden de detención contra Alejandro Toledo o las evidencias de millonarios pagos para la campaña presidencial de Ollanta Humala. Dudo que sean una mera coincidencia las revelaciones más recientes, como la aparición de las iniciales «AG» en un informe policial sobre las agendas electrónicas de Marcelo Odebrecht, la confirmación de que tres procesados declararon que la intervención de Alan García resultó clave para sacar adelante sus negocios o que las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas —la oficina que administraba los sobornos de Odebrecht— incluyen anotaciones de dineros entregados a la municipalidad de Lima, cuando Susana Villarán era alcaldesa.Puede que tarden un poco más de lo previsto, pero conviene que nos vayamos preparando. Como pasó con los vladivideos, la política y el empresariado peruano no serán los mismos luego de la «confesión del fin del mundo». Ojalá sepamos estar a la altura.
