Aunque las elecciones municipales del próximo año supondrán un paréntesis, es interesante ver cómo evoluciona el escenario político hacia las elecciones generales del 2021.La reciente encuesta de Ipsos-El Comercio muestra que la aprobación del presidente Pedro Pablo Kuczynski se ha elevado en 11 puntos entre marzo y abril, de 32% a 43%, en un mes. PPK es el político que más ha capitalizado la emergencia provocada por los desastres ambientales y la aprobación de su desempeño supera a la de todos los demás personajes políticos, incluidos sus ministros, a los que saca una ventaja de más del doble. Su decisión de no pretender la reelección, sin embargo, pone este capital político fuera del escenario del 2021. Por otra parte, la anunciada desaceleración de la economía peruana va a hacer difícil que esta aprobación se sostenga en el tiempo.En el resto del escenario no hay cambios significativos. Entre marzo y abril Keiko Fujimori pasó de 39% a 41% de aprobación y descendió un punto en desaprobación, de 52% a 51%. lo cual está dentro del margen de error estadístico. Verónika Mendoza se mantiene en los mismos porcentajes del mes anterior; un 26% de aprobación y un 62% de rechazo. Completa el cuadro Kenji Fujimori, con 33% de aceptación y 58% de desaprobación. Es llamativo, pensando en el 2021, que el escenario tenga como únicos protagonistas a los líderes dinásticos del fujimorismo y a la lideresa de la izquierda. Mendoza tiene un capital político que no está siendo consolidado debido a la parálisis en que se ha sumido la izquierda, pero asusta, y explica los ataques que viene recibiendo desde la derecha. Las cosas vienen complicadas para el fujimorismo. Hasta el Apra anuncia que no va a aprobar la eliminación de la protección legal de las mujeres y las minorías sexuales que pretende la bancada naranja. Por otra parte, el intento de sacar adelante una ley para controlar los medios de comunicación ha cosechado dos serios reveses. En primer lugar, la ratificación de la posición de rebeldía de Kenji Fujimori ante una iniciativa parlamentaria que viene con el respaldo público y explícito de su hermana Keiko. Kenji ha anunciado, también públicamente, que él va a votar en contra. En segundo lugar, pesa la forma cómo han tomado cuerpo las acusaciones contra la principal promotora de la iniciativa, la congresista fujimorista Alejandra Aramayo, por chantaje, la práctica más vil en el periodismo. Ella ha sido acusada de extorsionar a funcionarios públicos y a empresarios usando el programa periodístico que tenía con su padre, Jorge Aramayo, en Puno, amenazando a sus víctimas con emprender campañas de demolición si no se allanaban a pagar lo que les exigían. Aramayo rechazó las acusaciones y proclamó ser una víctima de “sicariato periodístico”, presuntamente ejercido por quienes se oponen al proyecto de ley que presentó junto con Úrsula Letona. El problema es que esto motivó las declaraciones ante los medios de varias personas que han testimoniado que ella las ha extorsionado. El saldo de la aventura es la ratificación de la impresión de que el fujimorismo está quebrado internamente y colocado en un punto muerto: Kenji no va a romper la organización fundada por su padre, pero pretende proseguir su estrategia de desgaste, minando el liderazgo de Keiko hasta obligarla a negociar con la vieja guardia albertista. Keiko, por su parte, no puede ignorar indefinidamente el desafío de su hermano y las presiones de su padre, que están detrás. Un estudio publicado por la revista Caretas muestra que el liderazgo de Keiko se ha autonomizado del de su padre, superándolo ampliamente en respaldo entre los fujimoristas. Eso hace pensable en el escenario límite la expulsión del hermano rebelde, una opción que sintoniza con la creciente hostilidad con que los keikistas vienen respondiéndole. Es sintomática la conformidad con que ha sido recibida la decisión de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos de abrir investigación a Kenji por el caso Limasa. No hay, como en otros casos, un intento de blindaje; por el contrario, Héctor Becerril ha declarado que “si se abre una investigación preliminar es porque hay indicios, pero al final el fiscal dirá si acusa o no acusa ante el Poder judicial, y eso ya es otra etapa”. En esta otra etapa, continúa, se vería el tema del levantamiento de la inmunidad parlamentaria del acusado: “En el momento que un juez pida el levantamiento de su inmunidad, él (Kenji Fujimori) como ya lo ha manifestado, pedirá que se le levante, allí no creo que haya ningún problema”. Definitivamente el suelo no anda parejo.
