Por la magnitud de la corrupción en los gobiernos regionales y municipales, hoy se habla mucho del fracaso de la descentralización y de la necesidad de repensarla, lo cual sería valioso para el país, pero lo que no se puede obviar es que lo crucial ahora sea, antes que eso, el reconocimiento del triunfo de la corrupción. Diarios y canales de TV inundan estos días con las listas de gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales que han delinquido. Por ejemplo, La República informó que, en el caso de los gobernadores regionales, al menos catorce de los 25 que hoy ejercen esa función están vinculados a delitos de corrupción, que varios de ellos ya fueron sentenciados, mientras que otros están siendo procesados e investigados por el Ministerio Público. Lo mismo sucede con muchos alcaldes de provincias y distritos de todo el país. En Áncash, por ejemplo, que se ha vuelto, como el Callao, una región manejada por gente muy corrupta, los delitos son de distinto calibre. El ex gobernador César Álvarez cumplirá en junio 36 meses de prisión preventiva mientras se lo investiga por asociación ilícita para delinquir, lesiones graves, homicidio y peculado doloso; un sucesor suyo, Waldo Ríos, fue condenado a cinco años por irregularidades en la ejecución de obras cuando era alcalde de Huaraz, por lo que fue retirado del cargo de gobernador; y quien lo reemplazó, Enrique Vargas Barrenechea, fue condenado por mentir en su hoja de vida al señalar que estudió gastronomía en Chile, lo cual no pudo demostrar. La desproporción es evidente. La conclusión que se deriva para muchos del zafarrancho de la corrupción que se va revelando es que se necesita reformar la descentralización en el país, y razón no les falta, pero la verdad es que también habría que hacer notar que la vocación por el asalto al erario no es monopolio de gobernadores regionales y alcaldes sino, también, de presidentes de la república, ministros y congresistas. Y nadie ha dicho hasta el momento, sin embargo, que, por el hecho de tener ladrones en el Ejecutivo y el Legislativo, habría que reformarlos, aunque mal tampoco les vendría. Sin duda, estructuras y procesos modernos y eficientes en el sector público –tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo– ayudarían mucho, además de mejorar la gestión y los resultados, a reducir el riesgo de la corrupción, pero se debe reconocer que los ladrones son mucho más audaces y veloces, al punto que el ex contralor Fuad Khoury reconoce, seguramente con tono autocrítico, que “ser corrupto es rentable en el Perú”.
