El debate sobre la salida de Alberto Fujimori de la Diroes.,Ya es claro que voltear la página significa, para el presidente Pedro Pablo Kuczynski, sacar a Alberto Fujimori de la Diroes, y que hay un pacto entre su gobierno y un sector del fujimorismo para ello. La escenografía del anuncio fue la conmemoración de los veinte años del rescate de los rehenes del MRTA –una fecha emblemática del fujimorismo–, e incluyó la invitación a voltear la página respondida, con sincronización en el Twitter, por Alberto Fujimori y sus hijos Kenji y –con mucho menor entusiasmo– Keiko. “En el Perú tenemos que voltear la página en algunas cosas para tener una sociedad más unida. Nosotros estamos estudiando el caso pero no se va a dar ninguna ley que se aplique a una sola persona”, dijo PPK. Pero es difícil creerlo ante la evidencia de que, si no fuera por los 72 votos de Fuerza Popular (FP), hoy no se estaría discutiendo este asunto. Fujimori no puede ser indultado porque no hay una vía legal posible para un condenado por asesinato y secuestro agravado, y porque no ha demostrado enfermedad terminal. Y porque PPK ha dicho, desde la campaña, que no indultará a Fujimori. Por algo Alan García –que sabe mucho de política– y Ollanta Humala –que no sabe nada– tampoco lo hicieron. Pero PPK casi ha invitado a FP a que dé una ley para permitir el arresto domiciliario para condenados, lo cual ha dividido al fujimorismo entre el sector mayoritario que controla Keiko y pide el indulto, y el minoritario que –junto con su padre– administra Kenji y aceptaría el arresto domiciliario. Como la ley no podría ser con nombre propio –el de Fujimori– han planteado que sea para mayores de 75 años. Y como quieren evitar que la aprovechen otros condenados como Vladimiro Montesinos –que aún no tiene esa edad pero la tendrá– o Abimael Guzmán, quieren excluir a los condenados por terrorismo, violación sexual y narcotráfico. Lo cual plantea al fujimorismo algunos dilemas. Por ejemplo, por qué pretende que no pueda trabajar en un medio un condenado por corrupción pero sí por narcotráfico, violación o narcotráfico. La corrupción de un presidente es un delito muy grave pues implica que la persona más importante de la nación, en quien los electores confiaron su voto, vendió sus decisiones. Por ello, su permanencia en prisión hasta el final de la condena, salvo por razones humanitarias de enfermedad terminal, sea quien sea, el actual o los que condenen en el futuro, constituye un símbolo potente del combate a la corrupción en un país harto de que lleguen tantos choros al gobierno.
