Hoy se debe debatir en el Congreso el Proyecto de Ley de Autoridad para Reconstrucción con cambios presentado por el Ejecutivo. Un aspecto positivo es que se presenta a tiempo, cuando la situación de emergencia nacional así lo exige. Bien. Pero hay varios aspectos conceptuales e institucionales que merecen un amplio debate. Uno, su carácter centralizado. Mucho depende de la autoridad y se decide en Lima. Dos, se salta a la garrocha muchas de las funciones de la Contraloría, lo que puede abrir las puertas a la corrupción. Tres, que no han participado los gobiernos regionales y locales (superando los problemas de corrupción en algunos de ellos). Cuatro, que participan la PCM, el MEF, el MTC y el Ministerio de Vivienda. No está el Ministerio de Vivienda para el Ordenamiento Territorial y la Zonificación Ecológica. Casi todo es cemento, arena y fierro. Quinto, no está el Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), lo que nos dice que el MEF continuará al mando. Sexto, todo el PL se preocupa por la participación privada (gran énfasis en Obras x Impuestos) y casi no se menciona el impulso a los organismos de línea de la inversión pública en los ministerios como MTC (Provías) y Vivienda. Tampoco se menciona el rol del Ministerio de Defensa en esta emergencia. Es en lo económico donde se notan los mayores problemas. Un primer aspecto tiene que ver con la cuantificación. Primero, el Ministro de Defensa Jorge Nieto dijo que eran US$ 15,000 millones, lo que Thorne desmintió. Después, el Ministro Vizcarra dijo US$ 2,663 millones para su sector, reemplazando 200 puentes y 2.331 de carreteras dañadas. Luego el Premier Zavala ha dicho que son US$ 3,000 millones pero que la cifra final la dará el INEI. Habrá que esperar entonces. Otro tema es el financiamiento. El ministro Thorne confía en que ello se logrará con las medidas tomadas en los últimos meses. Pero eso es imposible. El PBI no va a crecer 4.8% como lo dice el Presupuesto del 2017. Ahora el MEF habla de 3%. Otros dicen que es mucho menos. Y algunos prevén hasta 0%. En gran parte esto se debe al innecesario “ajustón fiscal” del IV Trimestre del 2016. Por tanto, la recaudación no subirá sino bajará, lo que ya está sucediendo en enero y febrero de este año. No va a aumentar la recaudación del Impuesto a la Renta, a pesar de que la tasa sube del 28 al 29.5%, anulando la rebaja de Segura. Además, el aumento de las devoluciones del IGV reduce los ingresos. La repatriación de capitales (DL 1264) tampoco hará la diferencia. El gobierno preveía recaudar entre US$ 5,000 y 6,000 millones, el 2% del PBI (Gestión, 29/01/17). Hoy, Aldo Defilippi estima que serán entre S/ 2,000 a 2,500 millones, el 0.3% del PBI. Ahora, desde Washington, el ministro Thorne nos dice que le han dicho que tiene que reducir las exoneraciones tributarias para recaudar más, como si acabara de descubrir la pólvora. Claro que hay que eliminar las exoneraciones al sector financiero y de las actividades extractivas. Pero, ojo, las exoneraciones no son malas siempre, per se. No. Algunas son necesarias, como en el caso de los alimentos perecibles, el apoyo a la educación y la cultura. Este panorama de baja recaudación no quiere decir que no haya dinero para la reconstrucción. Sí lo hay y son los ahorros fiscales de la época de las “vacas gordas”. Está el Fondo de Estabilización Fiscal con US$ 8,000 millones y en el BCR hay depósitos por US$ 4,000 millones adicionales. Pero de eso no habla el gobierno. Si no se usan ahora, ¿cuándo? Para invertir en la reconstrucción, así como para implementar el Plan de Estímulo Fiscal de enero de 1% del PBI), hay que elevar sí o sí la meta de déficit fiscal de 2.5% del PBI, lo que tiene consenso en todas las tiendas. Pero hasta ahora el ministro Thorne –si bien ya dijo que la va a subir– no ha dicho cuánto ni cuándo. Debe hacerlo pues se dice que se va a aumentar en 10% la inversión pública de S/ 34,200 millones del Presupuesto del 2017, cifra que queda corta pues ya se habían acordado S/ 5,500 millones en el Plan de Estímulo Fiscal. El presupuesto 2017 de los tres niveles de gobierno para Áncash, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes es de S/ 4,000 millones. Esto habría que duplicarlo por lo menos, lo que no es fácil, en algunos casos, por la corrupción existente en algunos de ellos. En otras palabras, todavía no hay un monto definido por el gobierno y tampoco queda clara la institucionalidad necesaria, más aún cuando todo lo planteado significa cambios estructurales con impacto de largo plazo. La discusión en el Congreso debe definir claramente estos temas con la participación de todos los grupos políticos. Finalmente, el que no aparece en la película es el BCR, que no baja la tasa de interés para alentar la inversión y estimular el consumo. Si esto no se hace, la tasa de crecimiento puede ser menor al 2% del PBI, como ya lo dicho Bruno Seminario. Hay, entonces, mucho para discutir en estos días.
